Noticia: Sabadell: la alcaldesa advierte contra okupas y patrullas ciudadanas

Sabadell: la alcaldesa dice que será «igual de contundente» con radicales y okupas​

Dos noches de disturbios, un detenido, un herido por arma blanca y un agente de los Mossos lesionado. Ese es el balance que deja el conflicto por un local ocupado en Sabadell, el quinto municipio más poblado de Cataluña con 221.000 habitantes, después de que la alcaldesa Marta Farrés (PSC) haya anunciado que su ayuntamiento será «igual de contundente con los radicales que con los okupas». La frase, pronunciada en comparecencia pública, ha caído como una losa entre los vecinos que llevan semanas denunciando incidentes en el barrio de Les Termes.

La regidora socialista defendió la diligencia municipal: denuncia el sábado, orden de desalojo en tres días hábiles. «Que me digan en qué ciudad del resto de España se ha actuado así de rápido», retó. Esa madrugada, los Mossos detuvieron a los dos ocupantes del inmueble, uno de ellos conocido en la zona como El cojo por faltarle una pierna. Ambos pasaron a disposición judicial.

Qué pasó en las dos noches de disturbios​

El relato oficial sitúa el origen en un local okupado del barrio de Les Termes cuyos ocupantes, según los vecinos, protagonizaban incidentes desde hacía días. Tras la detención, se difundió por redes y aplicaciones de mensajería que esas dos personas se habían trasladado a otro inmueble okupado en Creu de Barberà. Decenas de personas se concentraron frente a ese segundo local. La policía no encontró a nadie dentro. Los Mossos sostienen que ni el detenido ni el herido por arma blanca tenían relación con los ocupantes de ese segundo inmueble, sobre el que aún no hay orden de desalojo porque el propietario debía presentar la denuncia al día siguiente.

La quema de contenedores y el lanzamiento de objetos se saldaron con un menor detenido, un herido por arma blanca hospitalizado, otro por contusiones y un agente herido. La alcaldesa atribuyó la escalada a «grupos radicales» organizados a través de redes sociales, con presencia de «gente de fuera de la ciudad».

La respuesta de los vecinos y las patrullas ciudadanas​

El ayuntamiento y la policía han advertido de que actuarán contra las patrullas vecinales organizadas para desokupar locales. Esa simetría —tratar igual al que ocupa y al que se organiza para desocupar— es la que ha encendido el debate. Una corriente de análisis sostiene que si la contundencia contra los llamados radicales es la misma que contra los okupas, entonces no se hará nada contra ninguno. Otra lectura, más dura, señala que el problema no son las patrullas sino la impunidad percibida: hay quien argumenta que las normas se saltan sin consecuencia y que eso empuja a los vecinos a organizarse.

El trasfondo político añade ruido. Farrés gobierna con mayoría absoluta desde 2023 y dio entrada a dos concejales de Junts en su equipo de gobierno cinco meses después de los comicios, en plena negociación en Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez. El próximo lunes, la militancia local de Junts está convocada a una consulta sobre su alianza con los socialistas, un proceso que decidirá en otoño si el acuerdo se mantiene.

El debate sobre a quién protege la ley​

La comparación que hace la alcaldesa entre okupas y radicales tiene un problema de fondo que el barrio conoce bien: no es lo mismo ocupar un inmueble que organizarse para desalojarlo. La primera conducta está tipificada; la segunda, según cómo se ejecute, puede ser un delito de coacciones o un simple ejercicio de presión vecinal. Tratar ambas con la misma vara equivale, según esta lectura, a decir que el problema es la reacción, no la causa.

Hay quien sostiene que el ayuntamiento actúa con diligencia récord —tres días hábiles entre denuncia y orden de desalojo— y que la escalada violenta llegó de fuera. En contra pesa el argumento de que la orden existía pero no se ejecutó a tiempo, y que la concentración del miércoles ya reunió a gente ajena al barrio. El resultado: dos noches de contenedores ardiendo y un herido por arma blanca.

Qué pasa ahora con el segundo local okupado​

El segundo inmueble, en Creu de Barberà, sigue sin orden de desalojo. El propietario debía presentar la denuncia, trámite del que depende que la maquinaria municipal se ponga en marcha. Mientras tanto, la convocatoria de Junts para el lunes mantiene en el aire la estabilidad del gobierno local. Y la pregunta que sobrevuela el barrio no es quién ocupa, sino cuánto tardará la próxima orden en ejecutarse.

La alcaldesa ha prometido contundencia «con los radicales». Si esa contundencia es la misma que se aplica a los okupas, el barrio ya sabe lo que significa: nada. El análisis se atasca exactamente ahí, en el punto donde la simetría retórica choca con la asimetría real de los hechos.