Correos convierte a 7.757 temporales en fijos y el coste público vuelve al centro
La empresa pública Correos ha comunicado la incorporación de
7.757 personas con puesto de trabajo fijo, según el mensaje difundido por la propia compañía en redes sociales. Las funciones: reparto, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas, con plazas repartidas por todas las provincias del territorio nacional. La noticia, que en cualquier otro país sería una nota de recursos humanos, aquí ha encendido la mecha de siempre: quién paga eso y para qué sirve.
El anuncio llega con una cifra redonda y un adjetivo que no admite discusión: fijo. No interino, no temporal, no refuerzo de campaña.
Fijo. Y ahí empieza el problema para una parte del personal, que no discute el empleo sino el marco en el que se produce.
Qué ha anunciado exactamente Correos
El mensaje de la compañía es escueto y no admite muchas lecturas:
7.757 incorporaciones con contrato fijo para funciones de reparto, logística y atención al cliente, con presencia en todas las provincias. No se detalla en el anuncio el coste, la categoría profesional ni el proceso de selección, pero sí la naturaleza del vínculo: fijo.
Una parte de la conversación sostiene que se trata de una
consolidación de puestos más que de empleo nuevo: personas que ya trabajaban como interinas durante años y que ahora pasan a indefinidas. Es una interpretación plausible y repetida, aunque el anuncio no la confirma ni la desmiente. La otra lectura, la que domina el tono general, es que se trata de un aumento de plantilla en una empresa que pierde dinero.
El argumento del déficit: una empresa que pierde dinero
El núcleo del enfado no es que haya gente trabajando. Es que
Correos arrastra pérdidas que paga el contribuyente, según se repite en el análisis más duro, y que en plena era digital, con notificaciones electrónicas obligatorias para empresas y trámites online, la plantilla crece en lugar de ajustarse. La pregunta que se lanza es incómoda: ¿para qué tantas manos si cada vez se mueve menos papel?
La respuesta que da otra parte del análisis es que el papel ya no es el negocio. Correos reparte
paquetería, gestiona certificados, burofax, comunicaciones con Hacienda, juzgados y administraciones, y sostiene la obligación de servicio universal: llegar a cualquier punto, incluso a pérdida. Ese es el argumento que sostiene la estructura: sin ese servicio, el paquete que llega a un municipio pequeño lo haría a un precio que nadie querría pagar.
El servicio universal y el último kilómetro
Aquí está el punto que más se repite y que menos se discute:
el reparto en zonas rurales o dispersas no es rentable para nadie. Las empresas privadas de paquetería no cubren esos puntos, o los cubren a un coste que el cliente no asumiría. Correos sí, por obligación legal. Es el argumento clásico del servicio postal como infraestructura, no como negocio.
La contra réplica es igual de directa: que eso justifica cuatro rutas perdidas, no miles de plazas. Y que el servicio universal no explica por qué la empresa vende lotería y merchandising mientras acumula déficit. El cálculo completo, con las partidas de gasto e ingresos desglosadas, es donde el debate se vuelve más técnico y menos ideológico.
Funcionarios, fijos y la confusión de etiquetas
Una precisión que se repite con insistencia:
no son funcionarios. Son personal fijo de una empresa pública, no empleados públicos con plaza en oposición. La distinción importa porque cambia el régimen jurídico, el coste y la rigidez de la plantilla. En el lenguaje corriente se mezcla todo, y esa mezcla es la que permite usar descalificaciones sin especificar de qué se está hablando.
El sueldo que se maneja en la conversación ronda los
1.200-1.300 euros netos, una cifra que en capitales de provincia, islas o costa no cubre ni una habitación. Ese dato descoloca el relato de la bicoca: si el
empleo público fijo es la envidia, conviene saber cuánto se cobra por él.
El contexto: paro, temporalidad y elecciones
Hay una lectura política que sobrevuela todo: que estas incorporaciones sirven para
maquillar las cifras de paro y para consolidar a trabajadores que llevaban años encadenando contratos temporales. También se apunta al ciclo electoral: cuando gobernaban otros, se criticaba la falta de personal; ahora que se contrata, se critica el gasto. La coherencia, en fin, no es el fuerte de nadie.
El trasfondo real es el mercado laboral español:
temporalidad alta, sueldos bajos y una empresa privada que expulsa a la gente por salarios y condiciones. Si miles de personas celebran un contrato fijo en Correos, es porque la alternativa que conocen no es mejor.
Con estos mimbres, lo previsible es que el debate se reabra cada vez que Correos anuncie una cifra redonda. La predicción, con reservas: mientras el mercado privado no ofrezca algo mejor, la plaza fija seguirá siendo el premio, y el déficit, la factura que nadie quiere firmar.