Aprobada en Bruselas la ley para "restaurar la naturaleza"

Bruselas salva su ley de restaurar la naturaleza por 54 votos​

¿Qué significa que una ley para «restaurar la naturaleza» se apruebe por un margen de 54 votos mientras media docena de grupos se descuelgan? El Parlamento Europeo dio luz verde a la norma con el respaldo de los grupos mayoritarios y una parte del PPE, y el resultado ha abierto una grieta visible en la derecha europea. La cuenta es sencilla: si los que se abstuvieron y los que no votaron hubieran ido en contra, el texto habría caído. Ese es el dato que ha encendido el debate.

Qué dice la ley y por qué se aprueba ahora​

El texto, impulsado por el eurodiputado socialista César Luena, obliga a restaurar a su estado inicial todos los ecosistemas degradados de Europa de aquí a 2050. La letra pequeña es la que asusta a parte del sector primario: en la práctica, dicen los críticos, eso implica el fin de los monocultivos —ni patata, ni pino, ni praderas— y, por extensión, de buena parte de la ganadería y la agricultura tal y como se conocen. También alcanza a los ecosistemas marinos: adiós a la pesca de bajura, y ya veremos la de altura, cuando hay que certificar el estado de fondos a 3.000 metros de profundidad.

El argumento oficial es que se restaura lo degradado. El argumento de quien vive del campo es que se legisla desde un despacho capitalino sin haber pisado el terreno. Y en medio, una pregunta incómoda: ¿quién define qué es un ecosistema degradado y quién paga la factura de devolverlo a su supuesto estado original?

El PP se parte y Vox no llega​

La votación dejó un mapa incómodo. En el PPE, 25 eurodiputados votaron a favor, 27 no votaron y 10 se abstuvieron. Vox, que votó en contra, se quedó a 54 votos de tumbar el texto. La conclusión que circula es amarga: «con lo fácil que lo teníamos». La lectura política es inmediata: si los que se ausentaron y los que se abstuvieron hubieran votado en contra, la ley no habría salido adelante.

El PP queda señalado como el socio europeo que facilita la mayoría. La acusación de «traidor» y «globalista» circula por los mentideros, pero el hecho verificable es más prosaico: la disciplina de voto del PPE no se impuso y el grupo se fracturó. Eso, en Bruselas, se llama mayoría construida con alfileres.

El agua, las presas y el negocio que viene detrás​

El punto que más ampollas levanta es el de las presas. La ley apunta a liberar los cauces, y ahí choca de frente con la realidad hídrica de España. Hay presas construidas por los romanos hace 2.000 años porque ya entonces se sabía que esta parte de Europa tiene un problema estructural de agua. Derribarlas, sostiene la crítica, es condenar al país a la desertificación.

La comparación que se cita es la de Sri Lanka, donde hace siglos un rey mandó construir cientos de pantanos artificiales para combatir la desertificación y hoy es uno de los países más verdes del mundo. La moraleja es simple: retener agua no es estancarla, es sobrevivir. Y sobre el negocio: si se destruyen presas y pantanos, alguien venderá agua embotellada. La pregunta es quién.

Lo que se juega el campo y lo que viene después​

El sector primario —agricultores, ganaderos, cazadores, camioneros— tiene ahora una papeleta: decidir a quién vota sabiendo que las votaciones son públicas y que se puede ver quién votó qué. El mensaje que se lanza es que aprieten y respondan al desafío, con la advertencia de que no sirve de nada protestar y luego votar a los mismos.

Queda la duda de fondo: ¿es esta ley un brindis al sol sin consecuencias prácticas, como sostienen algunos, o el primer clavo del ataúd del medio rural europeo? La respuesta no está en el texto, está en los reglamentos de aplicación que vendrán después. Y ahí, nadie ha votado todavía.

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Con estos mimbres, el campo europeo ya sabe lo que le espera. Lo que no sabe es a quién culpar cuando llegue la factura.