Urgente: sánchez anuncia una empresa pública de vivienda

Empresa pública de vivienda: ya hay 150 y mueven el 1%​

¿Qué aporta una empresa pública de vivienda nueva cuando ya funcionan 150 y, entre todas, apenas gestionan el 1% del parque? La pregunta se contesta sola con los datos encima de la mesa. Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una empresa pública para la construcción de viviendas, según el despacho de EFE. El anuncio, presentado en el hilo como «gran empresa pública de vivienda», no incluyó, al menos en lo difundido en el debate, fecha de constitución, partida presupuestaria ni un número concreto de promociones comprometidas.

Qué ha anunciado exactamente el Gobierno​

El contenido disponible se reduce a una idea: una sociedad pública dedicada a levantar vivienda. En el material recogido no aparece ningún documento con plazos ni memoria económica. La ministra del ramo compareció en RTVE y, según un comentario del hilo, no logró salir del guion: sin inversión, sin número de promociones y sin explicar de dónde saldrá el suelo, sostiene ese mismo comentario. El marco tampoco ayuda, porque el mensaje se lanzó en plena cita interna del partido, donde un titular de este calibre compite con la intrahistoria. Queda la sensación de un anuncio sin ingeniería detrás, más cartel que proyecto.

¿Cuántas de las viviendas prometidas se han construido?​

Ninguna, sostiene la acusación más repetida. En el debate se recuerda que el Ejecutivo habló de 160.000 viviendas públicas para este mandato. Después se sumó el anuncio de 184.000 viviendas sociales, formulado más de un año antes de presentarse la nueva sociedad. Son 344.000 promesas acumuladas y, según ese recuento crítico, ni una promoción terminada. A la fecha de esta discusión no consta un balance público que desmienta la cuenta.

Y no es un detalle menor: si el problema fuera solo de titulares, cualquier anuncio valdría. El asunto es que la credibilidad de este tipo de medidas se mide en llaves entregadas, no en notas de prensa.

Los 150 entes públicos que ya existen y su 1% del parque​

Aquí llega el dato que descoloca. España cuenta ya con 150 empresas públicas de vivienda: 17 autonómicas y el resto de ámbito local. Entre todas gestionan unas 300.000 viviendas, es decir, en torno al 1% del parque total. La cifra procede de una información de Público recogida en la discusión, y explica por qué media España recibió el anuncio con un bostezo.

Añadir una sociedad estatal más a esa lista no crea vivienda por sí solo. Crea estructura. Y la estructura, cuando ya hay 150 organismos trabajando en lo mismo, tiene un coste de coordinación que nadie ha detallado todavía.

Las autonomías tienen la última palabra​

Como apunta un comentario del hilo, existe un límite competencial que el anuncio no resuelve: si el Estado quisiera construir y alquilar de verdad, tendría que pedírselo a las comunidades autónomas, titulares de urbanismo y de buena parte del suelo público. Diecisiete normativas, diecisiete ritmos y diecisiete criterios de cesión de terrenos.

De ahí sale la crítica más incómoda: la fórmula de colaboración público-privada ya se probó en infraestructuras, con el ejemplo de las radiales de Madrid, apuntan desde el hilo. Repetir el modelo en ladrillo invita a pensar en sobrecostes antes que en inquilinos.

El temor al chiringuito: sueldos antes que viviendas​

El cálculo que circula en la discusión atribuye a la nueva sociedad un presupuesto de 500 millones de euros, de los cuales unos 480 se irían en personal y gastos de estructura, dejando calderilla para edificar y comprar suelo. No es un número oficial, pero resume el miedo: que el organismo sirva para colocar cargos y engordar gasto corriente.

Se especula incluso con plantillas de decenas de directores generales, subdirectores y jefes de gabinete produciendo un puñado de pisos en cinco años. La duda razonable no es si habrá oficina, sino cuántas viviendas saldrán de ella.

De Franco a la huelga de alquileres: la comparación incómoda​

El nombre del abuelo ha vuelto al asunto. Varios comentarios recuerdan que el Instituto Nacional de la Vivienda franquista ya repartía casas entre trabajadores, y que en aquella etapa existió un Ministerio de la Vivienda. La ironía que señalan quienes sacan la comparación es evidente: quien denuncia el franquismo como insulto diario plantea ahora una réplica estatal del modelo, sostienen.

En paralelo, algunos comentarios sitúan la medida como respuesta preventiva a una huelga de alquileres que se cuece entre inquilinos con poco que perder. Y sobre el mercado, la previsión que más se repite en el hilo apunta en la dirección contraria a la que promete el Ejecutivo: compra pública de suelo y de vivienda tensando todavía más unos precios que ya están en máximos.

Con este material, la promesa de construir parece lo más parecido a un anuncio de obra sin presupuesto, sin terreno y sin fecha de inicio. Solo falta el cartel de próximamente.