Colapso de las citas previas en la Seguridad Social y el SEPE: imposible obtener cita en la mitad de las oficinas

Cita previa en la Seguridad Social: 20 días de espera y sin hueco en la mitad de las oficinas​

Pedir cita para la pensión de jubilación o para la prestación por desempleo se ha convertido en una carrera de obstáculos. Un estudio práctico realizado en oficinas de 26 provincias constata que la demora media supera los 20 días tanto en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad. En capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos realizados.

La organización de consumidores que firma el trabajo reclama eliminar la cita previa obligatoria, establecer atención prioritaria para personas vulnerables y fijar plazos máximos garantizados. Su tesis es que lo que nació como medida excepcional durante la pandemia se ha consolidado como un filtro que impide el acceso igualitario a servicios esenciales, sobre todo para mayores y quienes no manejan destrezas digitales.

Qué dicen los ministerios frente a los datos​

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social niegan el colapso. Aseguran que en el INSS la agenda de citas se abre diariamente, varias veces al día, de modo que si en un momento puntual se cubre, hay oportunidad más tarde. También sostienen que existen mecanismos para garantizar atención prioritaria y sin cita a personas vulnerables, mayores de 65 años con incidencia de la brecha digital y casos de posible pérdida de derechos económicos.

Los números oficiales que aportan: la media de resolución de expedientes en 2025 fue de 7,72 días en la pensión de jubilación y 10,37 días en viudedad. Sus organismos realizaron más de 67 millones de consultas presenciales, telefónicas o telemáticas y 223 millones de atenciones automatizadas. La pensión de jubilación puede solicitarse hasta tres meses antes de la fecha de jubilación.

En el SEPE el relato es similar. El Ministerio de Trabajo admite tensiones puntuales de oferta y demanda en provincias muy pobladas, fundamentalmente Barcelona, y defiende el nuevo distrito único provincial: cualquier interesado puede pedir cita en cualquier oficina de su provincia, no solo en la más cercana. Las agendas, dicen, se configuran para que cada día se pongan a disposición las citas del primer día disponible.

El trámite urgente que el propio sistema no cumple​

La prestación por desempleo debe completarse en un máximo de 15 días hábiles para no perder derechos económicos. Los resultados del estudio son parecidos a los del INSS: en Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia, y en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después. Ese calendario conduce directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerza a completar el trámite online, aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas.

Entre las grandes ciudades, únicamente Bilbao, Murcia y Málaga presentan tasas calificadas de moderadamente aceptables, y a costa de plazos excesivos: una media de 28 días de espera en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.

El teléfono tampoco funciona como válvula de escape. Fuentes internas del SEPE han confirmado que con la cita previa telefónica es casi imposible contactar porque las líneas están siempre comunicando y no hay personal suficiente para atender la demanda.

La sombra del mercado negro de citas​

En el terreno de las experiencias personales, varios relatos apuntan a un fenómeno que ninguna administración reconoce: la reventa de citas. Se describe la existencia de mafias que utilizan bots para acaparar huecos a través de la web y luego revenderlos, y de locutorios que consiguen la cita a cambio de un precio. La lógica que se esgrime es sencilla: si alguien pide cita a nombre de una persona y se presenta otra distinta, ¿cómo se acepta esa identidad?

El caso más repetido es el de quien, tras semanas intentándolo, acaba resolviendo el trámite por internet o desplazándose a otra provincia. Un usuario relata que, viviendo en Barcelona, la cita presencial le enviaba a otras ciudades o pueblos, y que su expediente figuraba sin agente asignado. Otro cuenta que un conocido desarrolló un programa que refrescaba la pantalla del calendario de citas las 24 horas hasta detectar un hueco libre.

El diagnóstico de fondo: menos personal y más burocracia​

El diagnóstico que más se repite no apunta al funcionario de ventanilla, sino a la falta de efectivos y a la maraña normativa. Se sostiene que el gestor tiene margen para resolver trámites rutinarios, pero que la respuesta más segura para él es decir que no, pedir un documento imposible o derivar a otra ventanilla. La documentación teórica para cobrar el paro es sencilla —DNI, libro de familia y declaración responsable de rentas—, pero la interpretación y los fallos del sistema informático interno convierten el papel en un laberinto.

Hay quien recuerda que la digitalización prometía simplificar trámites, reducir gasto y acortar listas de espera. El resultado, a la vista de los plazos, es el contrario. Y una advertencia que sobrevuela todo el asunto: el sistema filtra por capacidad tecnológica, no por necesidad real.

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El dato que descoloca no es la espera media. Es que el propio organismo exige al ciudadano un plazo de 15 días hábiles que él mismo no es capaz de cumplir con su agenda.