Sánchez lo ha vuelto hacer es un genio

Mazón, Sánchez y 300 muertos: el relato de la DANA cambia de dueño​

Una protesta multitudinaria contra un president autonómico terminó, en la versión que más ha circulado, reforzando al Gobierno central. Ese es el nudo. Los números de partida son toscos: alrededor de 300 muertos, según la cifra que se repite en el debate, y una cadena de avisos que llegó a destiempo. El correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar salió, según uno de los relatos que circulan, a las 18:43, con el barranco del Poyo ya desbordado. A las 18:00, sostiene otro participante, el president valenciano salía de un restaurante. Sobre ese contraste se ha montado la protesta y, también, la pelea por las culpas.

¿Quién tiene las competencias de alertas y protección civil?​

Avisos, alertas y protección civil son competencia de las comunidades autónomas. Ese es el punto que más se repite y el que sostiene que la Generalitat debía haber dado la voz de alarma sin esperar a nadie. La paradoja, señalan desde esa posición, es que durante décadas se vendió la descentralización como forma de acercar la administración al ciudadano y ganar eficacia. Ahora esa misma arquitectura reparte la responsabilidad entre varias administraciones y nadie firma el aviso.

El otro lado de la balanza no discute la competencia, discute la omisión. La AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar son organismos estatales, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica que pilotó Teresa Ribera. Interior y Transportes también tenían competencias sobre medios movilizables en una catástrofe. Si el caudal se dispara, alguien con los datos en la mano tenía que gritarlo. Y no lo hizo.

El caudal que nadie tradujo a una alerta masiva​

La rambla del Poyo movió, según este relato, un caudal equivalente a cinco veces el del río Ebro. La Confederación lo detectó, según este relato, en dos horas y media y lo resolvió con un correo electrónico remitido cuando el agua ya había entrado en las casas. Traducir ese dato a una alerta de telefonía no era tarea de un técnico de guardia a las seis y media de la tarde, pero nadie lo hizo por él. De ahí sale la acusación más incómoda: la cadena de mando funcionó como un trámite administrativo.

En paralelo circula un dato que no consta verificado en ninguna parte y que se repite como si lo estuviera: que la Confederación contrató un seguro de responsabilidad civil por negligencias un mes antes de la riada. Sin documento, eso es una sospecha. Con documento, sería otra cosa. Y en este asunto, con centenares de muertos, la diferencia entre sospecha y prueba lo es todo.

De Letur a Chiva: el mismo patrón con distinto culpable​

En Letur, en Castilla-La Mancha, murieron siete personas, según uno de los mensajes del hilo. Comunidad autónoma gobernada por el PSOE, alcalde socialista, ni sistema de alerta masiva ni protesta posterior. Ese contraste se usa como prueba de que el reproche no se reparte igual según el color del gobierno que falla. Es el argumento más repetido para explicar por qué la indignación se concentró en un solo nombre propio.

Lo que la calle gritó y lo que contaron los medios​

Las pancartas de cabecera apuntaban a las dos administraciones, según quienes estuvieron allí, y los cánticos también. Los medios, dicen, borraron el nombre del presidente del Gobierno y se quedaron con la parte más rentable del relato. Sobre esa base se han construido teorías de infiltrados y de organización desde la sombra que no cuentan con ninguna prueba: se sostienen en la sospecha, no en documentos.

Hay, además, una tesis que va más allá de las siglas y que recorre todo el asunto: que el principal problema no está en Ferraz ni en la sede del PP, sino en una parte del electorado que vota contra su propio interés. Cómoda de enunciar, imposible de demostrar. Pero explica por qué un desastre con centenares de víctimas se ha convertido en una pelea de audiencias.

Katrina, Franco y la pregunta de las infraestructuras​

El paralelismo con el huracán Katrina se ha citado: Luisiana era demócrata y el Gobierno federal tardó en mover a la Guardia Nacional. Es un espejo útil para recordar que el color político del territorio no siempre determina quién acude antes.

Y luego está la tesis incómoda: una riada no se para avisando antes, se para con infraestructuras, y de eso no se hace desde Franco. Discutible como diagnóstico, pero señala un agujero de inversión hidráulica que ningún gobierno quiere mirar de frente porque implicaría décadas de gasto.

¿Por qué no se decretó antes una alerta de emergencia nacional?​

El argumento que circula es jurídico: quien reclama hoy declaraciones de alarma inmediatas y universales fue quien llevó al Gobierno a los tribunales por decretar el estado de alarma durante la pandemia. Con ese precedente, los servicios jurídicos revisan cada fleco antes de firmar, y mientras revisan, la emergencia corre. Cínico o prudente, según se mire.

Queda el dato que descoloca: la protesta más dura contra el PP valenciano ha servido para que media España discuta si el problema real es Sánchez. Si ese relato aguanta, alguien habrá ganado sin mover un papel. ¿Quién?