Mazon eliminó la unidad de emergencias de ximo puig

Mazón derogó en cuatro meses la UVE que Puig creó en febrero de 2023​

La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) fue el primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón, y el PP de la Comunitat Valenciana lo aireó en redes como el primer paso de su reestructuración del sector público empresarial. El calendario es el dato que descoloca: la unidad se creó en febrero de 2023 y su decreto se derogó por la vía de urgencia en noviembre, apenas cuatro meses después de que el Consell de PP y Vox se instalara en la Generalitat. Lo que se presentó como una réplica autonómica de la UME desapareció, según quienes defienden su supresión, antes de tener sede, plantilla y mando. Tras las inundaciones que han dejado decenas de muertos, la pregunta ya no es qué hizo la UVE, sino qué se decidió no tener.

¿Qué era la Unidad Valenciana de Emergencias?​

Era un cuerpo pensado para intervenir con rapidez en cualquier punto del territorio ante emergencias de origen meteorológico o sísmico, incendios forestales y maremotos. En el diseño inicial del Botànic colgaba de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y su creación se aprobó en febrero de 2023, con la firma del Consell de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.

La comparación con la UME fue inevitable desde el minuto uno, y también el origen de la hostilidad que arrastró. Quienes defendieron su supresión sostienen que nunca llegó a operar, que no incorporaba personal sobre el terreno y que su utilidad era más simbólica que material. Quienes la reivindican ahora responden con otro argumento igual de simple: alguien decidió, en plena reorganización, que ese símbolo sobraba.

De febrero a noviembre de 2023: la derogación exprés​

La supresión se anunció en noviembre de 2023, y el PP la vendió con cifra y titular: «el primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón», enmarcado en una operación más amplia de adelgazamiento del sector público. La entonces consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, despachó el proyecto con una palabra, ocurrencia, y añadió que la gestión de emergencias no se arreglaba «creando esta Unidad, sino redefiniendo el modelo de prevención, extinción y salvamento».

La portavoz del Consell, Ruth Merino, lo justificó en clave de eficiencia: «optimizar todos los organismos y entes del sector público para que la gestión sea eficiente». Mazón fue más allá y habló de chiringuito que enfrentaba a cuerpos de bomberos entre sí. El ejecutivo autonómico llegó a emitir un comunicado defendiendo el cierre porque, según su versión, la unidad «solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre».

El detalle administrativo que casi nadie cita: la derogación se hizo por la vía de urgencia. Un organismo que existía sobre el papel desde febrero se liquidó sin pasar por el trámite ordinario. Ese atajo es, para los críticos, la prueba de que la decisión era política y estaba tomada de antemano.

La tesis del brindis al sol: una estructura sin medios propios​

La defensa más sólida de la supresión no viene del Consell, sino de quienes siguieron el expediente por dentro. Su relato es coherente: era una estructura vacía que no añadía seguridad, un ente que no aportaba medios reales sobre el terreno y que obligaba a abrir sede, nombrar director, subdirector y administrativos antes de mover un solo camión.

En esa lectura, la mejor coordinación se podía lograr reorganizando lo existente en lugar de sumar una capa nueva a un mapa ya de por sí denso. Y rematan con el argumento de la duplicidad: si la UME ya existe y el Estado tiene sus propios mecanismos, una unidad autonómica equivalente nacía condenada a ser un ente de coordinación sin mando sobre nada.

La objeción a ese razonamiento es tan obvia que duele: la discusión llegó justo cuando tocaba usarla. Y ahí el papel no aguanta una comparación seria con lo ocurrido.

¿Quién debía activar la alerta por inundaciones?​

Según las informaciones que se han citado en el debate, la competencia para lanzar la alerta recaía en la Generalitat, no en el Gobierno central. Es el punto que ha convertido la polémica de la UVE en un asunto secundario dentro de otro mucho mayor.

Circulan además dos afirmaciones que conviene separar de los hechos probados. La primera, que la petición de intervención de la UME no la cursó el president autonómico sino Protección Civil de Valencia. La segunda, que no se decretó ningún nivel de alerta mientras el agua ya bajaba por las ramblas. Ambas se han repetido hasta la saciedad y ninguna se ha acreditado aquí con documentación.

Lo que sí es un hecho es el uso político del hueco: cuando el organismo desaparece, nadie puede señalar exactamente qué habría hecho. Es la coartada perfecta para todas las partes.

Las siglas como campo de batalla​

Buena parte de la discusión no va de emergencias, sino de relato. Unos hablan de bulos sincronizados para tapar la gestión; otros, de una operación de desgaste contra el Consell. Se acusa a los medios de cambiar titulares entre comillas y de resucitar un ente que nunca existió como si fuera una capacidad perdida.

En medio de ese fuego cruzado quedan las preguntas útiles: qué habría aportado realmente la UVE, cuánto costaba mantenerla y por qué la alternativa elegida no se concretó en nada. Ninguna de las dos trincheras tiene interés en responderlas.

El cierre que nadie firmó​

Si la UVE vuelve al debate público, lo hará como símbolo y no como unidad: un nombre útil para culpar al contrario y un expediente que probablemente acabe archivado entre siglas. La discusión de fondo —quién tenía que haber dado la alerta, cuándo y con qué protocolo— seguirá abierta mientras no haya una reconstrucción minuto a minuto de aquella tarde. Con lo que hay sobre la mesa, es razonable pensar que nadie la hará por voluntad propia.