España necesitaría cuadruplicar la llegada de migrantes para sostener las pensiones
La AIReF lo dejó por escrito en su informe de sostenibilidad de las administraciones públicas: para que la tasa de dependencia no siga deteriorándose harían falta
un millón de personas migrantes adicionales cada año. En 2024 entraron 350.706 extranjeros según la Estadística Continua de Población del INE. La cuenta es sencilla y el resultado incómodo: habría que multiplicar por 3,85 el flujo actual. El organismo independiente admite que su propio escenario base, mucho más modesto, tampoco evita el envejecimiento.
El sistema de reparto español se sostiene sobre una pirámide demográfica que hace décadas dejó de ser una pirámide. Con un crecimiento vegetativo cercano a cero y una generación del
baby boom entrando en tromba en la jubilación, la única fuente neta de población activa es la migración. La AIReF proyecta que la población total pase de 48,6 millones a 52,1 millones en 2050, pero la franja de 16 a 66 años tocará techo en 33,6 millones en 2029 y caerá hasta 30,6 millones en 2050. La tasa de dependencia escalaría hasta el 70,5% en 2053.
Qué dice exactamente el informe de la AIReF sobre las pensiones
El documento, titulado
Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo, maneja tres escenarios de flujo migratorio neto. Hasta 2029, una media de 319.700 personas al año; hasta 2039, 273.600; hasta 2050, 279.000. La media entre 2023 y 2050 se queda en torno a 288.000 anuales. Son cifras muy por encima de las que manejó el exministro de Seguridad Social en 2023 para justificar la reforma: entre 200.000 y 250.000 hasta 2035, escalando después hasta unos 450.000 en 2050. El pronóstico oficial y el del organismo fiscal nunca cuadraron.
El investigador de Fedea Miguel Ángel García lo resume sin adornos: la cifra del millón es la necesaria para que no se reduzca la población activa, y es «muy complicado» que se consiga. Primero, porque no parece existir ese flujo disponible. Segundo, porque aunque existiera, el riesgo de problemas de integración es alto. La AIReF no entra en esa parte, pero sus números la dejan servida.
El problema no es solo cuántos llegan, sino en qué trabajan
Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales, introduce la variable que suele quedar fuera del titular: la calidad del empleo. «Es imprescindible que los inmigrantes tengan acceso a empleos estables y de calidad para maximizar su contribución al sistema», señala. La tasa de paro de los extranjeros en España es del 17,43%, con una brecha clara entre los procedentes de la UE (13,94%) y los de fuera (18,78%). De los 2.921.205 trabajadores extranjeros afiliados en marzo, 217.516 figuraban como demandantes de empleo. Un contingente que cotiza, sí, pero con una intermitencia que puede erosionar la base del sistema.
La discusión de fondo es si el sistema de reparto puede sostenerse con una población activa que no crece. La respuesta técnica es que no, salvo que se acepte una presión fiscal creciente, una reducción de la pensión media o una combinación de ambas. La respuesta política es que nadie quiere pronunciar esas palabras en voz alta.
Por qué se cuestiona que los migrantes vayan a pagar las pensiones
Hay un argumento que recorre cualquier conversación sobre este asunto: si los migrantes vienen de países donde sus propios sistemas de
pensiones no funcionan, ¿por qué iban a sostener el español? La objeción tiene una trampa lógica —cotizar no es una decisión personal, es una obligación legal cuando hay contrato— pero apunta a un problema real: la precariedad y la economía sumergida reducen la base cotizante efectiva. Un trabajador con contrato temporal y salario bajo aporta menos de lo que el sistema necesita para pagar una pensión media.
El otro flanco del debate es el gasto social. Se argumenta que una parte de la población migrante consume recursos sanitarios, educativos y de servicios sociales antes de generar retorno fiscal. La evidencia disponible es mixta y depende del horizonte temporal que se mida. A corto plazo, el coste de integración es real. A largo plazo, la contribución neta depende de la tasa de empleo y de la estructura de edad de los recién llegados.
La AIReF no diseña política migratoria, solo pone números sobre la mesa. Y los números dicen que el escenario base —el que asume los flujos actuales— no evita que la tasa de dependencia siga subiendo. El millón anual es la cifra que haría falta para congelar el problema, no para resolverlo. Con la natalidad donde está y la jubilación del
baby boom en marcha, cualquier gobierno que afronte esto tendrá que elegir entre subir impuestos, bajar pensiones o aceptar flujos migratorios muy superiores a los actuales. Probablemente, las tres cosas a la vez.