Resumen del debate: Natalia, de 24 años, vive de alquiler con su progenitora en un piso en Moratalaz de renta antigua

Renta antigua: 100 euros al mes en Moratalaz contra 2.000 de mercado​

España no arrastra un problema de renta antigua: arrastra dos, y se estorban entre sí. Por un lado, contratos firmados hace cuatro décadas que fijan alquileres de 100 euros al mes en pisos que hoy se anunciarían por veinte veces esa cifra. Por otro, una mayoría de inquilinos que paga precios de mercado, con 2.000 euros al mes en las grandes ciudades, y no ve salida. En medio, el caso de Natalia, de 24 años, que vive con su madre en un piso de renta antigua en Moratalaz y que el sábado pasado acabó acampada en la Puerta del Sol después de la protesta del Sindicato de Inquilinas.

La escena desató una propuesta y una pelea. La propuesta: subrogación hasta los nietos, esto es, que el contrato se herede de generación en generación mediante real decreto. La pelea: la de siempre, la de quién paga y quién cobra. Y de fondo, una acusación recurrente que no se sostiene sola: que el gobierno más progresista de la historia lleva ocho años sin tocar el mercado del alquiler.

Qué es una renta antigua y por qué sigue viva en Moratalaz​

Los contratos de renta antigua son los firmados al amparo de la vieja Ley de Arrendamientos Urbanos, la que permitía la prórroga forzosa y la congelación de la renta. El Decreto Boyer, de 1985, abrió la mano: los contratos nuevos quedaron libres de esas ataduras. La LAU de 1994 remató la faena y eliminó la prórroga forzosa y la congelación para todo lo posterior. El resultado es un parque residual, pequeño pero concentrado en zonas céntricas y en barrios consolidados, de inquilinos que pagan cantidades que no se revisan.

Moratalaz es un buen ejemplo. Vivir allí de renta antigua significa pagar varias cifras menos que el vecino de al lado por el mismo número de habitaciones, y no por una argucia ni por una ocupación: hay un contrato, con dos firmas y una fecha. Quien lo niega acierta en un detalle incómodo: la norma que sostiene ese privilegio nació en una España muy distinta y ha sobrevivido a todas las reformas posteriores, incluidas las de gobiernos que decían querer enterrarla.

De 100 euros al mes a 2.000: el pulso entre casero e inquilino​

Ahí arranca el conflicto. Un lado sostiene que el titular del piso no puede hacer libre uso y disposición de su bien: no puede subir la renta, no puede recuperar la vivienda y, si quiere vender, se topa con el derecho de tanteo y retracto del artículo 25 de la LAU y con el artículo 1521 del Código Civil. El otro responde que un contrato es un contrato y que ambas partes lo firmaron sabiendo lo que firmaban, por cuatro perras sobre un piso que costó tres.

Las cifras que se manejan dan la medida del desfase. Hay alquileres antiguos que rondan los 100 euros mensuales, una cantidad con la que no se cubre ni la comunidad. Hay casos citados de rentas que se pretendían revisar de 500 a 3.000 euros. Y enfrente, el mercado actual, con alquileres que superan los 2.000 euros en zonas tensionadas y un trabajador medio que no puede pagarlos ni compartiendo piso. El argumento de que el precio lo pone el mercado choca con una obviedad: los inquilinos no compiten contra los fondos, compiten entre ellos, y el arrendador sube hasta que alguien cae.

Parte del ruido que rodeó la imagen no tuvo nada que ver con el alquiler. Se discutió el aspecto y el origen de la protagonista, un terreno que no aporta ni un dato al problema.

¿Se puede heredar un contrato de renta antigua?​

Hoy no, al menos con la extensión que reclama la parte más dura del movimiento inquilinario. La subrogación existe para cónyuges e hijos en supuestos concretos, pero el contrato no se transmite como un bien más de la herencia. Extenderla a los nietos lo convertiría en una suerte de derecho perpetuo y trasladaría el coste al propietario, que vería su piso atado durante generaciones.

Ese traslado es el nudo del asunto. Si la administración quiere garantizar vivienda asequible puede hacerlo con parque propio o con dinero público. Si lo hace obligando a un particular a mantener una renta irrisoria durante medio siglo, la discusión deja de ser sobre el derecho a la vivienda y pasa a ser sobre el derecho de propiedad. Ambas cosas están en la Constitución y ninguna sale bien parada cuando se la lleva al extremo.

El frente político: desahucios, pactos y la ley que nadie deroga​

La pelea jurídica se ha vuelto pelea parlamentaria. La prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables ha dependido de votos ajenos al bloque del gobierno y su continuidad se ha ido renovando a tramos. Cuando decayó, hubo propietarios que recuperaron su piso tras procesos de más de dos años, con el desgaste económico y psicológico que eso supone. Cuando se renueva, el mensaje que recibe el arrendador es que asume el riesgo en solitario.

Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE han escenificado su unidad en convocatorias conjuntas sobre vivienda, mientras el gobierno se reserva el ritmo de la norma. La aritmética no ayuda: una reforma que afecta a millones de contratos no debería depender de un puñado de escaños que cambian de criterio según la semana. Y en medio queda la contradicción que resume todo: quitar de un plumazo la renta antigua se etiqueta de derechista; mantenerla, también.

Lo más probable es que la próxima norma llegue tarde, con agujeros y con una subrogación más corta de lo prometido. Que eso baje el precio del alquiler en Moratalaz o en cualquier otro barrio, no lo firmaría nadie.