Sanchez se desentiende de su gestion "españa es un pais descentralizado"

Sánchez se escuda en la descentralización para no asumir la DANA​

¿Quién manda cuando el agua arrasa una provincia? La respuesta oficial es que España es un país descentralizado y que la gestión corresponde a la Generalitat. La respuesta oficiosa es que el Gobierno central tiene los medios, la potestad de elevar el nivel de emergencia y la obligación de coordinarlos. Entre ambas versiones se ha instalado una discusión que no es nueva: cada vez que hay una catástrofe, el reparto competencial se convierte en el primer refugio. El caso valenciano ha reabierto el debate sobre si el Estado de las autonomías sirve para gestionar crisis o solo para repartir culpas.

Qué pasó y por qué se discute el mando​

El punto de partida es una emergencia que desbordó los cauces y los protocolos. La Generalitat mantuvo la gestión en nivel 2 mientras el Gobierno central observaba. La pregunta que recorre los análisis es por qué no se elevó al nivel 3, que habría puesto la coordinación en manos del Ejecutivo central. Hay quien sostiene que la ley de protección civil permite ese salto y que no hacerlo fue una decisión política para no asumir el coste. Otros defienden que la competencia autonómica es clara y que el Gobierno central solo interviene si se lo piden formalmente.

El expresidente Felipe González lo resumió con una frase que se ha convertido en el eje del malestar: «El Estado español se articula en un poder central que no se centrifuga». La cita, reproducida en redes, apunta a que la descentralización no puede ser una excusa para que el poder central desaparezca cuando llega el problema. La discusión no es solo jurídica: es política y económica, porque la reconstrucción acabará pagándose entre todos.

El Estado de alarma que sí se declaró en pandemia​

La comparación más repetida es la de la pandemia. Entonces el Gobierno central declaró el Estado de alarma en todo el territorio y asumió la gestión sanitaria, saltándose la arquitectura autonómica. Ahora, con una catástrofe que afecta a una parte del territorio, se alega que la descentralización impide hacer lo mismo. La contradicción es evidente para una parte del análisis: si se pudo centralizar la respuesta sanitaria, no se entiende por qué no se centraliza la respuesta a una inundación.

Hay quien responde que la pandemia era una crisis sanitaria global y que la DANA es una emergencia localizada, y que la ley permite declarar el Estado de alarma solo en parte del territorio. El artículo 116 de la Constitución y la ley de protección civil establecen supuestos y procedimientos que no siempre coinciden con la urgencia política. La discusión, por tanto, no es solo de voluntad, sino de encaje legal.

La reconstrucción y quién paga​

El siguiente capítulo es económico. La reconstrucción de las zonas afectadas requerirá un organismo de coordinación entre administraciones, algo que no tiene precedente claro en Europa. La Generalitat pide ayuda, el Gobierno central la envía, pero la gestión sigue siendo autonómica hasta que se produzca el salto de nivel. Las ayudas económicas están pendientes de aprobación y se quieren vincular a los presupuestos generales del Estado.

La pregunta que sobrevuela es si el sistema autonómico ralentiza la respuesta. Hay quien sostiene que un gobierno central fuerte con una administración periférica profesional habría actuado antes. Otros defienden que el problema no es el modelo, sino la falta de previsión y de coordinación entre niveles. En medio, los afectados esperan que alguien asuma el mando y que las cifras de daños se conviertan en partidas presupuestarias.

El ruido político y las salidas de tono​

La discusión ha derivado en un intercambio de acusaciones que va más allá del caso concreto. Se ha cuestionado la legitimidad del Gobierno para desentenderse de una crisis que afecta a ciudadanos de una comunidad autónoma. Se ha criticado la tardanza en pedir ayuda y la falta de una autoridad única. Y se ha puesto sobre la mesa si el Estado de las autonomías, tal como está diseñado, sirve para gestionar emergencias o solo para repartir competencias.

La ironía seca la pone la realidad: mientras se discute quién manda, el agua ya se ha llevado casas, coches y vidas. El debate sobre la descentralización seguirá abierto, pero la próxima vez que llueva torrencialmente, alguien tendrá que decidir en minutos, no en semanas.