El absurdo de manifestarse por una Constitución que avala la amnistía
Noviembre de 2023. La amnistía que el Gobierno negocia con los independentistas catalanes está en el centro del debate y las calles se llenan de banderas. El argumento que se repite es siempre el mismo: la norma es inconstitucional. Y de ahí sale una pregunta incómoda que casi nadie quiere contestar en voz alta. Si es tan evidente, ¿qué necesidad hay de manifestarse? Bastaría con quedarse en casa y esperar a que el
Tribunal Constitucional la tumbe, tranquilos y confiados en el sistema.
El problema es que casi nadie parece creérselo. Cuando una parte del arco mediático que ha hecho bandera del constitucionalismo adelanta que el
TC acabará avalando la amnistía, la protesta deja de ser una defensa de las instituciones y se convierte en otra cosa: una pataleta preventiva.
¿Por qué se sale a la calle si basta con esperar la sentencia del Constitucional?
La Constitución que se invoca en las pancartas designa al Tribunal Constitucional como su máximo garante. Es el órgano que interpreta el texto y decide qué cabe dentro y qué no. Si su sentencia llega y declara constitucional la amnistía, la lógica del sistema obliga a aceptarla. No hay margen: se puede estar en contra del fallo, pero no se puede seguir diciendo que se defiende un ordenamiento cuyas resoluciones se desautorizan antes de existir.
Y ahí aparece la fisura. Manifestarse contra la amnistía con la bandera de ese mismo régimen equivale a protestar contra el árbitro con la camiseta del equipo. Quien sostiene que el problema es puntual no explica por qué el mecanismo llamado a resolverlo genera tan poca confianza.
El precedente de la ley de violencia de género que el TC avaló
Para entender esa desconfianza hay que retroceder. La
Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó en
2004. Establecía un trato distinto ante la ley en función del sexo, algo que choca de frente con el artículo 14 del texto constitucional. En
2008, el TC la declaró constitucional.
Un exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha contado en público cómo el entonces presidente del Tribunal le transmitió que hubo «mucha presión» para avalar una norma que, a su juicio, era evidentemente inconstitucional. La anécdota resume el problema: si el órgano encargado de velar por la Constitución actúa bajo presión, la confianza en sus futuras sentencias se resquebraja. Lo llamativo es que el partido que hoy convoca protestas por la amnistía respaldó aquella ley y aprobó después una segunda versión.
2020 y 2021: el estado de alarma que el TC tumbó sin consecuencias
El otro antecedente es más reciente y más grave, según quienes llevan años señalando las costuras del sistema. En
2020, el Gobierno decretó el confinamiento domiciliario de toda la población amparándose en un estado de alarma, una figura pensada para restringir la movilidad, no para encerrar a la gente en su casa. El TC tardó hasta
2021 en declarar aquello inconstitucional.
No pasó nada. Ni destitución, ni imputación, ni consecuencias políticas. El presidente del Gobierno no solo siguió en el cargo: anunció que lo volvería a hacer. Quienes no salieron a la calle entonces —ni con bandera ni sin ella— tienen difícil justificar la indignación selectiva de ahora.
Banderas que contradicen el motivo de la protesta
Las imágenes de las concentraciones dejan un catálogo de incoherencias. Hay quien protesta contra la amnistía ondeando la bandera de la Unión Europea, la misma que ha amparado durante años al líder independentista huido en Bélgica. Hay quien la ondea con el escudo de la monarquía y a la vez desconfía del tribunal que ese sistema designa. Y en Bilbao, según las crónicas de las marchas, se han visto enseñas del partido independentista vasco en una manifestación convocada para defender la unidad de España.
De ahí nace la propuesta más socarrona: recortar el escudo de la bandera y dejar solo la rojigualda sin corona, para no dar munición a quien acuse de franquista a quien protesta. La idea apunta a lo mismo. Si el problema es el régimen, la bandera del régimen no es el mejor estandarte.
El sistema electoral que tampoco sale en las pancartas
La discusión derivó también hacia la arquitectura institucional. El reparto por circunscripciones deja fuera del Congreso a formaciones con votos repartidos por todo el país, mientras el umbral del
5% elimina a las minorías que no lo alcanzan. Un hipotético escenario en el que el 90% votara a partidos del 1% y un 10% a uno del 10% daría mayoría absoluta al partido pequeño. Nadie ha salido a la calle por eso.
Dónde se atasca el argumento
Aquí el análisis se queda sin salida. Si el TC valida la amnistía, quienes hoy se manifiestan tendrán que elegir entre acatar o admitir que llevan años defendiendo un sistema que dicen no reconocer. Si la tumba, habrán ganado sin necesidad de pisar la calle. En cualquiera de los dos escenarios, la protesta sobra. Lo único que añade es ruido, y el ruido no ha movido nunca ninguna sentencia.