La juez de la dana tacha de erróneo el informe de la guardia civil y desecha imputar al presidente de la chj

La jueza descarta el informe de la UCO y no imputa a la CHJ por la dana​

La instrucción del caso de la dana en Valencia ha dado un giro que ha dejado a buena parte de los seguidores del asunto con la misma cara que quien ve caer un castillo de naipes. La jueza que investiga el desbordamiento del barranco del Poyo ha rechazado el informe de 220 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha descartado, con él, imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El auto sostiene que el informe es «extenso» pero insuficiente: no puede atender a lo ocurrido en el Cecopi, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas ni a los peritos que analizan las previsiones y los desbordamientos.

Traducido: la jueza pide un informe a la UCO, lo recibe, y lo tira a la papelera argumentando que la UCO no tiene todos los datos. La paradoja no se le escapa a nadie. ¿Para qué se solicita un informe pericial si luego se descarta por no ser omnicomprensivo? La pregunta sobrevuela el asunto desde que se conoció el auto, y las respuestas que circulan van desde el error de instrucción hasta la sospecha de que la jueza actúa como cortafuegos para que el caso no salpique a según qué instancias.

Qué dice exactamente el auto y qué echa en falta​

El auto reconoce que el informe de la UCO es extenso —220 páginas— pero le reprocha no haber incorporado el contenido del Cecopi, las testificales de los técnicos, las declaraciones de los familiares de las víctimas ni los peritos que analizan aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos. También señala que el informe no atiende a las declaraciones de especial relevancia por su cualificación profesional que expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas.

El argumento tiene su lógica formal: un informe policial no puede sustituir la instrucción judicial. El problema es que la UCO no está para sustituirla, sino para aportar datos. Y entre esos datos hay uno que el auto parece dejar de lado: el relato de la CHJ. Buena parte del análisis sostiene que la Confederación tenía que avisar y no avisó a tiempo. Poco o mucho, alguna culpa tendrá, se argumenta. La jueza no entra a valorar por qué la CHJ no avisó cuando debía, y ese silencio es el que más ruido hace.

Hay quien defiende que la jueza simplemente está haciendo su trabajo: filtrar un informe policial que, en su opinión, se extralimita. Que la Guardia Civil diga «esto parece un delito» y el juez responda «eso lo diré yo» es el pan de cada día. Lo anómalo no es el reproche, sino que de ese reproche se derive el descarte completo del informe, incluidos los datos clave sobre la CHJ.

La CHJ, la Universidad y el aviso que sí llegó a algunos​

El otro frente del asunto es el de los avisos. La Universidad de Valencia cerró la actividad y suspendió clases ante la alerta meteorológica. No es la primera vez: hay episodios documentados de suspensiones por temporales en 2012, 2018 y otras fechas. Ese cierre se ha convertido en la prueba de cargo más repetida: si una institución con menos competencias en emergencias reaccionó, ¿por qué no lo hizo quien tenía la responsabilidad directa?

La comparación tiene trampa, y algunos la señalan. Cerrar una universidad es barato; cerrar una provincia, no. La Universidad de Valencia habría cerrado igual ante una tormenta que no desbordara ningún torrente, se argumenta. El cierre no demuestra que supiera lo que venía, sino que cierra con más facilidad que el resto de mortales. Aun así, el contraste escuece: la institución académica reaccionó y la Confederación Hidrográfica del Júcar, según las conclusiones del informe descartado, no informó hasta que ya era demasiado tarde sobre el Poyo.

La Aemet aparece en la conversación como ejemplo de manual actualizado, con adelantos de hasta 72 horas. La pregunta que queda flotando es incómoda: si el aviso existía y era público, ¿dónde estaba la Guardia Civil y dónde la CHJ?

El papel de la UCO y las sospechas sobre la instrucción​

La UCO no sale bien parada de este episodio. Hay quien sostiene que estos informes vienen acumulando cantadas y que esta vez se han pasado de frenada. Otros defienden lo contrario: que la jueza ha aprovechado defectos formales para desactivar el contenido. Y una tercera corriente, más incómoda, apunta a que la instrucción está siendo dirigida para que el caso no salpique a aforados ni a cargos del Gobierno central.

El argumento de fondo es estructural: en España, las causas complejas no las instruye realmente el juez, sino que llegan precocinadas por la labor policial, y la capacidad de filtrado crítico posterior es limitada. De ahí las peticiones recurrentes de una policía judicial y una Agencia Tributaria con mayor dependencia judicial y menos dependencia del Ejecutivo. La paradoja es que ahora se descarta el informe policial precisamente por no ser completo, cuando la función del informe era aportar piezas, no cerrar el caso.

El resultado práctico es que el asunto se queda donde estaba: sin imputación al presidente de la CHJ, sin imputación a aforados, y con la sensación de que la vista oral, con otros tres magistrados distintos, puede acabar echando por tierra una instrucción ya contaminada. Mientras tanto, la zona afectada sigue sin recuperarse y las obras de desvío y mejora de cauces siguen en el aire.

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El caso no está cerrado. La jueza ha descartado un informe, no ha absuelto a nadie, y la instrucción sigue su curso con las preguntas de siempre: quién avisó, quién no, y por qué el barranco del Poyo se llevó por delante lo que se llevó. Las respuestas, de momento, siguen sin aparecer en ningún auto.