Abascal acusa al congreso de “promocionar la inmi gración ilegal” por apoyar la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes

Congreso y Vox chocan por regularizar a cientos de miles de migrantes​

Un pleno, una votación y una acusación que vale por un programa entero. El Congreso respaldó la iniciativa legislativa popular que abre la vía a regularizar a cientos de miles de migrantes y Santiago Abascal respondió acusando a la Cámara de «promocionar la inmigración ilegal». Desde la Junta de Castilla y León, el vicepresidente Juan García-Gallardo fue más lejos: quiere saber si el Gobierno contribuye «a través de subvenciones públicas a facilitar el tráfico ilegal de personas». La regularización dejó de ser un asunto humanitario hace tiempo. Ahora es una trinchera, y cada bando elige su munición.

Del aval del Congreso a la acusación de promocionar la inmigración ilegal​

La Conferencia Episcopal pidió a PSOE y PP que impulsen una regularización general para medio millón de personas «excluidas» que, sostienen, viven en una tierra de nadie. Desde el otro flanco, la ministra Rego defendió que regularizar a 500.000 migrantes «es una cuestión de justicia y es perfectamente viable». En medio, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusó al Gobierno de promover la inmigración irregular descontrolada «para fabricar problemas». Caridad, derecho o cálculo electoral: cada cual escoge su motivo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachó de «bulo» que la inmigración desestabilice al país. El detalle incómodo es que su propio Gobierno sostiene lo contrario en informes de Seguridad Nacional, dos de ellos documentos recientes de Presidencia. Uno tacha de bulo lo que otros firman.

¿Cuánto dinero público llega a las ONG que gestionan la acogida?​

La pelea por las cifras tiene capítulo propio, y es económico. Una publicación en redes sostiene que una de las entidades que trabajan con solicitantes de asilo ingresó más de 108 millones de dinero público en 2022, entre el Ministerio de Inclusión y varias consejerías de igualdad. En paralelo, se atribuye al Gobierno haber premiado con más de 60 millones a la ONG que dirige el padre de su gurú económico. Son datos que circulan en los mismos círculos que reclaman auditorías.

Y ahí salta el cortocircuito político: el PP votó en el Parlamento Europeo en contra de la iniciativa de Patriotas para auditar a las ONG subvencionadas, sumándose a la izquierda. Para quien esperaba una pinza contra el gasto, el resultado es un empate raro.

Tres informes de Seguridad Nacional y el aviso de Von der Leyen​

Donde el discurso oficial habla de bulo, los papeles hablan de riesgo. Tres informes de Seguridad Nacional alertan del posible uso hostil de la migración irregular contra España; la nueva Estrategia de Seguridad Marítima señala el riesgo de que «actores estatales» aprovechen «olas incontroladas» para desestabilizar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió por escrito que la regularización masiva de inmigrantes ilegales «compromete la seguridad europea».

El capítulo del terrorismo añade tensión. Interior vigila a 178 supuestos terroristas de Daesh y Al Qaeda, 65 de ellos con regreso a España ya registrado, según las informaciones manejadas. Un veterano analista policial lo resume con una frase incómoda: los terroristas del futuro ya viven entre nosotros. Con ese material sobre la mesa, regularizar deja de ser solo papeleo.

El dumping salarial: el argumento que casi nadie pone en la tribuna​

Aquí está la paradoja económica del asunto. El argumento potencialmente más incómodo para el relato oficial —que la inmigración irregular presiona a la baja los salarios de los trabajadores menos cualificados— apenas asoma en el debate público. Hay quien sostiene que ese dumping salarial es el mejor arma contra la regularización descontrolada y que deja sin respuesta al discurso oficial; en contra pesa el hecho de que la formación de Abascal ya lo ha empleado varias veces, aunque los grandes medios no lo amplifiquen.

El detalle que se obvia con frecuencia, según esa misma línea argumental: quien trabaja sin papeles tampoco cotiza, lo que engorda bolsas de economía sumergida y desincentiva la contratación regular. Si alguien cree que esto es solo generosidad, haría bien en mirar la nómina del vecino.

Alemania aprieta con las deportaciones y España mira hacia otro lado​

El canciller alemán Olaf Scholz lo dijo sin matices: «Tenemos que deportar a gran escala». Berlín quiere acelerar la expulsión de delincuentes extranjeros y, para hacer el país menos atractivo, ha suprimido las ayudas en metálico a los solicitantes de asilo y les impone una tarjeta de débito. El mensaje es nítido: sin dinero en efectivo, menos efecto llamada.

El contraste llama la atención. Mientras Alemania endurece, España tramita regularizaciones y discute si conviene. Puede que ambas estrategias convivan en la misma Unión Europea sin romperla. También puede que una de las dos esté cargando con el coste político de la otra.

Queda el dato que descoloca a quien todavía cree que esto va de solidaridad abstracta. España recibió en 2023 más inmigrantes que Francia, Italia, Países Bajos y Dinamarca juntos, y las previsiones apuntan a superar de nuevo los 1,1 millones de llegadas brutas. Canarias lo dijo sin rodeos: no se puede ser solidario con la ilegalidad. Con esas cifras, el titular de Abascal deja de sonar a exabrupto y empieza a parecer una descripción. Cabrá discutir si acertada.