Losbar
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Permitir que los militares entrasen…
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El 23F puso en jaque la democracia con militares en el Congreso, mientras que el 30J amenazó el Estado de Derecho con la cesión de soberanía y el abandono de ciudadanos en Ceuta.
El debate sobre qué fue peor, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o los sucesos del 30 de julio de 2020 en Ceuta, nos lleva a reflexionar sobre las amenazas a la democracia y al Estado de Derecho en España. Ambos eventos, aunque distintos en su naturaleza, supusieron momentos críticos para la estabilidad del país.
El 23F se materializó con la irrupción de militares en el Congreso de los Diputados, un intento de revertir el proceso democrático iniciado con la Transición. La imagen de los guardias civiles con sus fusiles apuntando a los representantes electos quedó grabada en la memoria colectiva como un ataque directo a las libertades y a la soberanía popular. La intervención del Rey Juan Carlos I fue crucial para desactivar la amenaza y reafirmar el orden constitucional.
Por otro lado, el 30J se asocia a la crisis migratoria en Ceuta y a las decisiones políticas que, según se argumenta, facilitaron la entrada de miles de menores marroquíes. Se percibe como una debilidad del Estado ante una potencia extranjera, Marruecos, y una falta de protección hacia los ciudadanos españoles y las infraestructuras. La crítica se centra en la percepción de una cesión de soberanía y un abandono de responsabilidades por parte del gobierno.
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