McGregor, condenado por agresión sexual: 250.000€ y un escarnio público
¿Cuánto cuesta un polvo cuando el precio lo fija un tribunal? En el caso del luchador irlandés Conor McGregor, la factura asciende a 250.000 euros. La condena por agredir sexualmente a una mujer en un hotel de Dublín ha desatado una tormenta de reacciones que mezclan el escándalo judicial con el cálculo económico más descarnado. Porque aquí nadie discute el veredicto: lo que se discute es la tarifa.
El fallo llega en un momento delicado para McGregor, que había coqueteado con dar el salto a la política irlandesa con un discurso crítico hacia las políticas migratorias del gobierno. La coincidencia temporal no ha pasado desapercibida: hay quien sostiene que la condena es un aviso a navegantes para cualquiera que ose desafiar el consenso oficial. Otros, en cambio, se limitan a señalar lo evidente: la justicia ha hecho su trabajo, y el resto es ruido.
El precio de la fama: 200 millones y una condena
McGregor tiene 200 millones. Con ese patrimonio, argumentan algunos, podría permitirse los servicios de cualquier acompañante de lujo sin necesidad de recurrir a un encuentro fortuito que ahora le cuesta una fortuna en indemnización y, sobre todo, en reputación. La cifra de 250.000 euros aparece en la discusión como el montante de la compensación, una cantidad que para el luchador es calderilla pero que para la demandante supone un cambio de vida.
La comparación con el mercado de la prostitución de alto standing surge de inmediato. Se mencionan tarifas de entre 3.000 y 6.000 euros por servicios de acompañantes de lujo. La conclusión es implacable: si vas de putas, sale más barato contratar que improvisar. El falso mito de follar gratis, sentencia un análisis recurrente, ha arruinado a más hombres que cualquier crisis económica.
El relato del montaje y la sombra de Assange
No todo el mundo compra la versión oficial. Una corriente de opinión, minoritaria pero ruidosa, sostiene que la condena forma parte de una operación de desgaste contra figuras públicas incómodas. El precedente que citan es Julian Assange, acusado en Suecia de delitos sexuales que nunca llegaron a juicio. La máxima que se repite es que cualquier hombre de éxito y antiwoke al que acusan de violación huele a montaje. La teoría no está respaldada por ninguna prueba, pero circula con fuerza en ciertos círculos.
Lo que sí es un hecho es que McGregor había manifestado su intención de presentarse a las elecciones irlandesas con un partido contrario a la inmigración masiva. Si la condena responde a un cálculo político o es simple casualidad es algo que nadie puede demostrar. La sospecha, sin embargo, ya está instalada.
La factura reputacional: escarnio público y familia rota
Más allá de la indemnización, el golpe más duro para McGregor es el escarnio público. Su vida personal ha quedado expuesta, su familia ha sufrido las consecuencias y su imagen de campeón invencible se ha resquebrajado. La comparación con Arnold Schwarzenegger es inevitable: el actor austriaco también vio cómo su matrimonio se desmoronaba tras trascender una infidelidad. La diferencia es que McGregor no tiene una carrera en Hollywood que le sirva de paracaídas.
El caso ha reabierto el debate sobre el consentimiento y la presunción de inocencia. Hay quien recuerda que la ministra de Igualdad ya dejó claro que no se exigirá un notario para certificar el consentimiento previo. La ironía es amarga: si un hombre borracho se arrepiente al día siguiente, ¿basta su palabra para arruinar la vida de otro? La respuesta judicial, en este caso, ha sido contundente.
Al final, la pregunta no es si McGregor pagará los 250.000 euros. La pregunta es si alguien ha salido ganando de todo esto. La demandante, desde luego, cobra. Los abogados, también. McGregor pierde dinero, reputación y familia. Y el resto, mientras tanto, seguimos discutiendo si el precio de un polvo justifica una condena o si la condena justifica el precio.