¿Por que nuestra elite es funcionarial?

La élite española también oposita: el Estado como refugio​

¿Por qué en España los hijos de la clase alta acaban de abogados del Estado y no montando empresas? La pregunta recorre un viejo diagnóstico: aquí el prestigio y la seguridad no los da el mercado, los da la nómina pública. En Francia la casa de Bonaparte gestiona un fondo de inversión y los ricos occidentales se dedican al sector privado, mientras que en España la familia con apellido y palco acaba opositando. El caso más citado es el de José Luis Martínez-Almeida, abogado del Estado e hijo de una familia de clase alta con relación estrecha con la Corona; su hermana trabaja en la Unión Europea. No es una excepción.

De Pablo Isla a Macarena Olona: el patrón se repite​

Entre los directivos del Ibex hay una nutrida colonia de ex altos funcionarios. El expresidente de Inditex, Pablo Isla, fue abogado del Estado. Macarena Olona, de familia adinerada y emparentada con los Puyol, también pasó por ese cuerpo antes de saltar a la política. La tesis que sobrevuela es que el Estado no es el último recurso del que no encuentra trabajo, sino la primera opción del que ya tiene el patrimonio resuelto y busca poder, contactos y una vida sin sobresaltos.

Hay un caso que resume mejor que ningún otro la lógica. Un empresario dueño de una compañía que cotiza en el mercado continuo —aún no en el Ibex— tiene tres hijas: la mayor es funcionaria, la segunda va a aterrizar en un monopolio estatal y solo la tercera acabará en la empresa familiar. El dueño de una multinacional prefiere a sus hijas colocadas en el sector público antes que trabajando en su propio negocio. Por algo será.

Un sector privado enano que no puede competir​

El diagnóstico más repetido no culpa a la élite, culpa al tejido productivo. España es un caso de fracaso casi total de la empresa privada a la hora de ganar tamaño y de vivir sin soporte público. El resultado son compañías enanas, con productividades bajas, poco capital y retornos exigidos elevados. El capital español huye como gato del agua de cualquier cosa que huela a competencia, intensividad de capital o retornos a largo plazo. Cuando el empresario medio quiere un coche de cien mil euros y para pagarlo necesita pagar la hora efectiva a seis euros, el país entero se resiente.

De ahí que la frontera entre lo público y lo privado se difumine. Fuera del Estado solo quedan, según esta lectura, presas de las que el Estado se alimenta. Las grandes empresas que no son extranjeras viven de contratos públicos y subvenciones; el pequeño sector privado que resiste se concentra en pymes y autónomos, asfixiado por impuestos y regulación. La conclusión es incómoda: si el único negocio que funciona es el que mama de la teta pública, la élite hace lo racional y se coloca donde está el dinero seguro.

¿Por qué los españoles prefieren ser funcionarios?​

La explicación cultural tiene nombre: la teoría de las dimensiones de Hofstede sitúa a España como el segundo país del mundo con mayor aversión al riesgo, solo por detrás de Portugal. Traducido: preferimos la plaza fija al vértigo de emprender. Pero esa lectura se queda corta. En la mayoría del país, un despido después de los cuarenta es una tragedia y después de los cincuenta, una condena a vivir de una renta básica el resto de la vida. Eso no pasa en el Reino Unido, Alemania o Dinamarca. No es timidez: es que el coste de equivocarse en el sector privado español es brutal.

A eso se suma una burocracia que ahoga. España publica alrededor de 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año; entre el Estado y las autonomías se aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación en 2016. Montar una empresa aquí es un infierno fiscal y administrativo, y el que puede evitarlo, lo evita.

La función pública como pilar del Estado-nación​

La raíz es histórica. El imperio español fue un imperio de funcionarios: toda empresa necesitaba el permiso y el visado del funcionario de turno. Esa inercia nunca se rompió del todo. La industrialización llegó tarde, lenta y dirigida primero por extranjeros y luego por el Estado, y la universidad se orientó a formar funcionarios porque durante décadas en el país solo había campesinos y funcionarios.

El resultado es una función pública con una característica diferencial: su absoluta irresponsabilidad y su fortísimo esprit de corps. Es casi imposible separar del servicio a un funcionario, incluso a los delincuentes les acaban encontrando acomodo. La plaza funciona como una pensión vitalicia a cambio de un sobreesfuerzo inicial, un intercambio que no existe con esa generosidad en casi ningún otro país.

Ricos que viven de rentas y opositan para entretenerse​

La pieza que falta encaja aquí: la clase alta no necesita el sueldo público, necesita la posición. Los ricos españoles viven de las rentas del alquiler, compran más pisos y locales y se mantienen con el sueldo de seis mil euros del puesto de fiscal o de juez. El trabajo de abogado del Estado es una forma de estar entretenido, socializar con los de su misma clase y casarse entre ellos. Nada de perder el tiempo con becas, prácticas y másters inventados para tener enganchada a la chusma: oposición larga desde jovencito, con las espaldas cubiertas, y tiempo libre para gestionar el patrimonio familiar.

La nobleza, además, pasó apuros. Durante los setenta, ochenta y noventa muchos títulos vivían con inquilinos de renta antigua pagando siete mil pesetas al mes en Serrano, y restaurantes que cubrían la renta con un día de facturación. La burbuja inmobiliaria les revivió: buena parte del suelo periurbano urbanizado era suyo. Para esa gente, meter a los hijos en una oposición era asegurarles un ingreso digno mientras se resolvía la herencia.

El resultado: una élite que no crea empresas​

La consecuencia es un país donde el prestigio no lo da crear, sino colocarse. Si el trabajo no se valora, se desprestigia el trabajo, y las rentas del capital tributan menos que las del trabajo. El mensaje es claro: rinde más el trapicheo financiero que la iniciativa empresarial. Y mientras, el funcionario medio gana cada vez más respecto al trabajador privado, porque los recortes salariales siempre han ido del lado del estatuto de los trabajadores y nunca del estatuto de función pública.

Con estos mimbres, la élite española no es funcionarial por vocación, sino por cálculo. El que puede elegir entre montar una empresa que agoniza o sentarse en una plaza inamovible, elige la plaza. Y el que no lo entiende, que se lo pregunte a las tres hijas del dueño de la cotizada.