El problema ha sido que NUNCA se debió permitir que media sociedad se aprovechará la otra por el tema de la vivienda

El 30% de la vivienda en alquiler y el 10% turística​

¿Por qué hay más pisos en alquiler que nunca y sigue sin ser posible pagarlos? Porque un 30% del parque residencial ya se alquila y otro 10% ha abandonado el mercado residencial para dedicarse al uso turístico, según la cifra que da uno de los participantes, y ni una cosa ni la otra han moderado la factura mensual. Ese es el punto de partida del diagnóstico que abre el hilo: para ese forero el problema no es la falta de ladrillos, sino un marco legal que, a su juicio, durante décadas ha permitido que una parte de la sociedad viva de la presión sobre la otra.

Alemania como espejo: millones de pisos de alquiler público​

El país que más se cita en esta comparación maneja, siempre según ese mismo forero, tasas de alquiler parecidas a las españolas, pero sostiene un parque público de millones de pisos que compite con el privado. Con alternativa estatal, sostiene, el arrendador no negocia contra la desesperación del inquilino: negocia contra el Estado. Ahí, afirma, nadie se aprovecha de nadie.

De ahí salta la acusación más incómoda, la que lanza el mismo participante. Que el negocio del alquiler no consiste en proteger un patrimonio, sino en exprimir a quien no tiene otra puerta a la que llamar. Y que ese sector tiene incentivos concretos para bloquear la construcción de vivienda pública y también la privada. Gruesa, sí. Sin ella, el resto del análisis no se entiende.

El suelo que multiplica su precio por 300 antes de mover un ladrillo​

El dinero empieza a correr mucho antes de la obra, plantea otro forero. Cuando un ayuntamiento reclasifica un terreno y decide que pasa a ser urbanizable, su valor se multiplica —por 100, por 200, por 300— en el mismo trámite administrativo. El promotor compra a ese precio, construye caro (la prefabricación de placas de pared o escaleras de hormigón abarata una parte, no la totalidad) y traslada el acumulado al comprador final. La vivienda nace ya hipotecada.

Quien firma esas reclasificaciones son las administraciones locales y los partidos que las gobiernan, sostiene ese mismo participante, para quien el ayuntamiento actúa como juez y como beneficiario de la subida. No es un detalle administrativo, añade: es la primera palanca del precio.

¿De qué vivirían los bancos sin hipotecados nuevos?​

La pregunta se lanza sin retórica. Un sistema financiero necesita, sigue el razonamiento, compradores a los que vincular durante 30 o 40 años a un préstamo y, después, a seguros, fondos y tarjetas. Un propietario hipotecado es un cliente cautivo. Y para la administración, un contribuyente que trabaja sin margen es un contribuyente que no discute.

De esa lectura sale el argumento que más circula: una población libre de deuda hipotecaria es una población con recursos para emprender. Y contra eso, se pregunta, ¿quién está interesado en que siga así?

La otra trinchera: propiedad privada y el precio que fija el mercado​

No todos compran el diagnóstico. Hay una corriente que lo reduce a lo elemental: es propiedad privada; si no gusta el precio, no se compra; aprovecharse es exigir que se reparta. Desde ahí se rechaza cualquier intervención sobre el parque existente y se recuerda que una expropiación bien hecha, con causa de fuerza mayor y compensación justa, sale más cara que levantar las viviendas prometidas.

Otra parte del debate apunta a la inmigración como el desequilibrio troncal —sanidad, vivienda, salarios— y cifra en medio millón de personas al año la presión sobre infraestructuras pensadas para menos. La respuesta que recibe es tajante: eso es mentira. Los mismos números se usan para lo contrario: un forero asegura que en Madrid opera un fondo extranjero con 500 pisos turísticos y recuerda que la capital, con 3,5 millones de habitantes, recibe 10 millones de visitantes al año.

Quién paga el pastel de cuidado​

El desenlace no está escrito. Unos piden intervención directa sobre los grandes tenedores al amparo del artículo 128 de la Constitución; otros avisan de que tocar la propiedad sin compensación rompe el tablero entero. Entre medias queda una generación que no compra, un parque turístico que crece y el aviso, lanzado por otro participante, de que con una pensión de 600 euros se acaba en una caravana vieja en un descampado de Soria.

La vivienda pública aparece como una de las salidas en las que más se insiste, aunque su bloqueo, sostienen los críticos del hilo, forma parte del mismo negocio.