El borrador del ‘Decreto mar1carmen’ de Sumar: Vivienda podrá expropiar si el inquilino tiene más de 70 años.

El hilo da por hecho que nadie alquilará a mayores de 60 años​

Cuarenta mensajes en un solo día, el 28 de septiembre, y el asunto se ha movido de sitio. Ya no se discute si el decreto es justo: se discute la aritmética del propietario. Cuántos años de prórroga aguanta un contrato, cuántos aguanta un juzgado, a qué edad deja de merecer la pena firmar. Y dos tuits pegados al hilo meten presión por arriba y por abajo.

Qué se ha sabido​

Al hilo entran dos tuits. Uno es de THE OBJECTIVE, con Díaz diciendo que desde Sumar pelean por un real decreto de vivienda que sirva a la ciudadanía:


El otro es del Sindicat de Llogateres: su portavoz no descarta una huelga general por la vivienda si las cosas no cambian y le exige a Sánchez que este martes no presente lo que considera una farsa.


Además, dos enlaces pegados sin comentario, y ahí está el giro de la página: la teoría de la regulación económica de Stigler y sus críticas y la captura regulatoria. Es decir: quien regula acaba trabajando para el regulado.

Cifras sueltas del tramo: un forero sostiene que en España la vivienda está en un 80% en manos privadas. Otro calcula 5 años de prórroga legal, 7 si el casero es sociedad o gran tenedor, y hasta 5 años más de litigio si el inquilino se atrinchera. Y un tercero pregunta por qué sacan la liebre 8 años después del último intento.

Dónde está la bronca​

Aquí no hay defensa del decreto. Nadie del hilo lo defiende. La pelea es por el diagnóstico, y son tres.

Primero, los del teatro pactado. Que la cláusula es moneda de cambio y que el PSOE la quitará en la negociación para parecer duro con sus socios. Un participante lo resume como «una cláusula de negociación clarísima».

Segundo, los del cortafuegos. Que no hay negociación, hay humo para no hablar de otra cosa, y que el calendario lo delata. Ahí entra la pregunta de por qué ahora.

Y tercero, el que se sale del guion y discute el gasto: si el Estado no debería estar pagando a rentistas con dinero público, qué más da si el decreto sale o no.

Lo que más revuelve es la amenaza de huelga general. Unos la leen como fuerza real; otros, como un aviso que el Ejecutivo esquivará. Un forero apunta que a la vicepresidenta le va a salir rana el asunto de la OIT y que de ahí viene la escocedura.

Aparece también la pregunta incómoda: lo de legislar en caliente, que era tan malo, ¿en qué ha quedado?

La aritmética del casero​

Es el bloque que más ha crecido. La cuenta no es «70 años», la cuenta es cuándo empieza el riesgo. Un forero lo suelta sin adornos: a alguien cerca de los 60 no le alquila, porque sumando prórroga y juzgados el contrato se estira hasta que el inquilino cumple los 70 dentro del piso. Otro afina: a partir de 60, zona roja, y añade que a un señor de 60 con historial impecable tampoco le renovarías tranquilo.

De ahí sale la previsión que se repite página tras página: el corte real quedará bastante por debajo de la ley. Y el que tiene más papeleo a favor —historial, avales, apoyo legal— es justo el que se queda sin oferta.

Hay incluso quien juega con el margen de un año: los que tengan 69 que vayan calentando.

Qué cambia respecto a antes​

Se abandona el «no saldrá» genérico y entra la cocina. El hilo ya no especula sobre si el texto es viable, sino sobre cómo se desactivará: quién lo firma, quién lo retira y a quién se le echa la culpa cuando no salga. La captura regulatoria da el marco teórico que antes no había, y la huelga general pone fecha a la presión.

Lo nuevo es la vivienda en manos privadas como dato de partida. Si el 80% es privado, el argumento que circula es que apretar al pequeño propietario deja el mercado a los grandes fondos, que son los únicos que aguantan el riesgo y acaban poniendo el precio. La vuelta de tuerca: el texto pensado para proteger al inquilino concentra el parque en cuatro manos.

Y queda flotando la sospecha del calendario. Ocho años en el Gobierno y la liebre sale en septiembre.