La bestia satanica del vaticano se alia con las […] y pide vetar los vientres de alquiler

El Papa pide vetar los vientres de alquiler y abre la guerra​

El Papa pide prohibir el alquiler de vientres y el eco llega hasta el último rincón del debate público. La propuesta, aireada por Europa Press, coloca al Pontífice en el mismo lado que buena parte del feminismo institucional: ambas trincheras quieren ilegalizar la gestación subrogada, aunque por motivos que no se parecen en nada. La coincidencia incomoda a propios y extraños.

El choque estalla en cuanto se pregunta quién gana y quién pierde con el veto. Unos ven en la práctica un mercado donde la necesidad económica de la gestante se convierte en mercancía. Otros, un mecanismo que permite al hombre tener un hijo biológico sin pasar por el altar, la pensión compensatoria y el divorcio. Y en medio, un bebé que nadie discute que existe, pero al que cada bando coloca en un lugar distinto de la balanza.

Qué propone exactamente el Vaticano​

La petición es clara: ilegalizar la gestación subrogada en todo el mundo. El Pontífice la enmarca en la defensa de la dignidad de la mujer y del menor, y desde el primer momento se lee como un ataque a la práctica de pagar a una mujer para que geste un hijo ajeno. La noticia, publicada por Europa Press, recoge el pronunciamiento sin matices.

El problema es que esa misma bandera la enarbolan sectores que no comparten ninguna otra causa con Roma. Ahí está el nudo: el veto une a quienes quieren proteger al bebé y a quienes quieren proteger a la gestante, y también a quienes simplemente quieren cerrar una vía de escape a los hombres. Tres motivos, un mismo resultado.

El argumento económico que nadie quiere poner por escrito​

El punto más incómodo del debate no es moral, es contable. Un vientre de alquiler cuesta, según las cifras que maneja el sector, alrededor de 120.000 euros en Estados Unidos. Esa cantidad no la paga cualquiera. Quien la paga, paga por saltarse la lista de adopción, los plazos y las entrevistas.

La crítica más repetida apunta a que el mercado se sostiene sobre la necesidad económica de la gestante. Una mujer con la hipoteca al día no alquila su útero por 40.000 euros. La que lo hace suele tener el agua al cuello. Eso, dicen, convierte el consentimiento en una firma bajo presión.

Enfrente, el argumento opuesto: si se prohíbe, el negocio no desaparece, se traslada. Las parejas con dinero seguirán yendo a California o a Ucrania. Las que no lo tienen, se quedan fuera. La prohibición no elimina la práctica, solo la reserva a los ricos.

El feminismo se parte en dos​

Aquí el consenso se rompe. Una parte del feminismo pide prohibir la gestación subrogada porque, sostiene, convierte el cuerpo de la mujer en una fábrica. Otra parte defiende lo contrario: si la mujer decide sobre su cuerpo, también decide alquilarlo. La contradicción es de manual y nadie la resuelve.

El choque se agrava cuando se compara con otras prácticas. La inseminación artificial con donante anónimo apenas recibe reproches. El aborto se defiende como derecho. La gestación subrogada, en cambio, se criminaliza. Quien señala la incoherencia recibe la misma respuesta: no es lo mismo.

El padre soltero y la pensión que no se paga​

Hay un ángulo que casi nadie quiere mirar de frente. La gestación subrogada permite a un hombre tener un hijo biológico sin negociar con una expareja la custodia, la casa y la pensión. En España, el divorcio medio deja al padre pagando una cuota que, en muchos casos, sostiene a la madre y no al hijo.

Los que defienden la práctica lo dicen sin rodeos: es la única vía para ejercer de padre sin que una mujer te mangonee la crianza. Los que la atacan responden que ese no es un derecho, es una conveniencia. Y en el fondo de todo late una pregunta que nadie contesta: ¿por qué el Estado protege más a la madre que al padre?

La adopción, ese otro mercado que nadie audita​

La comparación con la adopción aparece una y otra vez. Si se prohíbe pagar por gestar, ¿por qué se permite pagar por adoptar? Los trámites internacionales cuestan decenas de miles de euros y nadie los llama tráfico de menores. La asimetría es evidente.

La respuesta oficial es que la adopción no compra al niño, solo cubre gastos. El mismo argumento que usan los defensores de la gestación subrogada: se paga el tiempo, no el bebé. Dos prácticas, un razonamiento idéntico, dos tratamientos legales opuestos.

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El veto del Vaticano no resuelve nada, solo ordena el tablero. Los ricos seguirán yendo a California. Las gestantes pobres seguirán pariendo por dinero. Y el bebé, ese que todos dicen proteger, seguirá naciendo donde el contrato lo permita. La pregunta que nadie responde es qué pasa cuando el contrato se firma y la madre cambia de idea.