El lío de muface se agrava: las aseguradoras no dan citas a funcionarios más allá de enero

Muface se desangra: las aseguradoras ya anulan citas a funcionarios​

El concierto que sostiene la sanidad de algo más de un millón de mutualistas vence el 31 de enero de 2025 y las tres compañías que lo prestan —DKV, Asisa y Adeslas— han empezado a moverse como quien recoge la manta antes de que llegue el frío. Fuentes del sector confirman a la prensa que ya se están rechazando y anulando citas médicas de funcionarios con fecha posterior al vencimiento, y desde CSIF denuncian que no se admite ningún servicio nuevo a partir de esa fecha. La paradoja es de manual: el organismo público asegura por escrito que todos sus usuarios mantendrán «las mismas prestaciones sanitarias y sociales» y las «mismas condiciones», mientras las empresas que cobran por prestarlas dicen justo lo contrario.

Qué está pasando exactamente con las citas de Muface​

El relato oficial y el de la trinchera no pueden ser más opuestos. Muface sostiene en un documento interno que nada cambiará cuando venza el convenio. Adeslas, en la comunicación remitida a sus asociados, explica que «en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto no nos permiten continuar prestando a Muface, de una manera sostenible, el servicio de calidad que veníamos ofreciendo». Traducido: el dinero que ofrece el Gobierno no cubre lo que cuesta atender a este colectivo.

Desde el sector matizan que la situación todavía no es extrema. Falta más de un mes para el fin del acuerdo y las autorizaciones no suelen pedirse con más de mes y medio de antelación. Pero reconocen que ya se han anulado citas que estaban dadas para febrero y marzo. Es decir, el goteo ha empezado por la puerta de atrás, sin rueda de prensa y sin comunicado oficial.

CSIF, el sindicato mayoritario del colectivo, lo dice sin paños calientes: «Se está jugando con la tranquilidad y la salud de nuestros mutualistas». Mantiene convocada una manifestación para el 14 de diciembre en Madrid. Y las aseguradoras lanzan la pelota al tejado contrario: «Más allá de enero, es Muface quien debe garantizar el servicio».

El coste real: 1.300 euros por mutualista frente a los 2.000 de la sanidad pública​

Aquí es donde el asunto deja de ser un problema administrativo y se convierte en un ajuste de cuentas. Los números que manejan quienes han hincado el diente al concierto apuntan a que el coste subvencionado por usuario en Muface ronda los 1.300 euros, mientras que el coste por usuario en la sanidad pública se dispara hasta los 2.000. La comparación no es limpia —los perfiles de edad y consumo no son idénticos— pero la brecha es lo bastante grande como para que alguien pregunte por qué.

El cálculo completo, desglosado partida a partida entre titulares y beneficiarios, arroja un diferencial que sorprende incluso a quien lo ha hecho. Hay quien sostiene que la sanidad pública cuesta al menos el doble por usuario que la mutua, y que si se generalizara el modelo, el ahorro sería monumental. En contra pesa el argumento de que el sistema público atiende a toda la población sin filtro de edad ni de renta, y que comparar medias brutas es tramposo.

Lo que nadie discute es que las aseguradoras llevan años tragando con un concierto que, según ellas, no cubre costes. Y que ahora han decidido dejar de tragar.

Por qué las aseguradoras se plantan ahora y no antes​

La explicación tiene menos de épica y más de contabilidad. El concierto actual se licitó con unas condiciones que las compañías consideran insostenibles: una población mutualista envejecida, con un consumo sanitario superior a la media, y unas primas que no acompañan. Adeslas lo dice con elegancia corporativa; otras fuentes del sector lo dicen sin ella: el negocio no da.

Hay quien apunta a que Muface era una alteración del mercado. Las aseguradoras aceptaban clientes que consumían mucho por un pago que no cubría costes, porque les compensaba en volumen y en marca. Cuando el volumen deja de compensar y la marca no paga facturas, el incentivo desaparece. Y desaparece justo cuando el Gobierno prepara una nueva licitación que, a la vista de los números, exigirá poner más dinero sobre la mesa.

El escenario que se dibuja si no hay acuerdo es el que nadie quiere nombrar: un trasvase masivo de mutualistas hacia la sanidad pública. Un millón largo de personas buscando hueco en un sistema que ya arrastra listas de espera. La pregunta no es si aguantaría. La pregunta es cuánto tardaría en notarse.

El trasvase a la sanidad pública: quién paga la factura​

Si el concierto se rompe y los mutualistas acaban en el sistema público, el impacto no sería uniforme. Los funcionarios en activo y sus beneficiarios tienen perfiles de consumo distintos a los jubilados del régimen general, pero comparten algo: la condición de usuarios de un sistema que ya opera al límite. La saturación no se mide en titulares, se mide en meses de espera para una consulta o una prueba.

La responsabilidad de lo que ocurra después es el hueco que nadie quiere llenar. Muface dice que garantizará el servicio. Las aseguradoras dicen que eso es cosa de Muface. Los sindicatos dicen que se está jugando con la salud de la gente. Y el Gobierno, de momento, confía en que la nueva licitación salga adelante.

Mientras tanto, el reloj corre. Las citas de febrero y marzo ya se están cayendo. Y los mutualistas, que llevan meses oyendo que no pasa nada, empiezan a mirar el calendario con otra cara.

El privilegio que unos defienden y otros cuestionan​

En el fondo del asunto late un debate más incómodo: si es justo que los funcionarios tengan acceso a una sanidad privada pagada con dinero público mientras el resto de trabajadores no. Hay quien sostiene que eliminar Muface sería uno de los pocos aciertos posibles, porque igualaría derechos y acabaría con un privilegio. En contra pesa que el modelo, según los números disponibles, cuesta menos por usuario que la sanidad pública.

La discusión se enreda porque mezcla dos cosas distintas: la universalidad del derecho a la sanidad y la forma de gestionarlo. Se puede defender la sanidad pública como derecho y cuestionar que su gestión sea la más eficiente. O se puede defender Muface como modelo eficiente y obviar que solo está disponible para un colectivo concreto.

Lo que está claro es que el culebrón no se resuelve con un comunicado. Se resuelve con dinero. Y el dinero, de momento, no aparece.

¿Cuánto tardará el Gobierno en poner sobre la mesa una oferta que las aseguradoras firmen? ¿Y a quién le pasará la factura política cuando los mutualistas empiecen a llamar a la puerta del ambulatorio?