Inmobiliaria: Pidro Sanchis aprueba no uno sino dos "decretos mar1carmen"

Dos decretos de vivienda, un veto de Junts y una ministra con cacao​

Aprobado no uno, sino dos. PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo para sacar adelante dos decretos de vivienda que agrupan las medidas de la llamada vía Maricarmen, pero la aprobación final queda en manos de sus socios parlamentarios. Ahí está la paradoja: la norma que promete contener el precio del alquiler llega sin los votos garantizados para aprobarse, y uno de los apoyos imprescindibles, Junts, mantiene el veto a la reforma de la ley de alquileres por considerarla una «imposición». El texto se anuncia, se negocia y se queda esperando.

Y no es un detalle menor. El compromiso no parece con los inquilinos, sino con la aritmética del hemiciclo. Dos decretos en lugar de uno permiten repartir el coste político entre los socios: cada grupo se queda con la parte que puede defender y deja caer la que no.

Dos decretos en lugar de uno: qué se vota y por qué​

El reparto tiene lógica de intercambio de cromos. Un decreto de perfil más suave recabaría el respaldo de Junts; el otro, el que toca de lleno la ley de alquileres, quedaría para el flanco que va de Sumar a Podemos. Con esa combinación, cada socio se queda con su bandera y ninguno carga en solitario con el desgaste. Se argumenta incluso, en el hilo, que la maniobra busca precisamente que parte de la derecha vote a favor de al menos un trozo de la reforma, aunque cada texto caiga por separado.

La ministra de Vivienda no ayudó. Según las informaciones publicadas, fue incapaz de desglosar los dos decretos y resumió la situación con un «tengo un cacao» que la oposición convirtió en titular al minuto. Que quien impulsa la norma no acierte a explicarla por partes dice bastante del método.

Junts mantiene el veto a la reforma de la ley de alquileres​

El rechazo no es al conjunto, es a una pieza: el socio catalán considera una imposición que el paquete incluya la reforma de la ley de alquileres, y mantiene el veto a ese texto. Es justo la parte que sostiene el relato, la que se vende en un telediario como la gran intervención sobre el mercado del arrendamiento.

El resultado es un limbo normativo. El decreto se presenta, se negocia y no se aprueba. La pelota queda en el tejado de los socios, y con ella la responsabilidad de un eventual fracaso.

El decreto ómnibus: doscientas páginas que se votan enteras o no se votan​

Aquí asoma el mecanismo que, según se sostiene en el hilo, más reproches concentra: el decreto ómnibus, un paquete de doscientas páginas que mezcla pensiones, bonos, ayudas y letra pequeña fiscal en el mismo bloque. Se vota entero o no se vota. De ahí que las quejas no apunten tanto a las medidas visibles como a lo que viaja pegado a ellas: nuevos recargos, más burocracia y un reguero de disposiciones que nadie termina de leer. La letra pequeña, como siempre, va sin escaparate ni subtítulos.

¿Qué efecto tiene regular el alquiler sobre su precio?​

No hay consenso: hay quien sostiene que la norma encarecería el alquiler en lugar de abaratarlo. El argumento más repetido es que un exceso de regulación e intervencionismo sobre la propiedad privada reduce la oferta disponible, de modo que el resultado real sería un arrendamiento más caro. Se cita Cataluña como territorio donde ya se ha aplicado y donde ese efecto se habría dejado notar. En la acera opuesta, la sospecha es la inversa: que todo este repertorio acabe animando a los propietarios a vender a fondos de inversión, retirando aún más vivienda del mercado.

Ninguno de los dos escenarios se ha resuelto. Son hipótesis con datos a favor y en contra, y las dos apuntan al mismo sitio: el inquilino paga la cuenta del experimento.

¿Por qué España aprueba 900 leyes y 960.000 páginas al año?​

La respuesta está en el volumen. Estado y comunidades aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación solo en 2016, con una media de 960.000 páginas anuales en los boletines oficiales durante los años de crisis. Desde 1970 se han acumulado 41.336 normas estatales, a un ritmo cercano a las 900 leyes al año. Con esa montaña, cualquier decreto se pierde en la maraña y cualquier ciudadano depende de que alguien le traduzca lo que firma.

La vivienda, Ceuta y la cortina de humo​

Y luego está el cuándo. Hay quien lee la operación en clave de agenda: en plena resaca de la crisis de Ceuta, la vivienda desplazaría del foco los asuntos que incomodan. Una semana antes, la conversación era otra; ahora es un decreto, una ministra y un veto. La sospecha de que el calendario no es casual recorre buena parte de los comentarios del hilo, igual que el runrún de que estas leyes acaban beneficiando a los grandes tenedores y no a quien busca techo.

¿Decreto de vivienda o ejercicio de distracción? Si el texto sale adelante, alguien tendrá que explicar por qué el precio no baja. Si se cae, alguien tendrá que explicar para qué se presentó.