Las promesas de Sánchez se evaporan mientras la izquierda defiende el alquiler franquista (Daniel Lacalle en El Hapañol)

Las promesas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez han resultado ser en gran medida anuncios vacíos, con una ejecución mínima frente a las cifras prometidas, mientras se mantienen políticas que reducen la oferta y penalizan la inversión.

El desfase entre promesas y realidad en la política de vivienda

Llevamos años escuchando promesas millonarias sobre la creación de miles de viviendas asequibles en España, especialmente desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. La idea es que el Estado intervenga para garantizar el acceso a un hogar, pero la realidad que se dibuja tras ocho años de gobierno es un desfase considerable entre lo anunciado y lo ejecutado. Se habla de cientos de miles de viviendas públicas, pero las cifras que realmente se materializan son mucho menores. Por ejemplo, en julio de 2024, se anunció un plan de 43.000 viviendas para alquiler social y asequible, financiado con 6.000 millones de euros del ICO. Este programa se enmarcaba en una meta más ambiciosa de poner a disposición más de 180.000 viviendas. Sin embargo, el propio Ejecutivo ha reconocido que no se llegará a las 18.000 unidades. El problema no es tanto la falta de anuncios, sino la escasa ejecución. España necesita mucha más vivienda, pero la política actual parece centrarse más en los titulares que en la construcción efectiva.

A abril de 2026, el Gobierno hablaba de 120.479 viviendas "movilizadas" dentro de su objetivo de 183.000. Pero esta etiqueta esconde un problema: no significa vivienda construida, entregada y disponible para una familia. El Ejecutivo se resiste a ofrecer datos concretos sobre cuántas viviendas están realmente construidas y entregadas, lo que sugiere que la cifra es, cuanto menos, decepcionante. Si miramos un recuento más amplio, se anunciaron 276.000 viviendas protegidas y más de 400.000 viviendas totales en seis años. La realidad, sin embargo, es que desde 2021 se han entregado unas 49.000 unidades. Las familias no alquilan anuncios; necesitan casas. El Banco de España ya ha señalado que la oferta de alquiler residencial ha crecido insuficientemente para absorber una demanda sostenida, lo que se traduce en aumentos persistentes de precios.

La persistencia de las "rentas antiguas" y la intervención estatal

Hay una paradoja que la izquierda parece evitar debatir: mientras se critica el "rentismo" de un pequeño propietario que alquila una vivienda, se defiende con fervor un tipo de privilegio aún más marcado. Se trata de aquellas personas que disfrutan de un derecho a ocupar una vivienda con una renta congelada artificialmente durante décadas. Estas "rentas antiguas" son un vestigio de la regulación de alquileres del franquismo. Durante años, muchos propietarios recibieron importes desvinculados de los costes reales de mantenimiento, la inflación, los gastos de comunidad, los impuestos o el valor de mercado. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 intentó poner fin a este modelo, reconociendo que un contrato privado convertido en una obligación casi perpetua era incompatible con un mercado de alquiler funcional.

Defender sin matices la perpetuación de estas situaciones no es defender el derecho a la vivienda. Es exigir que un propietario particular, a menudo una familia o una pequeña empresa, soporte una carga social que debería ser financiada por el Estado, que ya recauda una cantidad considerable en impuestos. La solidaridad debería ser una responsabilidad pública. Si alguien necesita ayuda para no perder su vivienda, el Estado tiene herramientas: alquiler social, ayudas directas, residencias, viviendas públicas, mediación profesional o servicios sociales. Lo que no puede hacer es convertir al propietario particular en un departamento público de vivienda, sin presupuesto, sin compensación y sin límites temporales. Es especialmente llamativo que quienes denuncian cualquier "privilegio" económico defiendan al mismo tiempo que el precio de un activo privado quede congelado de forma indefinida. Eso no es justicia social, es arbitrariedad política.

El Banco de España advierte: controles de precios y escasez de oferta

La tentación política de controlar precios suele ser pura demagogia. Los gobiernos no controlan los precios, a menudo los suben. Una medida así no resuelve el problema, lo empeora. No construye vivienda adicional, no convierte suelo no urbanizable en edificable ni acelera licencias. Al contrario, elimina rápidamente la oferta. Un ejemplo claro es la controvertida ley de congelación de alquileres de Berlín, conocida como Mietendeckel, implementada en febrero de 2020. Según el instituto IFO, provocó una caída de hasta el 60% en la oferta de viviendas disponibles para arrendar en el sector regulado.

El Banco de España ha advertido de que los límites a las subidas de los alquileres elevan de forma apreciable el precio de los nuevos contratos. También ha alertado de que los controles de precios y ciertos incentivos fiscales pueden reducir la oferta en alquiler y distorsionar el mercado. Si un propietario percibe que no podrá actualizar una renta acorde con los costes, el riesgo y la inflación, tendrá más incentivos para no alquilar, vender el inmueble, destinarlo a otro uso o seleccionar de manera más restrictiva al arrendatario. El resultado no es una vivienda más barata para todos, sino un mercado con menos viviendas disponibles, mayores límites de acceso y un salto de precio más pronunciado para quienes entran por primera vez. La tragedia de esta política es que protege al inquilino ya instalado y penaliza al joven, al trabajador que cambia de ciudad, a la familia que se separa o al estudiante que busca su primer alquiler. Es una política que crea "insiders" y "outsiders", lo contrario de una política social.

La necesidad de liberalizar suelo y agilizar procedimientos

El déficit acumulado ilustra la magnitud del problema. Entre 2021 y 2025, el Banco de España estima que España acumuló un desfase cercano a 750.000 viviendas. Entre 2022 y 2024, se concedieron aproximadamente 345.000 licencias de obra frente a una formación neta de 604.000 hogares. No se puede solucionar esta brecha con una ley de topes, una campaña contra los propietarios o un nuevo organismo público. La escasez no se crea porque exista inversión; se crea cuando la oferta no puede responder a la demanda. España necesita vivienda en las grandes áreas urbanas, en los municipios donde se concentra el empleo, en las zonas universitarias y en áreas conectadas por infraestructuras.

La OCDE ha pedido expresamente a España que acelere y digitalice los procedimientos urbanísticos, libere suelo edificable en las zonas de mayor demanda y refuerce la seguridad jurídica para atraer inversión. También advierte de que el alquiler social en España representa solo el 3% del parque, por debajo de las referencias europeas, y calcula que el país necesitaría unas 850.000 viviendas sociales adicionales para aproximarse a la media de la Unión Europea. El problema de fondo es que España no tiene suficiente oferta. Lo que hoy es un problema, dentro de muy poco será una crisis. Las prioridades deben ser claras: liberar suelo donde existe demanda, aumentar la densidad y la edificación en áreas bien conectadas, acortar plazos de licencias, aplicar el silencio administrativo positivo con garantías, reformar la Ley del Suelo con reglas estables, reducir la litigiosidad y ofrecer seguridad jurídica a promotores, propietarios y compradores. Orientar las ayudas al hogar vulnerable, no congelar el mercado, dar seguridad a pequeños arrendadores y reducir impuestos que encarecen el acceso también son pasos cruciales. Menos gravámenes sobre transmisiones, construcción y rehabilitación ayudarían a movilizar vivienda. Hasta la OCDE ha recomendado revisar impuestos que pueden distorsionar el mercado.