39 detenidos por saqueos: la DANA y el relato migrante

39 detenidos por saqueos frente a los vecinos que sí arrimaron el hombro​

La riada que anegó decenas de municipios de la provincia de Valencia dejó, según la cifra que se manejaba en el hilo, en torno a 72 muertos y una estampa repetida en cientos de vídeos: calles cubiertas de lodo y vecinos retirando agua con lo que tenían a mano. Sobre ese fondo se montó una disputa áspera. Una parte del vecindario sostiene que no vio a población migrante arrimando el hombro en las tareas de limpieza; otra recuerda a un taxista que trasladó gratis a una mujer en pleno diluvio y a quienes repartieron comida sin cobrar. La pregunta de fondo —quién ayudó y quién no— no tiene recuento. Tiene anécdotas, publicaciones en redes y mucha bronca.

¿Qué se sabe de los saqueos tras la DANA?​

Hubo saqueos y hubo detenidos: 39 arrestos por expoliar comercios en las zonas anegadas, según el recuento que se manejaba en esas horas. El dato funciona como munición en las dos direcciones. Para unos confirma que una minoría aprovechó el caos; para otros es, precisamente, la prueba de que se trata de episodios aislados y no de una conducta de grupo.

Lo llamativo es el uso del número. Cualquier catástrofe —una riada, un apagón, un incendio— produce su cola de delitos oportunistas, casi siempre cometidos por gente que vive a pocos kilómetros del lugar. Convertir esa cola en una característica de origen exige un salto lógico que el propio dato no sostiene.

El taxista que llevó gratis a una vecina y el agua a 6 y 7 euros​

Los relatos de ayuda también existen. Una vecina atrapada por la crecida contó que un taxista, de origen marroquí, se acercó, la llevó sin cobrar y le soltó una frase que resume el resto del asunto: que no todos son iguales. Corrieron igualmente casos de conductores que hicieron trayectos gratuitos por las zonas afectadas.

En el lado opuesto circulaban publicaciones en redes sobre vendedores que ofrecían botellas de agua a 6 y 7 euros en las áreas más golpeadas. La reventa de lo básico en mitad de una emergencia ofende a cualquiera, y por eso el dato voló. Otra cosa es a quién se le cuelga la etiqueta. Un vendedor concreto no representa a un colectivo entero, igual que un saqueador concreto no representa al barrio del que salió.

Hay un tercer tipo de mensaje, el del desaparecido cuyo teléfono sigue moviéndose sin que nadie responda. La sospecha —sugerida, nunca confirmada— es que alguien se lo llevó. Cuando eso se mezcla con lo anterior, el relato ya no necesita pruebas: se alimenta de indignación.

La pelea política: la unidad de emergencias y a quién se culpa​

Debajo de todo late una discusión vieja sobre gestión. Una corriente sostiene que el dispositivo autonómico de emergencias se había desmantelado antes de la riada y que ese hueco se notó; otra responde que la unidad en cuestión era un chiringuito inútil, que para eso están la Guardia Civil, la UME, los bomberos y Protección Civil, y que culpar de todo a su cierre es una consigna repetida.

Mientras esa pelea se cocía, la bronca sobre los migrantes hacía de pantalla. Es el patrón clásico: cuando la gestión es discutible, sale más barato discutir del vecino de al lado que del organigrama.

Por qué un caso suelto se convierte en categoría​

Aquí está el mecanismo interesante. Nadie ha medido cuántas personas de origen extranjero participaron en la limpieza. No hay censo, ni registro de voluntarios por nacionalidad, ni estadística de cuántos salieron con una pala el primer día. Sin ese dato, las dos tesis —«no ayuda ninguno» y «ayudaron muchísimos»— se sostienen con la misma clase de prueba: la imagen que a cada uno le conviene.

El resto lo hace la aritmética emocional. Un saqueo se graba, se comparte y se recuerda. Una tarde repartiendo bocadillos, no. Lo que no sale en el móvil no existe, y lo que existe sin grabarse no cuenta como prueba.

El trasfondo laboral: 12 horas por 1.200 euros​

Asoma además un argumento económico recurrente. Hay quien sostiene que sectores como la hostelería no llenan sus turnos porque ofrecen 12 horas al día por 1.200 euros y seis días de trabajo a la semana. La falta de candidatos para esas condiciones se usa en ambos sentidos: unos concluyen que sin trabajadores migrantes los puestos quedarían vacíos; otros replican que el problema es el salario, no la nacionalidad del que lo cobra.

Es la misma discusión de siempre con otro envoltorio. La catástrofe solo la hizo visible.

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El punto exacto donde esto se atasca es siempre el mismo. Para zanjar quién ayudó habría que haber contado, y nadie contó. Se discute con casos sueltos porque los datos que harían falta no llegaron a existir.