Los narcos del campo de Gibraltar NO SON MIS ENEMIGOS

El día que parte del público vitoreó a la narcolancha de Barbate​

¿Se puede vivir en el Campo de Gibraltar sin que el narco te roce la vida? Hay quien responde que sí, y de esa respuesta sale todo lo demás. El detonante es un suceso concreto: dos guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha en Barbate y, una semana después, varios integrantes de dos clanes irrumpieron en el cuartel de la localidad y dejaron tres agentes heridos. En medio, un vídeo en el que la lancha pasa por encima de los guardias civiles mientras parte del público que observa vitorea a sus ocupantes. Esa escena, más que los muertos, es lo que ha reventado la conversación sobre los narcos del Campo de Gibraltar.

«Si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo»​

El planteamiento que abre el asunto es una versión local del dicho de que el problema empieza cuando uno se busca la ruina. Quien lo sostiene no defiende al traficante: sostiene que el riesgo se concentra en quien consume, en quien hace de mula o en quien se queda con un alijo ajeno. Fuera de esos supuestos, argumenta, el narco no tiene ningún incentivo para llamar la atención, porque un cadáver gratuito le abre una investigación que no necesita. Hay un segundo ingrediente: que el jaleo a la lancha no nace del amor al hachís, sino del rechazo al uniforme. Y un tercero, el más incómodo: que el mayor peligro que ha conocido el ciudadano corriente ha venido de quien ostenta el monopolio de la fuerza.

La respuesta adversaria llega rápido. Ese mismo razonamiento, se replica, es el que esgrimen las familias de los detenidos y el que sostenían los vecinos que veían en un capo local a un benefactor del barrio. La discusión, a partir de ahí, se parte en tres corrientes que apenas se escuchan entre sí.

Tres posturas que no se escuchan entre sí​

La primera pide dureza: estado de excepción, toque de queda y presencia del Ejército allí donde la policía ya no disuade. Su referencia es la política de mano dura aplicada en El Salvador, y su argumento es simple: cuando una organización maneja recursos comparables a los de un Estado, la respuesta policial se queda corta. La segunda corriente pide lo contrario, legalizar, y sostiene que el mercado negro se combate mejor desde la fiscalidad que desde la porra. La tercera, mayoritaria en el tono general de la conversación, no elige bando: si el traficante y el cuerpo armado son dos caras del mismo crimen organizado, al ciudadano solo le queda apartarse.

El caso colombiano se usa de las dos maneras. Para unos, Medellín demuestra que la mano dura solo desplaza el problema y que la ciudad solo cambió cuando dejó de ser rentable el negocio. Para otros, recuerda que hizo falta un capo muerto y décadas de violencia para dejar de vivir en un infierno. Ninguna de las tres recetas se puede aplicar sin romper algo.

¿Son lo mismo el hachís del Estrecho y la cocaína de la Costa del Sol?​

No, y ese es uno de los pocos puntos donde casi todo el mundo coincide. El hachís cruza el Estrecho en lanchas rápidas; la cocaína entra por contenedores, aeropuertos y embarcaciones de recreo, y su geografía natural es otra. La distinción no es un detalle técnico: explica por qué los tiroteos se concentran en unos puntos y no en otros y, según quienes defienden esa distinción, por qué los clanes del Campo de Gibraltar se habrían caracterizado más por la logística que por la violencia exhibicionista. Quien lo niega apunta a un tiroteo con media docena de encapuchados en El Saladillo, en Algeciras, y a que el negocio, con el tiempo, se contagia. La cifra que sobrevuela la discusión es de 106,7 toneladas de cocaína interceptadas por el sur, aunque no hay acuerdo sobre si eso mide un éxito policial o un fracaso.

El espejo gallego: 25 años de narcos integrados​

La comparación más útil que aparece no es colombiana, es gallega. Durante más de dos décadas, en las rías el traficante fue un vecino respetable, incluso querido, y se recuerda que la convivencia incluía atenciones hacia la propia Benemérita en la festividad de su patrona. En ese periodo, según ese relato, no hubo guardias civiles muertos a manos de los traficantes. La conclusión que se extrae es incómoda para las dos partes: si el conflicto se recrudece, algo ha cambiado en las reglas no escritas del negocio, y ninguna de las explicaciones disponibles —más presión policial, más competencia entre clanes, más dinero en juego— se sostiene por sí sola.

Legalizar: cuánto se ahorraría y cuánto no​

El argumento económico de la legalización es el más fácil de resumir y el más difícil de demostrar. Sus partidarios calculan que regular el consumo bastaría para eliminar en torno al 70% de los narcos y camellitos y, de paso, para ahorrar efectivos policiales y aflorar economía sumergida. Los ejemplos que se citan en contra no vienen de un manual: hay países que legalizaron y vieron cómo el mercado ilegal se reacomodaba, con menos riesgo para el traficante y menos recaudación de la prometida. El asunto tiene una derivada de actualidad: el trámite iniciado para regular el cannabis medicinal en España vuelve a poner sobre la mesa el mismo dilema, con la diferencia de que ahora el argumento es terapéutico y no recaudatorio. El cálculo completo de lo que costaría el suministro público, con dos empresas y un lobby en la ecuación, da para otro artículo entero.

¿Qué se juega el vecino que solo quiere dormir tranquilo?​

El coste humano aparece en los relatos de quienes vivieron la epidemia de heroína: jeringuillas en la esquina del colegio, barrios enteros destruidos por la lucha entre clanes, familias rotas durante una década. Ese es el argumento más sólido contra la tesis de la indiferencia, y no lo desmonta ninguna estadística. Quien defiende el «no es mi guerra» responde con dinero: el narco gasta y consume en el pueblo, y su presencia sostiene comercios. Es el mismo debate sobre el capo benefactor, con quince años más de morfina en la contabilidad.

Con semejante mapa, la política de drogas española lleva años en un equilibrio que no satisface a nadie: ni al vecino que quiere dormir tranquilo, ni al agente que se juega el tipo, ni al que pide legalizar para que deje de haber negocio. Mientras se decide, en Barbate siguen contando agentes de baja y los alijos siguen llegando a la playa. El narco, de momento, sigue sin considerarse enemigo de nadie.