.

Vientres de alquiler: 40.000 dólares en EEUU y 3.000 euros en Sevilla​

La gestación subrogada vuelve a la discusión pública española y el primer dato que aparece no es moral, sino contable: 40.000 dólares para la gestante en Estados Unidos, la mitad en Canadá y la mitad de la mitad en Reino Unido, según las estimaciones que manejan los participantes en el debate. Con esas cifras sobre la mesa la pregunta se vuelve de manual: ¿por qué se puede alquilar una cabeza, unas manos o una jornada de ocho horas y no un útero? El mercado responde rápido. La ley, no.

Cuánto cobra de verdad una gestante por subrogar su vientre​

Los números son tozudos. La estimación más repetida sitúa la compensación a la gestante estadounidense entre 35.000 y 45.000 euros, con comida y gastos médicos pagados durante un año entero. En Canadá la cifra cae a la mitad y en Reino Unido a la mitad de la mitad, en torno a 10.000 libras en concepto de gastos, porque allí el pago directo está prohibido y solo se cubren costes.

El desglose estropea el relato del pelotazo. De los 150.000 o 200.000 dólares que puede costar el proceso completo, la mayor parte se la reparten agencias, abogados, clínicas y tratamientos. La gestante cobra una fracción y, en no pocos casos, ni eso: los episodios detectados en Sevilla y Extremadura hablaban de poco más de 3.000 euros. Calderilla con nombre de mujer y apellido de país.

Un dato desactiva la idea del chollo: en Reino Unido solo 150 mujeres han pasado por un proceso legal de este tipo. En Portugal, una. En Canadá se estiman 300, con la ley en vigor desde 2004. Si fuera el negocio redondo que algunos describen, las cifras serían otras. Si fuera solo altruismo, también.

El contrato libre entre adultos y el problema del tercero que no firma​

Una corriente del análisis lo tiene claro: es un acuerdo entre dos partes que saben lo que firman y el Estado no pinta nada ahí. Si una mujer prefiere gestar un año por 40.000 euros antes que hacer camas por 1.000 al mes, la decisión es suya. Quien se escandaliza, se argumenta, no le ofrece un empleo mejor.

Enfrente pesa un argumento que no se resuelve con libertad de contratación: hay un tercero que no firma nada, nace con una familia decidida de antemano y sin voz en el contrato. A eso se suma la asimetría. Cuando el dinero entra en la ecuación, la libertad de la parte pobre se vuelve discutible, y el contrato se parece sospechosamente a una necesidad con firma.

Hay además una incoherencia que incomoda a los dos bandos. Es su decisión y hay que respetarla vale para un lado del mostrador y no para el otro. La coherencia, en este asunto, cotiza a la baja.

El riesgo sanitario que no aparece en el presupuesto​

Aquí el asunto se vuelve menos abstracto. Gestar no es un trabajo de oficina: implica cambios hormonales, físicos y psicológicos, un último trimestre incómodo, riesgo de complicaciones en el parto y una depresión postparto que nadie mete en la factura. En Estados Unidos, con sanidad de pago, se advierte en el debate de que una complicación seria puede convertir los 40.000 dólares en una deuda de por vida.

La analogía con otros oficios penosos tiene un límite. Hay empleos que destrozan la espalda, las manos o los nervios y nadie se alarma. Cierto. Pero ninguno usa órganos internos de una persona para producir un ser humano que después se entrega a otra. La distancia entre alquilar un cuerpo y usar un cuerpo no es retórica.

Bebés a la carta y el traslado del negocio a países con necesidad​

El otro frente es la mercantilización. Los participantes citan casos de agencias que ofertan descuentos por repetir proceso, o que permiten elegir sexo y características. Quien paga no recibe un servicio abstracto: recibe un bebé concreto, con ojos y expediente.

El mapa importa. Cuando la práctica se encarece o se complica en los países ricos, el negocio migra hacia donde la necesidad aprieta. Ahí está la paradoja incómoda: el mismo contrato que se defiende como libre se firma, muchas veces, en el único sitio donde no hay alternativa económica. El cálculo completo, con los márgenes de cada intermediario, deja una foto que sorprende a quien aún cree que el dinero llega entero a la mujer.

La propuesta intermedia: pagar por llevar a término un embarazo​

Entre el sí y el no asoma una tercera vía que casi nadie defiende en voz alta: si cada año se interrumpen embarazos en España, ¿por qué no compensar a la mujer que decide llevarlo a término y entregar al bebé en adopción? El planteamiento es incómodo por lo que implica, pagar por no abortar, y por lo que deja al aire: adopción y subrogación compiten por el mismo mercado de niños que no llegan.

El cierre se atasca siempre en el mismo punto. Nadie discute el derecho a ser madre; nadie sabe qué hacer con la parte sucia. Regular con contrato y garantías convierte el útero en factoría con papeles. Prohibir sin alternativa empuja la demanda al mercado negro y a los países donde la necesidad se paga barata. Las cifras están encima de la mesa. Falta decidir cuál de las dos vergüenzas se elige.