Uy, uy, el Felpidín se pone mu serio

La firma de la amnistía pone a prueba el papel constitucional del rey​

La investidura de Pedro Sánchez y el pacto que la sostiene —una ley de amnistía acordada con los partidos independentistas— han desplazado el foco a quien, sobre el papel, apenas decide: el rey. Si Felipe VI está obligado a sancionar y promulgar esa norma, si puede negarse o si se limita a acatar lo que salga del Congreso se ha convertido en la pregunta que ha tomado el relevo al contenido del acuerdo. El pulso ya no va de lo pactado, sino de la firma que lo cierra.

El detonante fue un gesto. Durante los actos de la investidura, la expresión adusta del monarca —leída por unos como incomodidad y por otros como simple protocolo— sirvió para montar toda una interpretación de su estado de ánimo. Sobre esa imagen se ha construido un debate donde conviven artículos de la Constitución, el presupuesto de la Casa Real y comparaciones con dos siglos de historia española.

¿Qué atribuciones tiene el rey según la Constitución?​

La Carta Magna reparte con precisión las funciones del jefe del Estado. Le corresponde la sanción y promulgación de las leyes, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la propuesta de candidato a la investidura, entre otras. Ninguna de esas tareas se define como discrecional: son actos reglados, de refrendo obligado. De ahí que buena parte del análisis insista en que el margen real del monarca es mínimo.

Frente a esa lectura, otra corriente sostiene que el rey disponía de espacio para no proponer a Sánchez como candidato. «Era libre de designar O NO a Sánchez como candidato, es jefe del Estado y mando supremo de las FFAA, nadie le podía obligar a eso», resume una de las posturas más repetidas. En contra pesa el argumento contrario, el que recuerda que esas atribuciones están tasadas y que salirse de ellas abriría una crisis institucional sin precedentes.

El juramento «por su conciencia y honor» aparece en casi todas las intervenciones del asunto. Unos lo esgrimen como prueba de que el compromiso con la Constitución debería pesar más que la firma; otros, como fórmula vacía que nadie puede exigir en términos jurídicos.

¿Puede el rey negarse a firmar la ley de amnistía?​

En la práctica, negarse a sancionar una ley aprobada en Cortes no tiene precedente en la democracia actual. Quien defiende esa vía la plantea como un acto de resistencia política más que jurídica: sostener el pulso, forzar una crisis y dejar que el sistema se pronuncie. «Está en su mano no firmar», se argumenta, con la idea de que una negativa obligaría a reabrir todo el tablero.

La objeción es doble. Primero, técnica: un acto debido ejercido contra la ley aprobada rompería la lógica de la monarquía parlamentaria. Segundo, política: el coste recaería sobre la propia institución, que aparecería como un actor partidista. Hay quien apunta a que un bloqueo así sería el mejor argumento para quienes llevan años pidiendo suprimir la Corona.

Queda además el eslabón siguiente, el Tribunal Constitucional. Parte del análisis da por hecho que avalará la norma, lo que retira el último contrapeso jurídico que algunos invocaban. Con ese frente cerrado, la discusión vuelve al mismo punto: la firma real.

Cuánto cuesta la Casa Real: 8,4 millones al año​

El otro flanco de la crítica es económico. Las cuentas públicas consignan una cantidad global al sostenimiento de la Jefatura del Estado que, en el ejercicio de referencia, asciende a 8.431.150,00 euros, según la aplicación presupuestaria correspondiente. La cifra se cita en el debate como prueba de que el desembolso no se traduce en una función equivalente.

De ahí salen comparaciones con ironía. Una idea recurrente propone reconvertir los palacios en espacio visitable: «Si quitamos la monarquía y cobramos entrada por ver La Zarzuela y demás palacios ganamos más que pagando al rey y su familia para hacer de estafermo». El cálculo no se desarrolla, pero la intención es clara: poner precio a un servicio que se considera simbólico.

De Fernando VII al 23F: las comparaciones históricas​

La historia funciona como arsenal de analogías. Las referencias a Fernando VII —el monarca que escribía cartas elogiosas a Napoleón mientras España se desangraba en la Guerra de Independencia— se usan para subrayar una supuesta continuidad dinástica en la doblez. La frase «esta es su estirpe» resume el encadenamiento que muchos trazan entre aquel rey y el actual.

Más cercana está la comparación con Juan Carlos I. «Su padre ya hizo más que él el 23F», se repite, en alusión al intento de golpe de Estado de 1981. Esa referencia sirve ahora para reprochar al hijo no haber plantado cara a lo que se describe como un desafío al orden constitucional.

El recurso a Chamberlain completa el cuadro: apaciguamiento, cesión, cobardía ante el que empuja. La comparación no es gratuita, pero tampoco rigurosa. Nadie niega que el contexto es distinto.

Una república proclamada desde la derecha​

Un giro curioso del asunto es que buena parte del impulso contra la Corona ya no llega desde la izquierda. «La república la vamos a acabar proclamando los conservadores. Mucho mejor una república centralista que una monarquía plurinacional», sostiene una de las tesis que más terreno ha ganado. La idea es que la monarquía, tal como la ha gestionado el bipartidismo, ya no sirve para contener el desafío territorial.

Ese planteamiento incomoda a la izquierda, que llevaba décadas pidiendo el referéndum sobre la forma de Estado y ahora lo ve llegar de la mano de sectores que no comparten su modelo. El resultado es un frente cruzado: unos quieren la república para recentralizar, otros para repartir soberanía, y ninguno coincide en el paraqué.

Mientras, la crítica más sorda se resume en una frase que ha circulado con insistencia: es un teatro, y quien lo protagoniza «sigue viviendo a cuerpo de rey» mientras el país debate su encaje. La acusación va dirigida menos a la persona que a la institución, pero alcanza a las dos.

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El punto donde todo se atasca es el mismo que al principio: nadie sabe con certeza qué hará el rey cuando la norma llegue a su mesa. Sancionarla parece lo previsible. Negarse sería el terremoto. Y, entre esos dos escenarios, el debate se queda, como los gestos adustos, colgado de una firma que todavía no ha llegado.