Ya solo quedamos 5 millones de españoles (la mayoría blancos) varones entre 18 y 65 años al menos con dos generaciones nacidas en España. Somos minorí

El cálculo demográfico: 30 millones de españoles y 17,3 de extranjeros​

Una escena se repite en las conversaciones sobre demografía: el grupo de escolares de excursión en el que, se asegura, la mayoría de los niños ya no tiene padre y madre nacidos en España. La anécdota es difícil de cuantificar, pero sirve de gancho a un ejercicio más ambicioso. La tesis que circula sostiene que el país vive una sustitución demográfica y que los españoles con al menos dos generaciones en España son ya una minoría. La afirmación mezcla un dato comprobable —el peso creciente de la población de origen extranjero— con una interpretación que no se sostiene como hecho.

¿Cuántos españoles y cuántos extranjeros hay en España?​

Los números que alimentan el cálculo son gruesos y de fuentes dispares. En 1990 España tenía 38 millones de españoles y apenas 800.000 inmigrantes. La cifra de españoles se sitúa hoy en torno a los 30 millones, mientras los residentes de origen extranjero, nacionalizados incluidos, alcanzarían los 17.300.000. El total supera los 48 millones de habitantes. De esa resta sale el número que centra la polémica: ocho millones menos de españoles en tres décadas.

La aritmética tiene trampa. Una parte de esos ocho millones no emigró ni fue reemplazada: murió. España cuenta con unos 10 millones de personas por encima de los 65 años y la pirámide no se rellena por abajo. Queda por saber si el reemplazo es la causa o la consecuencia de que la población crezca mientras la natalidad se hunde.

El cálculo de los seis millones de varones​

El ejercicio más repetido desciende a terreno aún más concreto: si se resta a los mayores de 65, a los menores y a las mujeres, el varón español de entre 18 y 65 años con dos generaciones en el país quedaría reducido a un núcleo de en torno a seis millones. De los 15 millones en edad de trabajar, unos 7,5 serían varones y solo seis millones encajarían en ese perfil. Es la cifra que da título a la tesis y la que se usa para describir a ese grupo como una minoría dentro de su propio país.

El salto del dato al relato es el punto débil. Contar varones no equivale a contar población, y menos a medir poder real. La equivalencia entre número de hombres y capacidad de decisión política no se sostiene con la estadística: se sostiene con la sensación. Y de sensaciones va buena parte del asunto.

¿Por qué crece la población si la natalidad cae?​

La demografía española lleva cuatro décadas por debajo del reemplazo generacional. A principios de los ochenta la tasa de fecundidad estaba en 2,2 hijos por mujer; en 1985 bajó a 1,64; en los noventa, a 1,36, y en 2000 tocó los 1,1. Con esos números, la población habría caído sola. Según quienes defienden esta tesis, el único factor que explica que España pase de 38 a más de 48 millones de habitantes es la llegada de población extranjera.

Hay quien atribuye la pérdida de población a la España rural y al éxodo a las ciudades desde los años sesenta más que a una intención deliberada. La pérdida se concentra en provincias como Zamora, sin relevo poblacional, mientras las grandes ciudades absorben el flujo sin integrarlo del todo.

El parque de vivienda y el discurso de la herencia​

Del mismo modo que se encadenan población y salarios, el cálculo enlaza inmigración y vivienda. La idea que circula es que los millones de recién llegados presionan el precio del alquiler y de la compra, y que ese encarecimiento justificaría un futuro impuesto a las herencias o incluso una expropiación por criterios de diversidad. No hay propuesta legislativa concreta sobre la mesa; hay un pronóstico.

Lo comprobable es otra cosa: el suelo disponible no crece al ritmo de la demanda y el acceso a la vivienda se ha vuelto un asunto electoral de primer orden. Que la escasez se atribuya a la inmigración o a la política de suelo es, otra vez, cuestión de relato.

El eco político y el voto que no cambia nada​

Buena parte del malestar se dirige a la clase política. La acusación es transversal: se sostiene que los sucesivos gobiernos han permitido la llegada masiva de mano de obra para contener los salarios y sostener el sistema de pensiones, y que el votante premia una y otra vez esas políticas. El argumento del dumping salarial aparece junto al del ejército de reserva del capital, dos formas de decir lo mismo: que la oferta de trabajadores presiona a la baja el precio del trabajo.

En paralelo, una corriente más sombría dibuja un final de ciclo. El paralelismo que más se repite es el del Bajo Imperio Romano: un Estado que confía su defensa a pueblos recién llegados y que, cuando estos dejan de obedecer, sencillamente deja de existir. La analogía es sugerente y tramposa, como todas.

Con los datos sobre la mesa, la tendencia no admite muchas dudas: menos nacimientos, más entradas y un relevo generacional que ya no tiene marcha atrás. Lo que nadie termina de cuadrar es adónde fueron esos ocho millones de españoles que la resta echa en falta. La respuesta más simple —que murieron y nadie nació para reemplazarlos— es también la que menos se quiere mirar de frente.