¿Y si Sánchez ha engañado a todos?

Ya es presidente y la amnistía no llega: el cálculo de Sánchez​

¿Ha engañado Pedro Sánchez a todos los que le votaron la investidura? La sospecha no nace de un rumor de barra de bar. Nace de un hecho comprobable: Sánchez ya gobierna y la amnistía sigue siendo un proyecto de ley. Quienes firmaron el acuerdo cobraron en promesas; él, en escaños. Y si el trato se rompe, el desgaste electoral lo absorbe el socio pequeño, no el inquilino de La Moncloa.

La tesis que domina el análisis es incómoda para todos: el independentismo no habría sido engañado por un adversario, sino por alguien que le ha hecho el trabajo sucio. La amnistía legitima el relato, sí, pero deja el referéndum fuera de la ecuación. Un gobernante que aspira a controlar el territorio entero no facilita la rotura de la parte que ya controla. Poder tener el 100 y conformarse con el 70 no es un cálculo habitual en política. Ni siquiera en política catalana.

Por qué la desconfianza obligó a firmar antes de tiempo​

Hay un detalle que explica el resto: los socios exigieron el decreto de amnistía firmado antes de la investidura, no después. La lectura que circula es que la palabra del presidente vale poco y el papel firmado vale algo más. Ese gesto —blindar por escrito lo que se pacta de viva voz— dibuja la relación entre las partes: confianza cero, contratos blindados.

Conviene distinguir dos cosas que se mezclan a diario. Una es si el pacto se cumplirá. Otra, muy distinta, es si interesa cumplirlo. Y en ese segundo terreno los incentivos apuntan a lo contrario de lo prometido. Una filtración a medios afines sobre el asesoramiento jurídico prestado a la ley de amnistía se lee en clave de trampa: se deja el texto donde un tercero pueda tumbarlo, y quien lo firma se queda con la palabra dada y sin la obligación de cumplirla.

¿Qué papel juega el Tribunal Constitucional?​

El Tribunal Constitucional aparece en todas las quinielas como salida de emergencia. Si el texto cae, Sánchez puede presentarse como el presidente escrupuloso que cumplió su palabra y fue la ley, no él, quien falló. Es el escenario que más veces se repite: cumplir en el Boletín Oficial y dejar que otro desactive el compromiso.

El plan encaja con la secuencia: presidente investido, amnistía registrada, amnistía bloqueada y campaña con el relato del cumplidor traicionado por el sistema. Para el independentismo sería el peor de los mundos: nada de soberanía, nada de referéndum y una amnistía parcial que no cubre la vía penal de lo que venga después. Cumplir para no cumplir, en versión jurídica.

Los presupuestos, la próxima factura​

El calendario pone la siguiente prueba a principios del año siguiente, con la negociación de los presupuestos generales. Ahí no hay margen para la lírica: o hay cuentas nuevas o se prorrogan las anteriores. Prórroga significa gestión a la baja, menos margen político y un desgaste que se traslada al conjunto del Gobierno.

De ahí la advertencia que se repite: va a vender todo lo vendible para mantenerse. Cada socio tiene un precio, y el catalán no es el único. La pregunta no es si habrá nuevas cesiones, sino cuántas caben sin que el propio relato del Ejecutivo se caiga a pedazos.

Qué pasa con un nuevo referéndum sin amnistía que lo cubra​

El riesgo no está en lo que prometa el presidente. Está en lo que haga el independentismo por su cuenta dentro de uno o dos años. Si el movimiento vuelve a convocar una consulta al margen de la ley, como en 2017, la pregunta es quién lo para: el delito de entonces ya no será lo que era. Legitimar el pasado desactiva el argumento jurídico del futuro.

Y hay un dato que apunta a la desmovilización de la propia base. Una encuesta del CEO conocida tras la investidura dibujaba un PSC disparado, Junts en caída y el independentismo perdiendo la mayoría en el Parlament. Si el suelo electoral se agrieta, la amenaza de ruptura pierde fuelle y con ella el poder de negociación.

El argumento incómodo: el Estado sí se desprende de territorios​

A la tesis de que ningún gobernante suelta territorio se le opone un precedente incómodo. El Sáhara Occidental —rico en fosfatos y, según la posición que se sostiene en Naciones Unidas, pendiente de administración española— dejó de estar bajo soberanía efectiva hace décadas. Hubo desprendimiento, y no por amor al prójimo. El Estado no se desprende cuando quiere, sino cuando el coste de quedarse supera el coste de irse.

Pasado el tiempo, el balance provisional es el mismo para todos. El independentismo tiene menos amo, menos motivo y menos calendario. El presidente tiene los votos. Y el electorado catalán tiene una pregunta nueva que teclear cuando se convoquen las próximas elecciones. Muy bonito todo.