jorobaROS PARASITOS RENTISTAS

El alquiler se atasca y el decreto no le encuentra precio​

El mercado de alquiler ha dejado de comportarse como un mercado. Lo sostienen, por motivos opuestos, quien tiene un piso y quien lo busca: unos porque ya no fijan libremente el precio, otros porque el que les piden es directamente impagable. Entre medias, un paquete normativo que divide las aguas y que casi nadie defiende entero. Detrás del ruido compiten tres relatos: el del propietario que se siente exprimido, el del inquilino que se siente estafado y el del analista que repite que sin oferta no hay milagro. Ninguno explica el conjunto. Los tres explican una parte.

Las medidas llegan partidas en dos tramos. Del primero se concede que «puede tener un pase». El segundo es el que revienta la convivencia: extiende la protección de quien deja de pagar la renta y alarga hasta extremos poco prácticos la recuperación del inmueble. Recuperar un piso puede llevar años. En un negocio que vive de rotaciones, eso se paga.

Vender y pasar a renta fija: el cálculo de un propietario​

Hay quien lo tiene ya decidido. Un casero describe su caso sin dramatizar: cotiza por encima de la base máxima, tanto en el régimen general como en el RETA, y alquila por debajo de lo que marcaría el mercado. Cada año actualiza la renta el 2% que fija la Ley de Arrendamientos Urbanos, por debajo del IPC. Es decir, pierde poder adquisitivo cada ejercicio. Su plan es liquidar el contrato, vender y meter todo en renta fija, «sin preocupaciones de ningún tipo».

El razonamiento no es sentimental. Si el retorno del alquiler se erosiona y el riesgo de impago crece, el capital busca otro sitio. Y lo encuentra. La decisión, eso sí, tiene un reverso: quien se va no vuelve.

¿Qué pasa con la oferta si salen pisos del alquiler?​

Aquí arranca el desacuerdo de fondo. Un escenario repetido es el del propietario que cierra el piso y espera tiempos mejores, y el del que, con hipoteca viva, vende para no ahogarse. La conclusión que se extrae es incómoda: quien compre no será precisamente quien se queja de no poder alquilar.

Contra ese relato pesa otro argumento: que apenas van a retirarse viviendas del mercado. Y hay un tercer matiz, más incómodo si cabe. Si el propietario puede elegir inquilino, no escoge al más necesitado: escoge al que tiene nómina estable, contrato fijo y mejor perfil financiero. La criba no es ilegal, pero estrecha la puerta a quien más la necesita.

Cuando el dueño es un fondo, el cálculo cambia de escala pero no de lógica. Un fondo no aguanta un inquilino problemático por romanticismo: si el riesgo sube, cierra el grifo y espera. El resultado para quien busca piso es el mismo.

La vivienda como activo refugio y su reverso​

Durante décadas, comprar para alquilar fue la forma más sencilla de proteger el ahorro de una familia española. El ladrillo no caía, o eso parecía. Ese consenso se agrieta por los dos extremos: el que ya no puede entrar y el que ya no quiere aguantar. Cuando ambos empujan a la vez, el mercado se queda sin intermediarios dispuestos.

El problema, admiten casi todos, no es que sobren normas, sino que las que hay no generan vivienda. La oferta nueva no llega al ritmo de la demanda, y lo que se construye se dirige a otro segmento de precio.

Salario mínimo, rentismo y quién compra varias viviendas​

La conversación deriva hacia el salario mínimo. Un propietario con varios inmuebles lo dice sin rodeos: esas casas no se pagan ganando el SMI. La respuesta desde enfrente es que el SMI no es una ayuda, sino un suelo salarial. De ahí salta el reproche clásico: criticar el rentismo mientras se aspira a ser rentista.

No hay cifra que cierre ese cruce. Lo que hay es un choque entre quien ve la propiedad como fruto del esfuerzo y quien la ve como posición de renta heredada. Y una sospecha compartida: que el suelo salarial y el techo del alquiler se mueven en direcciones contrarias.

Inmigración y demografía como argumento de presión​

Una parte de la conversación atribuye el problema a la llegada de población. Se barajan cifras de entradas de personas bajo distintos gobiernos —del orden de millones en las últimas décadas—, sin fuente oficial que las respalde en el propio intercambio. Otra parte responde que los precios ya eran impagables antes de esos flujos y cuando había barrios enteros sin comprador.

El fondo no se resuelve. Si hay menos vivienda disponible por habitante, el precio sube. Con quién tiene la culpa, no.

El Estado como comisionista​

Queda una crítica que recorre el descontento de ambos lados: que el texto no ataca la especulación que dice combatir, sino que convierte al Estado en comisionista del mismo negocio. Es una sospecha, no un dato. Pero explica por qué el decreto no convence a casi nadie, ni a los que cobran rentas ni a los que las pagan.

Qué puede pasar​

Con el texto partido en dos y sin mayoría clara, lo probable es que el tramo contestado no salga adelante, o que salga mutilado. Si eso ocurre, la oferta seguirá tensa y el capital inmobiliario hará lo que ya ha anunciado: moverse. Hacia dónde, eso sí, todavía nadie lo firma.