Estamos entrando en un terreno muy peligroso.

Cinco años de parches anticrisis y una economía que vive de deuda​

«Nadie tiene dinero, solo deudas y facturas que se acumulan», resume el mensaje que abre el asunto y que, cinco años después de la primera prórroga de las medidas anticrisis, se ha convertido en sentido común: la enfermedad que empezó siendo sanitaria se ha extendido a la economía. Sin trabajo, sin dinero y con más compromisos de pago cada mes. Lo que se discute ya no es el hecho. Es quién puso el otro pie en el barro.

La tesis de partida es que hubo dos caminos cuando se decidió cerrarlo todo: confinar a la población y confiar en que aguantara, o pedir a la clase política un sacrificio real de salario y modo de vida para dar aire al conjunto. Se eligió el primero y el resultado está a la vista: cinco años de prórrogas sucesivas de las medidas anticrisis porque ya no queda margen político para retirarlas.

¿Por qué el dinero no puede dejar de crecer?​

Aquí aparece el argumento más técnico que circula por el sector y, probablemente, el que menos se escucha en los medios convencionales. El dinero no se crea como una reserva de valor: se crea como deuda. Y una deuda creada así tiene que devolverse con intereses, lo que obliga a emitir todavía más dinero para pagar el tramo anterior. La masa monetaria no puede dejar de crecer; el sistema solo funciona si la bola se hace más grande cada año.

El problema llega cuando suben los tipos. Devolver los intereses se convierte en una losa para familias, empresas y gobiernos a la vez, y es ahí donde el terreno se vuelve resbaladizo. La referencia obligada es 2012: la promesa de hacer lo que haga falta para sostener la deuda convirtió al banco central en el principal sostén del edificio. Desde entonces, la impresora no ha dejado de trabajar.

Terrazas llenas y nóminas que no llegan a fin de mes​

La contradicción más visible no está en las estadísticas, está en la calle. Una parte sostiene que hay más dinero que nunca: las terrazas de la calle Jorge Juan, con menús de 100 euros por cubierto, están hasta la bandera todos los días. La réplica llega con una pregunta incómoda: ¿quién va a esos sitios? Funcionarios, pensionistas de más de 3.000 euros al mes y quien cobra del presupuesto público.

La explicación más afinada viene del propio sector de la restauración. El local de menú ajustado, ese que sostenía a la clase media, ha desaparecido: o se pasa a la carta o se baja la persiana. Los de gama alta siguen llenos, pero con ticket medio más bajo: menos postres, menos vino, menos copas, que es justo donde está el margen. Otro reparto reparte el país en dos bloques: un 30-40% al que le va entre bien y de lujo, y el resto entre la miseria y llegar apurado a fin de mes.

Y en medio, casos que explican más que cualquier informe. Una teleoperadora a tiempo parcial con móvil de gama alta y varios viajes al año —porque su familia gestiona tres pisos en alquiler y vive de esas rentas— convive con quien no llega a fin de mes trabajando a jornada completa. El desglose de esa brecha, con las cuentas de cada caso, es lo que mejor retrata el cuadro. Mientras tanto, la escena cotidiana de quien reserva mesa en un buen japonés sin mirar el precio se usa como argumento de que todo va bien.

El 60% de adultos que cobra algo del Estado, según el cálculo del hilo​

Un cálculo que se repite en el hilo cifra en casi el 60% de los adultos en España los que viven de una paga pública, entre nóminas, pensiones, prestaciones y subvenciones, y la tendencia no baja. Ningún gobierno occidental está reduciendo el Estado, se argumenta, y ese es el punto que desactiva casi todas las promesas electorales. De ahí una conclusión bastante cínica: mientras eso se cobre a fin de mes, no se moverá nada. La fiesta, dicen, la sostiene el sector privado que queda.

La comparación de sueldos públicos y privados da munición a todos. Una pareja de funcionarios ingresando 3.600 y 1.900 euros al mes, con tardes libres, teletrabajo y un extra de 12.000 euros en diciembre, es el ejemplo que se repite para hablar de una brecha insostenible. La respuesta del otro lado es que la clase política cuesta un 0,8% del PIB: bajarle el sueldo a los cargos no arregla ninguna cuenta pública.

Y está la queja regulatoria. El problema, se argumenta, es que el Estado no solo paga: también cobra y regula. Cada vez más funcionarios, cada vez más cargos dedicados a asuntos menores y una maraña de permisos que hace casi imposible montar un negocio pequeño. El resumen más gráfico que se lee es el del kiosco de pipas: si abrirlo cuesta más que mantenerlo, el que se lo pensaba tira la toalla y se va.

Y luego está el mercado laboral real. «Trabajo hay, pero no de lo que queréis», resume una de las posturas más repetidas: no falta empleo, falta empleo que pague. Negocios cada vez más ruinosos, plantillas que se sustituyen por software y una advertencia que sobrevuela todo: cuando la clase media deje de comprar móviles, electrónica y coches, el ajuste llegará por el lado del empleo. La previsión más citada es un bajón serio de demanda de trabajo y de consumo de bienes duraderos.

La salida que nadie llama exilio​

En los tramos finales el foco se desplaza. Si aquí las ciudades son, según los propios foreros, un desastre, ¿por qué no irse? El relato de quien se marchó a Moscú hace más de un lustro, con paso previo por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y varios países de América Latina —63 países visitados, según su cuenta— describe una España que sale mal parada frente a otras capitales. Otros responden con la experiencia contraria: San Petersburgo enamora, Moscú impresiona, y el idioma es la única barrera seria.

Es una derivada, no el núcleo. Pero dice mucho del ánimo: emigrar ha dejado de leerse como tragedia y empieza a plantearse como decisión racional.

El descontento que no sale a la calle​

Hay un malestar que crece y una calle que no lo refleja. La explicación más repetida es el miedo: perder lo poco que se tiene asusta más que perder el futuro. Otra corriente apunta a la resignación, a la sensación de que quien opina se queda solo y a una maquinaria de relato que convierte cada queja en propaganda. La consecuencia es una tensión que se acumula sin válvula de escape visible y una pregunta que nadie responde con datos: cuánto tiempo puede sostenerse eso sin romperse.

La previsión, con todas las cautelas, es que este equilibrio aguante más de lo que parece y menos de lo que algunos esperan. Mientras las nóminas públicas entren a fin de mes y las terrazas se llenen, no habrá estallido. El día que falle una de las dos cosas, nadie sabrá decir cuánto tiempo llevaba avisando.