El Gobierno compra el 10% de telefónica.

El Estado compra el 10% de Telefónica y pasa a ser su primer accionista​

La operación se conoce con la compañía inmersa en un ERE que afecta a 5.124 trabajadores, la tercera parte de la plantilla, y tras un proceso de ajuste que ha recortado deuda y personal. El Gobierno justifica la entrada en el capital como un mecanismo para ejercer de contrapeso a inversores extranjeros. La reacción no se ha hecho esperar: desde quien lo llama «rescate» hasta quien sospecha que es la vía para colocar cargos afines.

Qué ha pasado y por qué se compra el 10% de Telefónica​

El Estado adquiere hasta un 10% de Telefónica y se convierte en su mayor accionista. La operación coincide en el tiempo con un expediente de regulación de empleo que la compañía cifra en 5.124 trabajadores, aproximadamente la tercera parte de la plantilla. El Gobierno la presenta como un mecanismo para ejercer de contrapeso a inversores extranjeros, en un contexto en el que un fondo soberano saudí ya controlaba cerca del 9,9% del capital.

La cifra no es menor: hablamos de una de las mayores telecos del mundo, con presencia en Europa y Latinoamérica. La entrada pública se produce después de años de ajuste bajo la dirección de José María Álvarez-Pallete, que según varios análisis ha reducido una deuda que llegó a superar los 40.000 millones de euros y ha recortado plantilla para hacer frente a la caída de ingresos y a la competencia.

Las dos lecturas enfrentadas: contrapeso o rescate encubierto​

Una parte del análisis sostiene que la compra es un rescate encubierto. Se argumenta que el Estado llega justo cuando la empresa ha hecho el trabajo sucio —ERE, ajuste de deuda— y que el dinero público se utiliza para sostener el valor de las acciones. «Rescate descubierto», resume una de las posturas más repetidas. Otra corriente lo ve como una operación de ingeniería financiera para inyectar dinero público y entregárselo a los gestores afines, con la vista puesta en un posible repunte del valor de las acciones.

Enfrente, hay quien defiende que la entrada pública es una forma de recapitalizar el país, no de descapitalizarlo, y recuerda que en Francia, Italia y Alemania las principales telecos y energéticas siguen teniendo participación estatal mayoritaria. Desde esta óptica, la privatización total española habría sido la anomalía. El argumento del contrapeso a inversores extranjeros también se esgrime como razón de interés general.

El precedente histórico: Telefónica no siempre fue privada​

La discusión sobre la propiedad de Telefónica tiene raíces largas. La compañía no nació como empresa pública: era una empresa privada cuyo mayor accionista era la ITT americana, y fue nacionalizada por decreto durante el franquismo. Algo similar ocurrió con CAMPSA, creada tras expropiar la Dictadura de Primo de Rivera las petroleras extranjeras en España. El Estado no creó esas empresas desde cero; absorbió infraestructuras que ya existían en manos privadas.

Ese detalle desmonta la idea de que Telefónica fuera originalmente pública y luego privatizada. La secuencia real es más incómoda: nacionalización primero, privatización después —primero bajo el PSOE de Felipe González, después con Aznar— y ahora una recompra parcial. El ciclo completo deja en evidencia que la relación entre el Estado y la compañía nunca ha sido lineal.

El ERE de 5.124 trabajadores y la gestión de Pallete​

El ERE que Telefónica cifra en 5.124 trabajadores es el telón de fondo de la operación. La compañía ha venido reduciendo una deuda que llegó a ser descomunal y ha prescindido de personal que, según algunos análisis, no aportaba valor. La entrada del Estado se produce cuando ese ajuste ya está en marcha, lo que alimenta la sospecha de que el dinero público llega a recoger los frutos de una gestión privada.

Hay quien sostiene que la gestión de Pallete ha sido positiva: reducción de deuda, recorte de personal improductivo y mejora de los márgenes. Otros ven en la operación una forma de colocar a cargos afines en la dirección, con el riesgo de que la empresa pierda competitividad. La comparación con Correos aparece en más de una intervención: empresa en la que entra el Estado, empresa que se deteriora.

Qué pasará con las tarifas y con los usuarios​

La pregunta que sobrevuela es si el usuario notará algo. La respuesta más repetida es que no: las tarifas no bajarán por el hecho de que el Estado tenga el 10%. «Ahora que soy el dueño del 10% de Telefónica, imagino que la factura me bajará también un 10%», ironiza una intervención. El argumento de fondo es que lo público no se traduce automáticamente en beneficio para el consumidor.

También se apunta al riesgo de que la politización de la empresa afecte a su gestión. La sospecha de que se utilicen sus ramas mediáticas para fines políticos está presente en varios mensajes. Y hay quien recuerda que, cuando Telefónica era un monopolio estatal, el servicio era lento y caro, con esperas de casi un año para conseguir una línea.

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El dato que descoloca no es el 10%, sino el 5.124. El Estado compra su participación en una empresa que acaba de anunciar el despido de un tercio de su plantilla. Si la operación es un contrapeso, el contrapeso llega después del ajuste. Si es un rescate, el rescate llega cuando el trabajo sucio ya está hecho.