Multiculturalidad: dominicano de 60 años mata a su expareja, paraguaya de 29 años, en madrid

Un hombre de 60 años mata a puñaladas a su expareja de 29 en Carabanchel​

La orden de alejamiento existía. No sirvió de nada. Un hombre de nacionalidad dominicana, Augusto M. A., de 60 años, mató de varias puñaladas a su expareja, una mujer paraguaya de 29, sobre las 02.30 de la madrugada en la Travesía de Santoña, número 1, en el distrito madrileño de Carabanchel. Los primeros datos apuntan a que fue ella quien se presentó en el domicilio de él, quebrantando así la propia orden de protección que pesaba sobre el hombre. El autor ha sido detenido.

El suceso, por tanto, no encaja en el molde que suele activarse de forma automática. Ni la víctima estaba en su casa, ni el agresor se desplazó hasta ella, ni consta que existiera una denuncia previa de la mujer que hubiera activado los protocolos. La orden de alejamiento la infringió, según las primeras versiones, la propia fallecida. Ese detalle, lejos de cerrar el caso, lo abre: ¿de qué sirve una orden de protección que no impide el contacto cuando el contacto lo busca la persona protegida?

Qué dice el parte policial y qué no dice​

Los hechos son escuetos y están cronometrados. Las 02.30, un portal de Carabanchel, varias puñaladas, un detenido. Lo que no hay es un relato oficial sobre el móvil, sobre la convivencia previa ni sobre cuánto tiempo llevaba vigente la orden de alejamiento. Tampoco hay confirmación de si la mujer residía en España de forma regular ni de si tenía hijos.

Esa ausencia de contexto es la que ha disparado las interpretaciones. Hay quien sostiene que estamos ante un caso de violencia de género clásico, con el agravante de que el sistema de protección falló. Y hay quien apunta, en sentido contrario, que el sistema de protección no puede proteger a quien decide voluntariamente acudir al domicilio de la persona de la que se ha alejado judicialmente a esa persona.

Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. La primera frase del atestado no resuelve nada.

La edad como dato y como coartada​

El diferencial de edad —31 años— ha sido lo primero que ha llamado la atención. Un hombre de 60 y una mujer de 29. En el imaginario colectivo eso activa una serie de relatos: la dependencia económica, la asimetría de poder, la mujer joven que llega a España y queda atrapada en una relación con alguien que le lleva tres décadas.

Es un relato plausible. También es un relato que se está construyendo sin datos. No consta en el parte que existiera dependencia económica, ni que la mujer careciera de red de apoyo, ni que la relación hubiera sido impuesta. Lo único que consta es que ella tenía 29 años y él 60.

La tentación de convertir esa diferencia en explicación es fuerte. Y es, precisamente, lo que conviene evitar.

El origen como ruido de fondo​

El segundo dato que ha polarizado la conversación es la nacionalidad. Él, dominicano. Ella, paraguaya. En un contexto de tensión política sobre inmigración, ese detalle ha funcionado como detonante de dos discursos opuestos: el que sostiene que la nacionalidad es irrelevante y el que sostiene que es la clave de todo.

Ninguno de los dos se sostiene con lo que hay sobre la mesa. La nacionalidad no explica un homicidio. Y negar que el origen pueda influir en la dinámica de una relación —por el aislamiento, por la precariedad, por la falta de red familiar— tampoco es honesto.

Lo que sí es un hecho es que la noticia se ha contado de formas distintas según el medio. Algunos han destacado la nacionalidad española del detenido —porque consta que la tiene— y han omitido su origen. Otros han hecho lo contrario. Ese baile de etiquetas dice más del ecosistema informativo que del caso.

El problema de las órdenes de alejamiento que no alejan​

La orden de alejamiento es un papel. Un papel que, en teoría, obliga a una persona a no acercarse a otra. En la práctica, no impide que la otra se acerque a la primera. Y eso es exactamente lo que, según los primeros datos, ocurrió aquí.

El sistema de protección está diseñado para proteger a la víctima de su agresor. No está diseñado para proteger al agresor de la víctima. Cuando la víctima decide voluntariamente acudir al domicilio del agresor, el sistema no tiene respuesta. No hay policía en cada portal.

Eso no significa que la mujer sea culpable de nada. Significa que el mecanismo tiene un agujero. Un agujero que, en este caso, ha terminado con una mujer muerta y un hombre detenido.

Lo que queda por saber​

El caso está abierto. No hay juicio, no hay sentencia, no hay relato judicial de los hechos. Lo que hay es un detenido, una fallecida y una orden de alejamiento que no sirvió para evitar el desenlace.

Queda por saber si la mujer acudió al domicilio por iniciativa propia o por algún tipo de presión. Queda por saber si había denuncias previas cruzadas. Queda por saber si el sistema de protección había hecho un seguimiento del caso. Y queda por saber, sobre todo, si este es un caso excepcional o un patrón que se repite con variaciones.

Las órdenes de alejamiento se conceden a miles de personas cada año. La mayoría no terminan así. Pero algunas sí. Y cuando terminan así, la pregunta no es solo qué falló. Es si el sistema puede fallar de otra manera.