Enfermero podemita reconoce que en los chills (orgías de yonkis gaies) se abusa a hombres en coma

Según se recoge en un hilo de foro, un profesional de enfermería relata en un vídeo que, en las fiestas de after conocidas como «chills», ha asistido a episodios en los que hombres en estado inconsciente eran usados sexualmente por otros asistentes. Él mismo admite, según ese relato, que no intervino y que no piensa pedir perdón porque, dice, a él también se lo hicieron. El asunto reabre una pregunta incómoda: qué hace el sistema penal cuando la víctima no puede denunciar.

Qué se cuenta en el vídeo y por qué se habla de delito​

La escena que describe tiene tres elementos que cualquiera reconocería: una persona sin capacidad de consentir, un tercero que actúa sobre ella y un testigo que mira hacia otro lado. En su versión, el enfermero no solo no impide la situación: reconoce que los asistentes aprovechaban si el hombre en cuestión les parecía atractivo. Lo cuenta sin dramatizar y sin arrepentirse. Ahí empieza el problema.

La paradoja la subraya el propio oficio del narrador. Un enfermero maneja la Escala de Glasgow, el baremo que mide el nivel de consciencia y determina cuándo un paciente en coma debe ser intubado por riesgo vital. Alguien entrenado para detectar exactamente cuándo una persona pierde la consciencia cuenta que la vio perderla en una fiesta y siguió a lo suyo. La contradicción no se sostiene por ningún lado.

Quién persigue el delito si la víctima no denuncia​

Aquí el asunto deja de ser una anécdota de after y entra en el terreno de la ley. La duda que recorre el hilo es si un relato así basta para mover la maquinaria judicial. Para un participante, sin denuncia de la víctima lo máximo que cabría es la apología, y ni eso, porque el autor no defiende el delito.

Hay quien sostiene que, si el relato hablara de una mujer, un fiscal actuaría de oficio y el caso acabaría ante un juez sin denuncia previa. Otros piden concretar en qué artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil se apoyaría esa actuación, sin que nadie aclare cuáles serían aplicables. Se aportan enlaces al BOE, pero no se concreta qué artículos regirían.

El doble rasero, cifra a cifra​

Las cuentas que circulan son hipotéticas, y conviene decirlo antes de repetirlas. Quien las hace calcula que, si la víctima fuera una mujer, el relato equivaldría a una confesión con penas de cárcel, mientras que tratándose de un hombre el caso se queda en nada. No consta sentencia, imputación ni expediente abierto.

Drogas, consentimiento y el fondo de cada uno​

El otro eje de la discusión es el papel de las sustancias. La tesis más repetida es que ninguna droga convierte a nadie en algo que no es: solo potencia lo que ya estaba. Bajo esa lógica, el estado alterado no exime —agranda— y lo que asoma en una fiesta de after es el fondo de cada uno. Es una hipótesis de trabajo, no un dato, pero explica por qué buena parte de la conversación se ha ido hacia el consumo y no hacia el delito.

Y hay un tramo que derrapa. Una parte del análisis cruza la línea del caso concreto y generaliza contra el colectivo homosexual como si fuera un grupo homogéneo y peligroso. Eso no lo sostiene ningún dato: son casos aislados, no un patrón. Confundir un vídeo con un colectivo es la forma más rápida de arruinar cualquier discusión sobre consentimiento.

El rastro digital y la búsqueda de empleo​

Según se cuenta, el vídeo no procede de una filtración: lo publicó él. Desde entonces, el clip circula descontextualizado y su rastro digital —perfil en redes, intervenciones antiguas y la búsqueda de trabajo en la sanidad privada que él mismo ha hecho pública— se ha convertido en material de escrutinio. La consecuencia práctica es que el caso ya no se discute por lo que pasó en esa fiesta, sino por lo que el autor es. Y eso también tiene un coste: cuando el foco se pone en la persona, la discusión sobre el consentimiento se difumina.

El fleco laboral: ¿puede seguir ejerciendo?​

Queda un cabo suelto. Si el relato es cierto, quien lo firma trabaja o aspira a trabajar con pacientes críticos, en una UCI, donde un error se paga caro. La pregunta que se hace el sector no es solo penal: es si un profesional que cuenta esto mantiene la idoneidad para el puesto. No consta que se haya abierto expediente alguno.

Con las reglas actuales, un relato sin denuncia no abre causa. Y con la víctima inconsciente, casi nunca hay denuncia que abrir. Ahí se atasca todo: el sistema espera a alguien que no puede hablar.