La jueza estrecha el cerco sobre el apagón informativo del Poyo
Marzo cierra con la jueza de Instrucción 3 de Catarroja apretando a la CHJ. Lo que en enero era un reconocimiento filtrado a un medio se ha convertido en un requerimiento con plazos: que la Confederación entregue «la integridad de los datos» del Poyo entre las 16:13 y las 18:42. El hilo, mientras, se ha partido en tres: los que siguen discutiendo caudales, los que discuten competencias y los que discuten si las cañas de los barrancos frenaron algo.
Qué se ha sabido
El 20 de enero, Félix Francés comparece por videoconferencia en la comisión de la dana del Ayuntamiento de València y defiende desviar caudal al nuevo cauce para proteger l'Horta Sud. Es el catedrático que firma la propuesta de encauzamiento del Poyo de 2006. El hilo se engancha al enlace de Levante con esa comparecencia.
El 29 de enero, Miguel Polo rompe su silencio: «No somos los responsables de la riada». Ese día se conoce que la CHJ pasó
150 minutos sin avisar del caudal del Poyo. La jueza lo constata por escrito: la Confederación dejó a la Generalitat «sin mensajes sobre la rambla del Poyo» entre esos dos correos.
El 19 de marzo se filtra el audio de AEMET al 112 de las 12:05: «No vamos a marearos con más avisos». El jefe de Climatología pide «
confinamientos masivos» en el CECOPI a las 19:41.
La Generalitat difunde la captura de la cámara de seguridad con Mazón entrando al CECOPI a las
20:28. Y el ex número 2 de Emergencias reconoce a la jueza que el 112 no envió comunicación alguna al CECOPI. La jueza da
cinco días para saber quién decidió lanzar el ES Alert a las
20:11. La CHJ reconoce
43 minutos de retraso en su SAIH y admite que el sistema «puede resultar muy vulnerable». Se enlaza también el artículo de Las Provincias sobre la inacción del organismo debilitando los ataques del Gobierno a Mazón, y el de El Plural sobre la declaración de impacto de 2011.
En el capítulo económico, Hacienda remite la solicitud del Fondo de Solidaridad europeo el último día del plazo, con
4.404 millones de gastos que cumplen requisitos. La manifestación del 1 de febrero contra Mazón deja
16.500 asistentes frente a los
130.000 de la primera. Se cuelga el enlace de Las Provincias sobre la falta de mano de obra que la dana dispara.
El Consell aprueba modificar la Ley de la Huerta para desbloquear Poyo y La Saleta. La CHJ anuncia
20 millones para taludes del Poyo en Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, dentro de 40 millones en tres obras de emergencia.
Dónde está la bronca
El 112 se convierte en el nuevo campo de batalla. Un sector subraya que
32,7 de cada 100 llamadas de emergencia llegaron en horas críticas, con desbordamientos en Chiva a las 17:30. Y que el responsable del servicio fue nombrado por el Consell anterior. La otra parte responde con el apagón de la CHJ: la información de caudales no se transmitió. NickAnalizable sostiene que el 112 «no iba» y hay videos de vecinos con doce llamadas registradas.
El frente de las presas no muere. Gatoo_ resume: «A día de hoy ya sabemos que la CHJ no abrió ningún embalse, porque Forata ya estaba abierto y así se quedó cuando el embalse se llenó, y Buseo no tiene compuertas». Y sigue habiendo mensajes que insisten en que el agua se soltó a propósito, sin prueba ninguna. El propio Gatoo_ va y viene con quien defiende el bulo y con quien lo discute.
El tercer fuego es el de las cañas. Un participante sostiene que los tapones de vegetación en puentes y arquetas multiplicaron los daños. Se le responde que «corría el agua por mitad de la huerta» y que nada frenó ese caudal. El intercambio dura tres páginas y no se cierra.
Qué cambia respecto a antes
Se da por superado que el 112 dependiera del Estado. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, admite ser «codirectora» del CECOPI y responsable de coordinar la información de las agencias estatales. La jueza tira de ese hilo.
Entra con fuerza el debate competencial. Unos sostienen que la Generalitat tenía información suficiente a las 18:43 para lanzar la alerta. Otros responden que la CHJ «es una fuente de información» y que el problema viene de años atrás, de sensores y obras no ejecutadas. Y aparecen las cuentas de la reconstrucción: hay quien sostiene que el Gobierno presenta indemnizaciones del consorcio como si fueran ayudas propias.
Asunto nuevo: el Digital Valley de Picassent.
77 hectáreas afectadas por la riada para data centers,
2.200 millones,
30.000 empleos. Un forero sostiene que el grupo inversor ya estaba evaluando el terreno a los tres días de la catástrofe.
Y una pregunta que queda colgada: hubo quien avisó de que esto terminaría «como lo de Spanair y lo del metro de Valencia». Por ahora, nadie la ha respondido.