El fin del modelo Muface abocaría al cierre de hospitales privados en 19 provincias españolas

El fin de Muface dejaría 2.041 camas privadas vacías​

El fin del concierto de Muface no es una discusión sobre funcionarios. Es una discusión sobre quién paga las camas. Según un cálculo que circula en el sector, la desaparición del modelo mutualista dejaría desocupadas 2.041 camas en hospitales privados, el 5,7% de la oferta nacional, y abocaría al cierre a centros en el 37% de las provincias españolas. La paradoja es de manual: la sanidad privada que muchos defienden como ejemplo de mercado libre depende, en buena parte del país, de un concierto público para no quebrar.

El asunto saltó al terreno político con una propuesta simple y radical: sanidad pública obligatoria y privada prohibida para todo empleado público. A partir de ahí, el análisis se partió en dos corrientes que no se escuchan.

Qué es Muface y por qué sostiene hospitales privados​

Muface es la mutualidad que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios. En lugar de derivarlos al sistema público, el Estado contrata con aseguradoras privadas que, a su vez, conciertan con hospitales. El resultado es un flujo estable de pacientes cautivos que sostiene unidades de alta especialización en zonas donde, sin ese flujo, no habría volumen suficiente para mantenerlas abiertas.

El dato clave es ese: en muchos casos, esas unidades se mantienen solo para cumplir los convenios con las mutualidades. No es que la privada sea más eficiente por naturaleza; es que tiene un cliente garantizado que paga la factura. Cuando ese cliente desaparece, la unidad se cae.

¿Es inviable la sanidad privada sin dinero público?​

Hay quien sostiene que la privada solo es inviable si hay exceso de oferta, y que habiendo demanda —los hospitales públicos se colapsan— no debería haber problema. El contraargumento es que si hay demanda y no acuden, será que no pueden pagarla. La demanda existe, lo que no existe es renta suficiente para cubrir el coste del servicio.

Eso convertiría la sanidad privada, en buena parte del territorio, en un negocio subvencionado. El Estado paga a las aseguradoras, las aseguradoras pagan a los hospitales y los hospitales mantienen camas que, de otro modo, no se llenarían. El mercado no sostiene esas camas; las sostiene el concierto.

El argumento de los funcionarios: ya pagan su mutualidad​

Aquí conviene precisar un detalle que se pierde en la bronca. Los mutualistas ya cotizan por su sanidad privada: se les descuenta de nómina, quieran o no. No es un privilegio gratuito; es una aportación obligatoria a un modelo que el Estado diseñó para ahorrarse derivar a millones de personas al sistema público.

El cálculo que circula es que alrededor del 30% de la asistencia sanitaria en España la cubre la privada, y que esos usuarios también pagan la sanidad pública sin usarla en esa parte. Si el modelo desaparece, ese 30% no se evapora: se desplaza al sistema público, que ya está tensionado.

Qué pasaría con las listas de espera si se desmonta Muface​

La predicción más repetida es que el sistema público absorbería de golpe a cerca de un millón y medio de pacientes adicionales. No hay margen. Los defensores del fin del concierto argumentan que la privada está saturada y que si algún centro no es viable, que cierre. Los críticos responden que eso no elimina la demanda: la traslada a una sanidad pública que ya opera al límite.

Hay un tercer escenario, menos comentado: que las aseguradoras encarezcan las pólizas para los funcionarios que quieran mantener cobertura privada. A partir de ciertas edades, un seguro individual es caro o directamente inasegurable. El resultado sería una privatización de facto para quien pueda pagarla y una vuelta forzosa al sistema público para quien no.

El trasfondo: quién financia a quién​

Más allá del caso concreto, el episodio deja una pregunta incómoda. Si la sanidad privada necesita conciertos públicos para sobrevivir en 19 provincias, ¿es un sector privado o un proveedor del Estado con marca privada? Y si el Estado paga, ¿por qué no paga directamente al hospital público en lugar de intermediar con aseguradoras?

La respuesta que da el sector es que el modelo es más barato que derivar a los mutualistas al sistema público. La respuesta que da la crítica es que ese ahorro se calcula mal, porque no computa el coste de oportunidad de las camas públicas que se liberan ni el de las privadas que se sostienen artificialmente. Nadie ha publicado el desglose completo.

Con estos mimbres, lo previsible es que el debate se reabra cada vez que una aseguradora amenace con no renovar el concierto. Y que, como siempre, la decisión se tome por urgencia y no por cálculo. Si el modelo cae, las 2.041 camas no desaparecerán de un día para otro: se apagarán por plantas, provincia a provincia, hasta que alguien note que faltan.