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PSOE y PP pactan el CGPJ: 10 vocales para cada uno​

¿Cuánto cuesta en términos institucionales tener el órgano de gobierno de los jueces cinco años en el aire? La respuesta llegó este martes: un reparto pactado, diez vocales para el PSOE y diez para el PP, y una promesa de futuro que nadie sabe cómo se ejecutará. El acuerdo lo firman el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, como testigo de excepción. Se cierra así un bloqueo de más de 2.000 días del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que nombra, asciende y sanciona a los jueces de este país.

El reparto es simétrico en la forma y asimétrico en el fondo. Los veinte vocales salen de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en 2018, seis designados por el Congreso y seis por el Senado. Sobre la presidencia, el PSOE quería una mujer —sería la primera presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo—, pero el PP impuso que la elijan los propios vocales. La letra pequeña del pacto incluye una reforma legal para vetar el acceso a vocal o a fiscal general del Estado a quien haya tenido cargo político en los cinco años anteriores, ampliar a 20 años la antigüedad exigida para ser magistrado del Supremo (hoy son 15) y exigir 13 vocales para los nombramientos discrecionales.

¿Qué significa la «participación directa» de los jueces en su elección?​

Es el punto que ha bloqueado la renovación durante años y el que ahora se deja para después. La ley incluirá una disposición adicional que da seis meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Esa propuesta deberá aprobarse por tres quintos del Consejo y remitirse al Gobierno, al Congreso y al Senado, que decidirán si la tramitan. El objetivo declarado es que el sistema sea evaluado positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea.

La trampa está en el calendario. El CGPJ tiene que estudiar antes los sistemas europeos de elección de vocales en órganos análogos, y solo después plantear su fórmula. No hay fecha para que esa reforma llegue al BOE. Es, en la práctica, una promesa con plazo de caducidad indefinido.

El reparto de poder judicial que indigna a una parte del electorado​

La reacción en el flanco derecho del tablero político ha sido furiosa. Hay quien sostiene que el PP ha entregado el control del Tribunal Supremo al Gobierno sin contrapartidas reales, y que la única ganancia es un ministerio de la oposición que ya ejercía de facto. La crítica se apoya en un dato objetivo: el próximo Consejo elegirá a dos tercios de los magistrados del Supremo, que acumula 25 vacantes. Quien reparte los vocales, reparte la cúpula judicial durante años.

En el flanco izquierdo, la lectura es la contraria. Se argumenta que la alternativa era peor: sin acuerdo, el Gobierno podía reformar la ley para nombrar a los veinte vocales con sus aliados parlamentarios, y el PP se habría quedado sin capacidad de influir. La ley exige mayoría cualificada y eso obliga a negociar. El realismo, dicen, tiene este aspecto.

Las medidas que sí entran en vigor​

El paquete legislativo incluye cambios concretos que no dependen de la reforma futura. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal endurece las puertas giratorias: quien haya ostentado cargo político en los últimos cinco años no podrá ser vocal ni fiscal general del Estado. La antigüedad para llegar al Supremo sube de 15 a 20 años. Y los nombramientos discrecionales del Consejo requerirán mayoría reforzada de 13 vocales, lo que impide que una sola sensibilidad imponga candidatos.

El Senado, además, designará al quinto magistrado conservador del Tribunal Constitucional, plaza vacante desde la renuncia por enfermedad de Alfredo Montoya. El PP colocará ahí al magistrado y vocal del CGPJ José María Macías. Es el otro gran premio del acuerdo: el Constitucional queda completo.

El CGPJ, en cifras​

• 20 vocales integran el Consejo General del Poder Judicial
• 10 y 10: reparto entre PSOE y PP
• 12 vocales de procedencia judicial, los que elegirían los jueces en el futuro sistema
• 13 vocales necesarios para los nombramientos discrecionales
• 25 vacantes en el Tribunal Supremo
• 6 meses de plazo para que el CGPJ proponga la reforma del sistema de elección

Por qué el PSOE desmiente al PP sobre la elección de los jueces​

Horas después del anuncio, el PSOE salió a corregir la interpretación que el PP había hecho del texto. Fuentes socialistas negaron que los jueces vayan a elegir a los jueces: «El acuerdo no dice eso, de ninguna de las maneras», señalaron, añadiendo que solo se incorporan condiciones objetivas para acceder al Consejo. La discrepancia sobre qué se ha firmado exactamente es la mejor prueba de que el pacto se sostiene sobre una ambigüedad calculada.

Sumar, por su parte, puso en duda su voto un día después de bendecir el acuerdo. La coalición habló de que «no son formas» y dejó en el aire su respaldo parlamentario. El texto aún tiene que pasar por las Cortes.

Lo que queda por ver​

El acuerdo cierra el bloqueo más largo de la democracia en el órgano de gobierno de los jueces, pero deja abiertos los dos interrogantes que importan: quién presidirá el CGPJ y si la participación directa de los jueces en su elección será una realidad o una promesa de campaña. Los vocales tienen la pelota. Y el calendario, como siempre, juega para quien puede permitirse esperar.

Que nadie se engañe: el reparto está hecho, la foto está tomada y las vacaciones siguen. La justicia española tiene nuevo gobierno. El cómo se elija la próxima vez, ya tal.