VOX se persona como acusación popular contra Begoña Gómez
¿Sirve de algo personarse como acusación popular cuando las informaciones sobre el caso llevan meses circulando? VOX ha anunciado que se persona como acusación popular para investigar a Begoña Gómez por un posible delito de tráfico de influencias, y la reacción inmediata ha sido la misma que acompaña al partido desde hace años: unos lo leen como el único movimiento útil que queda en pie, otros como una operación de escaparate con meses de retraso. El anuncio llega con el PP ausente del tablero, según la lectura más repetida:
ni está ni se le espera.
Qué implica personarse como acusación popular
La acusación popular permite a un partido sin condición de perjudicado directo ejercer la acción penal y pedir diligencias. En la práctica, eso significa solicitar la práctica de pruebas, personarse en las actuaciones y empujar el procedimiento cuando la fiscalía o el resto de acusaciones no lo hacen. Hay quien sostiene que esa vía es
bastante más efectiva que una comisión parlamentaria, donde el debate se diluye entre comparecencias y votaciones de bloque. El argumento contrario también circula: si las informaciones sobre el entorno de Begoña Gómez llevan meses publicadas, personarse ahora no añade nada nuevo al sumario, solo titulares.
El PP, señalado por su ausencia
La crítica más repetida no apunta a VOX, sino al Partido Popular. Se le reprocha no haber llamado a declarar a Begoña Gómez en el marco del caso Koldo cuando tuvo la ocasión, y se subraya que la iniciativa judicial recae siempre en el mismo partido. La comparación con el hermano de Ayuso aparece como contrapeso: si la denuncia contra Begoña Gómez es infundada, el archivo llegará solo, igual que ocurrió en el otro caso. La pregunta que sobrevuela es por qué la presunción de inocencia se invoca con tanta facilidad según de quién sea el familiar investigado.
El coste de ir a los tribunales en solitario
Hay un cálculo que no se discute: VOX dedica tiempo y recursos a llevar a los tribunales cada causa abierta contra el Gobierno y contra los partidos independentistas. Esa estrategia tiene un precio electoral. En Cataluña el partido no termina de arrancar y en las europeas se le augura un resultado flojo, con una movilización interna que no llega al cien por cien. La paradoja es evidente: cuanto más se judicializa la política, menos rédito electoral parece cosechar quien la judicializa.
La sombra del Estado de alarma y las vacunas
El historial judicial de VOX es el argumento que sus defensores esgrimen cuando se cuestiona la utilidad de la medida. El partido demandó el primer Estado de alarma y consiguió que fuera declarado inconstitucional, y fue el único que defendió que las vacunas fueran
optativas. Frente a eso, la objeción contraria sostiene que el partido no advirtió con suficiente claridad de los riesgos de la vacuna y que se movió solo cuando vio rédito político. La discusión sobre qué hizo VOX durante la pandemia sigue sin cerrarse y reaparece cada vez que el partido anuncia una acción judicial.
Al final, la causa sigue su curso y el PP sigue sin personarse. Más vale tarde que nunca, dicen unos. Otros llevan dos años diciendo exactamente lo mismo.