Telefónica pasa a manos de Arabia Saudí. Continua el desmantelamiento completo de Expaña.

El 9,9% saudí deja a Telefónica sin escudo español​

¿Cuánto capital hace falta para mandar en una empresa del Ibex 35? Bastante menos de lo que sugiere la palabra «mayoría». Saudi Telecom se ha hecho con el 9,9% de Telefónica y con ese paquete se sienta como primer accionista de la compañía, mientras el Gobierno pierde el as que le quedaba en la manga y la operadora sale del radar de una posible OPA. Del total declarado, la mitad se canaliza mediante derivados. Y la pregunta que sobrevuela la operación es casi matemática: ¿por qué quedarse en el 9,9% y no dar el salto al 10%?

Quién manda en Telefónica con un 9,9% del capital​

Cuando el accionariado está atomizado, la mayoría absoluta es un billete que nadie necesita comprar. Ese 9,9% basta para pilotar una junta si enfrente hay miles de accionistas sin ganas de discutir la gestión. El espejo que se repite en los análisis es BlackRock: supera el 10% en cada compañía donde entra y con eso orienta a su consejo de administración. Hay quien añade que los saudíes «ofrecerán lo que sea» por tener de su lado al accionariado minoritario. La cifra, además, no es casual: se queda justo por debajo del umbral que obliga a lanzar una oferta pública de adquisición.

La mitad del paquete no sale de una caja registradora​

Ahí está el detalle fino. Si la mitad de ese 9,9% son derivados, alguien ha tenido que soltar títulos por algún lado, porque a mercado abierto no se levantan paquetes así sin mover el precio. Las informaciones publicadas apuntan a Morgan Stanley como banco encargado de preparar el asalto: durante seis meses fue adquiriendo títulos de la operadora. ¿Compra encubierta o salida ordenada de fondos institucionales que venden abajo? Nadie lo aclara. Y en el folclore de la operación hay una lectura más cínica: que el dinero a los saudíes les sale de las piedras.

¿Por qué el Estado pierde su palanca sobre la operadora?​

Telefónica no es una teleco cualquiera. Sobre sus redes corren las comunicaciones del país y parte de las capacidades de defensa, y las demás operadoras cabalgan sobre sus infraestructuras mientras una regulación de precios por debajo de coste le va comiendo el margen. En otros países la tutela es explícita: Orange tiene al Estado francés en su accionariado. Aquí, con la compañía fuera del mercado de OPAs y el capital disperso, el Gobierno se queda sin instrumento para frenar una operación no deseada. Quien sostiene que esto es estratégico no habla de patriotismo de bandera, sino de quién decide dónde se pinchan los cables.

El pedido de 2.000 millones a Navantia que sigue esperando​

Hay un dato que se enciende en ámbar: Arabia Saudí retiene un pedido a Navantia por valor de 2.000 millones de euros. Lleva diez meses sin materializarse y la coincidencia temporal con la compra del 9,9% de Telefónica incomoda. Sobre la mesa hay además un acuerdo firmado entre España y Arabia Saudí para proteger y promover inversiones mutuas hasta 2026. Puede ser una negociación de Estado en curso; puede ser una casualidad de calendario. Lo segundo es más difícil de creer.

«El capital no tiene patria»: las dos Españas de la operación​

Una corriente lee la compra como un capítulo más del desmantelamiento: Campsa, Pegaso, Seat, Celsa y ahora la operadora de referencia. La lista, dicen, no para nunca. Enfrente hay una tesis fría: al capital le da igual la bandera del dueño, lo relevante es quién dirige y con qué criterio, y el negocio latinoamericano lleva años dando más disgustos que alegrías. La tercera lectura es la más incómoda: que esto lo han votado los españoles durante décadas, con alternancia incluida, y que escandalizarse ahora llega tarde.

Celsa, Seat y las antenas de 5G: el mismo calendario​

La misma semana trae más piezas. Celsa acaba de caer en manos de fondos de inversión después de que la justicia homologara su plan de reestructuración, y Seat lleva tiempo dejando de ser lo que era. En paralelo, el Gobierno reparte 500 millones de euros para que se instalen antenas de 5G en la banda de 26 GHz. La duda razonable: ¿esas antenas serán propiedad de las operadoras o de una suerte de Adif telefónico? Porque subvencionar infraestructura privada que mañana se revende a un tercero tiene su gracia.

Al final, la pregunta inicial se responde sola: hacen falta 9,9 puntos de capital y la decisión política de no mirar. Con eso ya se controla una pieza que vertebra el país.