Que maravilla: "ya hemos incorporado a un millón jóvenes estudiantes en prácticas no remuneradas al sistema de seguridad social" +psoe

Elma Saiz presume de un millón de becarios sin sueldo que ya cotizan​

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo anunció como un hito: «Ya hemos incorporado a un millón jóvenes estudiantes en prácticas no remuneradas al sistema de Seguridad Social». El mensaje, difundido en redes, presume de que esos estudiantes están «dados de alta», acumulan derechos para sus prestaciones y gozan de mayor protección. La letra pequeña es otra: son prácticas formativas por las que el alumno no cobra un euro, pero que ya engordan las estadísticas de afiliación.

El anuncio cayó como un jarro de agua fría entre quienes ven en la medida un maquillaje contable. La duda que recorre el análisis económico no es menor: si un estudiante en prácticas no remuneradas cotiza, ¿computa como ocupado? ¿Sale de las listas del paro? La respuesta oficial no se ha dado con la misma claridad que el titular.

Qué implica cotizar sin cobrar un salario​

El mecanismo es sencillo de describir y difícil de tragar. El estudiante realiza prácticas formativas no remuneradas. La empresa no le paga nómina. La Seguridad Social lo da de alta como cotizante. Esa cotización, según se desprende del anuncio, la asume la empresa o, en la mayoría de los casos, la administración educativa. El resultado: un millón de personas figuran en el sistema sin haber percibido un salario.

Hay quien sostiene que la medida corrige una anomalía histórica: los becarios trabajaban sin derechos. Ahora, al menos, acumulan antigüedad para la jubilación. En contra pesa un argumento que aparece una y otra vez: si no hay remuneración, no hay relación laboral, y llamar empleo a eso es forzar el lenguaje. La ministra lo llama protección. Otros lo llaman estadística.

El efecto sobre las cifras de paro juvenil​

El dato que descoloca es el del paro juvenil. España aparece con un 25,3% en la comparativa internacional que se difundió junto al anuncio, solo por detrás de Sudáfrica (60,2%) y muy por encima de Francia (20,4%), Italia (19,4%) o Alemania (6,4%). Con esas cifras sobre la mesa, incorporar a un millón de estudiantes en prácticas al sistema de Seguridad Social tiene un efecto colateral evidente: salen de la cuenta del desempleo.

La sospecha de que la medida busca camuflar el paro juvenil no es una hipótesis aislada. Si un becario no remunerado pasa a figurar como cotizante, deja de engrosar la lista de parados. El cálculo es simple: un millón de personas menos en el numerador. El milagro estadístico del que se habla en los mentideros económicos no requiere que nadie encuentre trabajo; basta con cambiar la etiqueta.

La trampa de la formación dual​

El trasfondo es más incómodo. La formación dual, ese modelo que combina estudio y empresa, se ha convertido en una vía para que las compañías cubran puestos con estudiantes que no cobran. La empresa se ahorra el salario; la administración paga la cotización. El estudiante pone las horas. Es lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo en un solo sistema, resumía un análisis del debate.

Los testimonios de quienes han pasado por ello no ayudan a vender la medida. Un caso reciente: de una clase de 28 alumnos en prácticas, solo 6 consiguieron un contrato al terminar. El resto engrosó la lista de quienes ya no cuentan. La práctica no se concibe como un puente hacia el empleo, sino como una rotación permanente de chavales que hacen trabajo real sin ver un duro.

Quién paga la cotización y qué derechos genera​

La pregunta que sobrevuela todo el asunto es quién asume el coste. Si la empresa paga, muchas no cogerán becarios. Si paga la administración educativa, el gasto recae en el contribuyente. En la mayoría de los casos, según se desprende del análisis, es la administración la que cubre una cotización que ronda los 50 euros al trimestre. Un coste irrisorio para el Estado, pero suficiente para dar de alta a un millón de personas.

Los derechos que acumulan esos estudiantes son reales: cuentan para la jubilación y para futuras prestaciones. Lo que no está tan claro es que eso compense un modelo en el que se trabaja sin cobrar. La Seguridad Social ha habilitado incluso la recuperación de hasta cinco años de cotización para antiguos becarios que no cotizaron en su día. La medida tiene su lógica administrativa, pero también un tufo a parche.

El punto exacto donde el análisis se atasca​

Con un millón de personas incorporadas al sistema sin nómina, las cifras de afiliación mejoran y las de paro juvenil se alivian. Lo que no cambia es la realidad del mercado laboral: los jóvenes siguen sin encontrar empleo remunerado y las empresas siguen sin querer pagar por formarlos. La ministra lo celebra como un logro. La pregunta que queda sin responder es cuántos de esos cotizantes sin sueldo tendrán un contrato cuando acaben las prácticas. Nadie ha dado esa cifra.