El tsj rechaza la querella de pedro chanche contra el juez peinado.

El TSJM rechaza por unanimidad la querella de Sánchez contra Peinado​

¿Puede un Gobierno usar la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez que investiga a la esposa de su presidente? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de responder que no: ha inadmitido la querella que la Abogacía del Estado presentó por orden de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. La decisión no ha sido un simple portazo procesal. Uno de los magistrados ha emitido un voto particular en el que sostiene que debería haberse valorado imponer una multa a Sánchez por mala fe procesal. La respuesta institucional al intento de querellarse contra el instructor del caso que afecta a Begoña Gómez ha sido, cuando menos, incómoda para La Moncloa.

Qué pedía la querella y por qué el TSJM la inadmite​

La Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, presentó una querella contra el juez Peinado en nombre de la institución de la Presidencia del Gobierno. El propio Sánchez lo justificó así: «La Abogacía del Estado ha defendido la institución de la presidencia del Gobierno de España. El tiempo pondrá las cosas en su sitio». El tiempo, según el TSJM, las ha puesto en otro sitio: la querella no se admite a trámite y el tribunal actúa por unanimidad.

El argumento de fondo que recorre el asunto es que el cauce procesal elegido era, cuando menos, discutible. La ley permite plantear un incidente de recusación contra un instructor, pero no convertir a la Abogacía del Estado en querellante contra un juez por una investigación que afecta al entorno familiar del presidente. Hay quien sostiene que la actuación de la Abogacía del Estado roza la prevaricación, porque sus responsables sabían que ese camino no era viable y aun así lo recorrieron. El voto particular del magistrado va en esa dirección: no solo inadmisión, también posible sanción económica por actuar con mala fe procesal.

El coste institucional de querellarse contra el juez que investiga a tu esposa​

El detalle que más incomoda no es la inadmisión en sí, sino el instrumento utilizado. La Abogacía del Estado no es un despacho privado: es un órgano del Estado que se puso al servicio de una defensa personal. Si Sánchez hubiera contratado un abogado particular, el episodio habría quedado en el terreno de lo privado. Al usar recursos públicos para querellarse contra un juez, el presidente convirtió su problema familiar en un conflicto entre poderes del Estado. Y ese conflicto lo ha perdido, de momento, por unanimidad.

La lectura más dura que circula es que el Ejecutivo ha convertido la querella en un intento de presión sobre el instructor. La lectura más benévola es que la Abogacía cumplió un encargo político sin medir las consecuencias. Ninguna de las dos deja bien al Gobierno. El resultado es el mismo: el TSJM ha dicho que la querella no se admite y que, además, hay indicios para plantearse una multa.

Qué pasa ahora con el caso Begoña Gómez y con el juez Peinado​

El rechazo de la querella no cierra la investigación principal. El juez Peinado sigue instruyendo el caso que afecta a Begoña Gómez, y la decisión del TSJM refuerza su posición procesal en lugar de debilitarla. A partir de aquí, la defensa de la esposa del presidente tendrá que pelear sobre el fondo del asunto, no sobre la legitimidad del instructor. Y ahí el terreno es más incómodo: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional son algunos de los delitos que se han ido desgranando en el sumario, según sostienen algunos participantes.

La estrategia de atacar la forma en lugar de defenderse sobre el fondo ha sido, a juicio de varios analistas, un error de cálculo. Al cuestionar al juez en lugar de responder a las acusaciones, el entorno de Sánchez ha dado la sensación de que sobre el fondo del asunto había poco que decir. El TSJM no ha entrado a valorar si Begoña Gómez es inocente o culpable: ha dicho que la querella contra el juez no era el camino. La diferencia es importante.

La Abogacía del Estado, en el punto de mira​

El organismo que dirige la Abogacía del Estado queda señalado por el voto particular. Si un magistrado plantea que hubo mala fe procesal, la pregunta inmediata es quién dio la orden y con qué asesoramiento jurídico. La Abogacía del Estado no actúa por iniciativa propia en un caso así: recibe instrucciones del Gobierno. Eso significa que la decisión de querellarse contra Peinado se tomó en La Moncloa, con el conocimiento de que el cauce era más que discutible.

Hay quien apunta a que la Abogacía pudo actuar como un instrumento sacrificial: presentar una querella condenada al fracaso para forzar un pronunciamiento que, en realidad, debilita al presidente. Es una hipótesis, no un hecho probado. Pero el resultado objetivo es que el Gobierno ha perdido una batalla institucional contra el poder judicial en un momento en el que necesitaba todo lo contrario.

El pulso entre el Ejecutivo y los tribunales​

Este episodio no es aislado. Forma parte de un pulso más amplio entre el Ejecutivo y el poder judicial que lleva tiempo escalando: insultos al Tribunal Supremo, cuestionamiento de resoluciones, intentos de reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ. El TSJM ha respondido con una inadmisión por unanimidad y un voto particular que pide multa. No es una sentencia sobre el fondo del caso Begoña, pero sí es un mensaje: los tribunales no se dejan querellar por el Gobierno sin consecuencias.

La pregunta que queda en el aire es si el Ejecutivo insistirá en la vía judicial contra el instructor o si cambiará de estrategia. La legislatura, mientras tanto, sigue dependiendo de socios parlamentarios que no siempre están por la labor. El frente judicial y el frente parlamentario avanzan en paralelo, y ninguno de los dos pinta bien para La Moncloa.

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Al final, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Solo que el sitio no era el que Sánchez esperaba.