El partido popular ha traicionado a españa

El PP pacta el CGPJ y su electorado habla de traición​

Hay una cifra que resume el enfado: más de 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial para acabar firmando un reparto de vocales que, según la lectura más repetida entre los votantes conservadores, entrega el Tribunal Supremo al Gobierno. El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces —que los críticos describen como un reparto de diez vocales para cada formación y el desbloqueo de una veintena larga de vacantes en el Supremo— ha caído como un jarro de agua fría en el electorado de la derecha. La reacción dominante no es la del adversario satisfecho, sino la del votante que se siente estafado por los suyos.

Qué se ha pactado y por qué se lee como una entrega​

El reparto que se atribuye al acuerdo es aritmético: diez vocales para cada partido y la cobertura de las vacantes pendientes en el alto tribunal. Sobre el papel, un equilibrio. En la práctica, la crítica más repetida es que el desempate queda en manos de la presidencia del órgano, y esa presidencia la designa quien controla el Ejecutivo. «Aunque se repartan mitad y mitad, el voto del presidente determinará el desempate», resume una de las objeciones más citadas. Con ese argumento, el reparto simétrico se convierte, según esta lectura, en un control efectivo del conjunto.

La secuencia temporal es lo que más irrita. No es un acuerdo aislado: se suma a la renovación del Tribunal Constitucional que ya se cerró en 2022, cuando la dirección entonces presidida por Pablo Casado y el sector de Teodoro García Egea facilitaron el reparto de magistrados, según sostienen los críticos. Aquel movimiento, añaden, ya está dando frutos con anulaciones de condenas señaladas. El patrón que se dibuja es el de una cesión continuada, no un error puntual.

La tesis de los mismos amos​

La explicación que gana peso en el debate no es la del engaño, sino la de la coreografía. «El PSOE y el PP sirven a los mismos amos», sostiene una corriente que ve en cada crisis institucional un reparto de cromos entre dos marcas del mismo holding. Bajo ese prisma, la tensión pública entre ambos partidos sería el espectáculo necesario para que cada electorado crea que su voto defiende algo distinto, mientras los acuerdos de fondo —renovaciones, pactos territoriales, financiación— se cierran con los mismos socios: el PNV y Junts.

El corolario es amargo para el votante de derechas: si el PP acaba pactando lo mismo que el PSOE, la diferencia entre votar a uno u otro se reduce a la estética del relato. «Es todo un teatro para repartirse el dinero de los españoles», resume una intervención que apunta directamente a la gestión del relato como herramienta para no espantar a la propia parroquia.

El día después: Bolaños y el acuerdo no vinculante​

La puntilla llegó con las declaraciones posteriores. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declaró que lo acordado con el PP «no es vinculante» y defendió el modelo de elección propio. Para el votante que acababa de tragar el acuerdo como un mal menor, la frase confirmó la sospecha: una de las partes firmaba algo que la otra ya consideraba papel mojado. «No se podía saber», ironizaban los más ácidos.

A partir de ahí, el foco se desplaza a la ejecución. ¿Quién obliga a cumplir lo pactado? Es la duda que sobrevuela el tramo final del debate, y a la que nadie da respuesta. La desconfianza ya no es solo hacia el adversario, sino hacia la capacidad de cualquier acuerdo de sobrevivir al día siguiente de su firma.

El castigo que se anunciaba en las urnas​

La predicción más repetida es electoral: el PP perdería las siguientes citas con las urnas y culparía del desastre a VOX, a Alvise o a cualquiera menos a sí mismo. La memoria del votante, sin embargo, se presume corta. «Para cuando sean las próximas elecciones se os habrá olvidado el tema y volveréis a ser seducidos por el frijolismo, ayusismo o el pelelismo que toque», advierte una voz que apunta a la amnesia selectiva como principal activo del sistema.

Frente a eso, la abstención gana terreno como respuesta. «Yo no voto ni en blanco ni nulo. Votar algo es una estupidez», resume una postura que ya no es marginal. Y el que aún confía en el voto útil recibe la réplica inmediata: «Acabarás votando a la rata Feijóo porque al final la neurona única da para lo que da».

Las indemnizaciones que nadie pidió​

En medio del incendio institucional, un detalle llamativo: según un forero, el PP plantea indemnizar a las mujeres que no fueron obligadas a hacer la mili por discriminación respecto a los hombres. La propuesta, leída en clave de parodia involuntaria, cierra el círculo de un partido al que se acusa de conservar todo lo que el PSOE aprueba. «Los hombres vamos a tener que darles las gracias a Feijóo por haberlo sido», ironiza una intervención que resume el desconcierto.

Queda la pregunta sin cerrar: si el acuerdo no es vinculante, si el desempate queda en manos del Ejecutivo y si el electorado olvida antes de la próxima cita, ¿qué impide que esto vuelva a repetirse dentro de dos años?