La contundente respuesta de De Prada a los ataques de Milei y Ayuso contra la justicia social: "Están fanatizando a la gente diciendo cosas absurdas"

Prada contra Milei: la justicia social no es de izquierdas​

«La idea de la justicia social es verdaderamente aberrante… es un robo». La frase, atribuida a Iván Espinosa de los Monteros, condensa el marco que Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso dejaron instalado durante la visita del presidente argentino a España en mayo de 2024. Según De Prada, Milei llegó a usar el término «satánico» para describir esas políticas. La réplica llegó en Hora 25, en la Cadena SER: Juan Manuel de Prada calificó los mensajes de «muy peligrosos» y añadió que «están fanatizando a la gente diciéndole cosas absurdas».

El escritor devolvió el adjetivo —a él esas ideas le parecen «satánicas»— y remató: esa derecha es «decididamente anticristiana». La pelea no tardó en salir del cruce de declaraciones y meterse en un terreno más incómodo: qué es exactamente la justicia social, quién la formuló y si el cristianismo la respalda o la desmiente.

¿Qué dijo Milei sobre la justicia social?​

Milei sostuvo que la justicia social es una «aberración» porque implica, según su lectura, un trato desigual ante la ley y una política redistributiva que consiste en quitarle a uno para darle a otro. Espinosa de los Monteros lo resumió en una palabra: «robo». El argumento de fondo es que en un Estado de derecho decente la justicia debe ser igual para todos y no admite apellidos.

De Prada habló de «refrito» y situó el origen en otro sitio: ideas circulantes en cierta derecha que quiere hacer pasar por liberalismo lo que, a su juicio, es un ataque al núcleo de la doctrina social cristiana. La respuesta más repetida desde el otro lado fue que seguir votando socialismo no ha arreglado nada, y que quien trabaja y ve su fruto repartido acaba desmotivado.

La justicia distributiva de Santo Tomás y el problema de las definiciones​

Aquí la conversación se va al manual. En Santo Tomás se distinguen dos especies: la justicia distributiva, que obliga a repartir los bienes de forma proporcional a la contribución de cada cual bajo supervisión de la comunidad, y la justicia conmutativa, que rige los intercambios entre particulares desde la igualdad básica de las partes.

Quien esgrime el texto concluye que el cristianismo exige esa distribución proporcionada y que el liberalismo se ha desentendido de ella. Quien lo combate responde con dos objeciones: que proporcional a la contribución no es lo mismo que proporcional a la necesidad, y que los evangelios no mencionan la justicia social como concepto. La doctrina social de la Iglesia aparece en ambos lados del ring y cada bando la lee como le conviene.

Caridad cristiana frente a impuesto obligatorio​

Una corriente sostiene que el cristiano está llamado a ser caritativo, no justiciero social, y que la caridad, por definición, no se recauda por vía coactiva. La obligación moral sería dar de comer al que no puede valerse, no financiar con el impuesto la vida del que no quiere trabajar. Añaden que la solidaridad impuesta deja de ser solidaridad.

Enfrente, el argumento de que la justicia social forma parte del cristianismo desde mucho antes de que existiera la etiqueta, y que reducirla a limosna voluntaria vacía el mandato. La frase del «A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César» se cita en las dos direcciones, que es exactamente lo que pasa cuando un versículo lleva dos mil años en circulación.

Del auxilio al que no puede trabajar a la «paguita»​

El consenso, aquí, es más ancho de lo que sugiere el tono del enfrentamiento. Casi nadie discute que hay que atender a quien no puede valerse por edad, enfermedad o discapacidad acreditada. El desacuerdo empieza un escalón más arriba: el subsidio a quien podría trabajar y no lo hace.

Se argumenta que ese diseño desincentiva el empleo, castiga a quien sí trabaja y acaba generando dependencia: la ayuda convertida en derecho, sostiene esta línea, produce más sujeción que la propia pobreza. El ejemplo que se repite como advertencia es el de Venezuela. Desde el otro lado, la objeción es que sin esa red el ajuste lo pagan siempre los mismos, y que el Estado del bienestar degenerado no es el original.

Tercera posición, socialdemocracia y empresas más grandes que un país​

A la hora de buscar salidas, el abanico se abre. Una línea reivindica el modelo socialdemócrata europeo y la paz social construida desde la posguerra. Otra rescata la «tercera solución» que el franquismo formuló en Burgos en 1961: un Estado que estimula la iniciativa privada sin renunciar al bien común.

Y una tercera apunta que encoger el Estado no cambia el reparto si el pastel se divide entre menos manos. La objeción es concreta: hay corporaciones con poder económico superior al PIB de España y con capacidad de imponer condiciones a cualquiera. Con ese dato sobre la mesa, la discusión sobre quién redistribuye y a costa de quién se complica bastante.

Con las definiciones todavía en el aire, el punto muerto es este: las dos partes dan por evidente algo que nadie ha fijado por escrito. Distributiva, conmutativa, caritativa o arrebatada. El desacuerdo no está en el adjetivo, sino en identificar quién cobra y quién paga.