España es un estado fallido. No hay consensos. Al pueblo no se consulta, se le impone cualquier decisión. Berrara se ríe en la fruta cara

España como estado fallido: cuando la democracia deja de consultar​

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El consenso político en España ha desaparecido. La afirmación de que el Estado es fallido no es una boutade: se apoya en la práctica sistemática de imponer leyes sin consultar a la ciudadanía, mientras los representantes públicos, como Ione Belarra, se ríen de los periodistas que preguntan por el precio de la fruta. El diferencial entre lo que promete el sistema y lo que ejecuta es cada vez más evidente.

La dictadura del Parlamento​

Uno de los ejemplos más recientes es la regularización masiva de inmigrantes: se habla de 500.000 personas, pero sin debate social ni consenso. Mientras, tras la DANA de octubre, el Gobierno aprovechó para colocar a afines en RTVE. No es un caso aislado. Cada crisis se utiliza para avanzar medidas sin que nadie haya preguntado a la ciudadanía. La paradoja es que el sistema representativo se ha convertido en una imposición constante: se gobierna para las bases del partido, no para el conjunto.

Belarra y la fruta cara: la imagen del desprecio​

El vídeo de Ione Belarra riéndose de la periodista que le pregunta por el precio de la fruta es la metáfora perfecta. No solo no responde, sino que muestra desprecio. Esa actitud se repite en la falta de mecanismos de participación directa. Mientras en Suiza se consulta todo, aquí ni siquiera se consensuan las leyes de vivienda o la reforma laboral. La ciudadanía ha sido reducida a un sujeto pasivo que solo debe votar cada cuatro años.

La división en el análisis​

Frente a la queja de que el Estado es fallido, hay quien sostiene que el sistema funciona perfectamente para los intereses de la clase política. La crisis de representación es tal que una parte de la sociedad pide más referendos, mientras otra defiende que con el nivel educativo actual sería un desastre. El debate se ha estancado en una guerra de trincheras: unos exigen consultas populares, otros recuerdan que ya hubo elecciones y que la mayoría votó a estos partidos.

El dato que faltó​

Lo que no se discute es la rentabilidad que extrae la casta de esta falta de consenso. Mientras los políticos se reúnen en cumbre internacionales y aprueban leyes sin oposición real (PP y VOX incluidos), la factura la pagan los ciudadanos. Y cuando alguien se atreve a preguntar, se encuentra con una sonrisa condescendiente o con el silencio. La pregunta para la próxima legislatura es si merece la pena seguir votando para que nada cambie, o si conviene buscar alternativas fuera del sistema.

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