GRACIAS mar1CARMEN: los alquileres PRORROGADOS +2 años HASTA 2028 y lo mejor NO HABRÁ DESAHUCIOS HASTA 2030. Demos todos un FUERTE APLAUSO a quien....

Alquileres prorrogados hasta 2028 y sin desahucios hasta 2030​

El contrato de alquiler en España acaba de dejar de ser un contrato. El paquete de vivienda aprobado en Consejo de Ministros —conocido ya como decreto Maricarmen— prorroga automáticamente hasta 2028 los arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de ese año y extiende la veda de los desahucios hasta 2030. No es una recomendación ni una orientación: se aplica igual al fondo que gestiona miles de pisos y al propietario que alquila el segundo que heredó de sus padres. Y llega en el peor momento posible de oferta. El Ejecutivo, según los datos que circulan, ha dividido las medidas en dos decretos y ha pedido un pleno extraordinario en el Congreso para convalidarlas. El detalle de lo que cambia para cada parte es lo que el debate lleva días desmenuzando.

¿Qué cambia exactamente si tu contrato vence antes de 2028?​

La prórroga no es opcional. Si el inquilino quiere quedarse, se queda, aunque el propietario tenga una hija que necesita el piso o una hipoteca que sigue pagando cada mes. Esa es la clave que separa esta norma de un simple incentivo: traslada la decisión de seguir al arrendatario, no al arrendador. El efecto práctico, según varios participantes en el debate, es que el propietario asume todo el riesgo y ninguna de las salidas.

El segundo tramo es la veda de desahucios hasta 2030. En el momento en que se ejecute, el procedimiento judicial ya arranca con retraso: si a eso se suman los expedientes que se acumulen durante cuatro años, hay quien advierte de que la cola puede contarse en años, no en meses. La cifra que ha circulado para ilustrarlo es la de un alquiler de 1.060 euros al mes: entre lo que queda de legislatura y 2030, el inquilino que decide no pagar se ahorraría 41.440 euros, según un cálculo difundido en el propio debate. Con ese incentivo sobre la mesa, la pregunta no es si algunos dejarán de pagar, sino cuántos.

El pequeño propietario no tiene excepción​

Aquí está el malentendido más extendido. No hay umbral de patrimonio: el propietario de dos pisos queda tan prorrogado y tan protegido —o tan desprotegido, según el lado del contrato— como una sociedad con miles de unidades. La protección al pequeño arrendador que algunos grupos parlamentarios pedían en la negociación quedó fuera, vetada por el socio minoritario del Gobierno. De momento, todos a la misma salsa.

Eso convive con un problema de fondo que la norma no toca: la mayoría de la oferta de alquiler en España no está en manos de grandes tenedores, sino de particulares con dos o tres viviendas, según se apunta en el debate. Son precisamente los que ahora tienen menos margen para asumir un impago y, por tanto, los más proclives a retirar el piso del mercado. La reacción lógica del propietario que puede elegir es vender, dejarlo vacío o no volver a alquilarlo jamás. Todas esas opciones reducen oferta.

La movilidad laboral, la primera víctima colateral​

Hay un efecto que no sale en las notas de prensa y que el debate ha puesto sobre la mesa con un ejemplo incómodo. Aceptar un trabajo mejor pagado en otra ciudad suele implicar dos alquileres: el que pagas allí y el que cobras por el tuyo. Si ese inquilino decide impagar y no hay desahucio hasta 2030, el trasladado se queda pagando la hipoteca del piso ocupado, el alquiler de su nueva casa y los desplazamientos para los trámites judiciales. La conclusión de ese escenario, según quien lo plantea, es tajante: trasladarse de provincia se vuelve financieramente inviable para quien tiene una vivienda alquilada.

El daño no se queda ahí. Quien no puede alquilar su casa tampoco puede aceptar el ascenso con cambio de sede. Es, según se sostiene en el debate, un freno al mercado de trabajo que las estadísticas de empleo no recogen.

Qué se dice del elefante en la habitación​

En paralelo, el asunto de fondo que, según algunos participantes, no se nombra en público: la presión demográfica sobre la vivienda. Un participante cifra en al menos 100.000 los aspirantes a nuevos residentes que llegan cada mes. Con esa entrada constante y una oferta que se retrae, hay quien sostiene que el chabolismo —ya presente en reductos de las grandes ciudades— dejará de ser un fenómeno marginal. Es una predicción, no un hecho, y conviene tratarla como tal: la relación entre flujos migratorios, oferta rígida y precio es de manual, pero el desenlace concreto está por ver.

A eso se suma una fecha que, según se advierte en el debate, casi nadie ha conectado: 2030. Un participante sostiene que ese año, por una directiva europea de eficiencia energética, las viviendas con peor certificado no podrán ni venderse ni alquilarse. Si la prórroga y la veda coinciden con ese calendario, el parque antiguo puede quedar en un limbo: no se alquila, no se vende, no se puede echar a nadie.

¿Y si cambia el Gobierno?​

El argumento más repetido para no llevarse las manos a la cabeza es político: estos decretos se convalidan en el Congreso y su votación no está garantizada, porque, según se apunta en el debate, algunos de los socios que sostienen al Ejecutivo responden a un electorado de centro y centro-derecha nada cómodo con esto. Y aunque salgan adelante, un próximo gobierno podría derogarlos si obtiene mayoría suficiente, como sostiene uno de los participantes. Es una posibilidad, no una certeza: la única verdad firme hoy es la fecha límite del 31 de diciembre de 2028.

¿Hacia dónde va esto? Si la oferta se retrae más de lo que ya lo ha hecho, el precio del alquiler disponible subirá para quien consiga uno, y la vivienda social —de la que, según se critica, no se ha construido nada en el paquete— seguirá siendo la asignatura pendiente. Es probable que el mercado encuentre su ajuste por la vía fea: menos pisos, más caros y más informales. Pero conviene esperar a ver cómo vota el Congreso antes de dar por escrito el final.