Ultimísima hora. tema actual. protesta contra ayuso en madrid, no imaginaréis por parte de quién ni la forma de manifestarse.

Batukada contra Ayuso: tambores, residencias y 7.291 muertos​

Un grupo de manifestantes se planta frente a la sede de un medio afín al Gobierno con tambores, pancartas y una cifra coreada: 7.291. El objetivo declarado es recordar a los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. El formato elegido —una batukada, percusión de calle, ritmo festivo— es lo que ha encendido el debate: para unos es una denuncia legítima, para otros una celebración macabra disfrazada de protesta. La protesta se dirige contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra la gestión de su gobierno en la crisis sanitaria. El escenario no es casual: frente a la sede del canal Canal Red, el proyecto audiovisual vinculado a la órbita del Ejecutivo central.

Qué es la batukada y por qué se eligió ese formato​

La batukada es una formación de percusión colectiva, habitualmente asociada a celebraciones populares y a manifestaciones de calle. Su uso para recordar a los muertos de la pandemia ha generado rechazo incluso entre quienes comparten la crítica a la gestión madrileña. Hay quien sostiene que el ritmo festivo banaliza el duelo; otros defienden que la percusión es una forma de hacer ruido político cuando los cauces institucionales no responden. La escena, en cualquier caso, no deja indiferente: los asistentes aparecen sonriendo, y eso es precisamente lo que la oposición mediática ha amplificado.

La cifra que da nombre a la convocatoria, 7.291, se repite como consigna. No se especifica en el material si corresponde a fallecidos en residencias madrileñas, a muertes totales atribuidas a la gestión autonómica o a otra magnitud. Lo que sí queda claro es que el número funciona como símbolo, no como dato verificado en el propio acto.

El argumento de fondo: residencias, competencias y responsabilidades​

El núcleo del conflicto es quién tenía la competencia sobre las residencias de mayores durante los peores meses de la pandemia. La Comunidad de Madrid gestiona las residencias a través de la Consejería correspondiente, mientras que el Ministerio de Sanidad coordina la respuesta estatal. Esa dualidad ha servido para que cada administración señale a la otra. En el caso madrileño, la oposición ha centrado sus ataques en la presidenta Ayuso; desde el otro lado se recuerda que en Cataluña también hubo fallecimientos masivos en residencias y que la Generalitat, entonces presidida por Quim Torra, rechazó inicialmente la intervención del Ejército para desinfectar esos centros.

Ese contraste se usa como contraargumento: si el criterio es la mortalidad en residencias, ninguna comunidad sale bien parada. La diferencia, sostienen algunos análisis, es que unas gestiones han sido judicializadas y otras no. Los tribunales han archivado varias querellas contra la presidenta madrileña, según se recoge en el material, lo que refuerza la tesis de que la vía penal no ha prosperado.

Canal Red, el escenario elegido​

La elección del lugar no es neutra. Canal Red es un medio de comunicación vinculado al espacio político que apoya al Gobierno central. Manifestarse frente a su sede sitúa la protesta en el terreno de la comunicación política: no se trata solo de denunciar una gestión, sino de presionar a un medio concreto para que amplifique el mensaje. Esa dimensión ha sido leída por los críticos como una prueba de que la protesta responde a una agenda partidista y no a una demanda ciudadana espontánea.

La coincidencia temporal con otros asuntos de actualidad —casos judiciales que afectan al Ejecutivo, debates sobre financiación autonómica— alimenta la sospecha de que la convocatoria busca desviar la atención. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero circula con fuerza en los análisis que se hacen eco del acto.

Las víctimas como arma política​

El reproche más repetido no va contra la crítica a Ayuso, sino contra el uso de los muertos como herramienta de confrontación. Hay quien sostiene que a los convocantes les importan poco los fallecidos y mucho el rédito electoral. El argumento se apoya en la idea de que la protesta no propone medidas concretas ni exige responsabilidades judiciales, sino que se limita a corear una cifra y a golpear tambores.

Frente a eso, la defensa de la convocatoria pasa por recordar que la mortalidad en residencias fue un drama real y que la exigencia de responsabilidades políticas es legítima. La discusión, por tanto, no es sobre los hechos —los muertos existieron— sino sobre el formato y la intención. Y ahí no hay acuerdo posible.

Qué se juega la Comunidad de Madrid​

Más allá del acto concreto, el trasfondo es la pugna por el relato de la pandemia. La Comunidad de Madrid es uno de los territorios donde la gestión sanitaria ha sido más cuestionada y, a la vez, donde el gobierno autonómico ha obtenido mejores resultados electorales. Esa aparente contradicción —críticas feroces y mayorías holgadas— es la que desespera a sus adversarios y la que explica la insistencia en volver sobre el tema.

El cálculo político es sencillo: si la gestión de las residencias fuera tan determinante para el voto como sugieren las protestas, Ayuso no habría revalidado su mayoría. Que lo haya hecho indica que el electorado madrileño pondera otros factores. Ese es, probablemente, el dato que descoloca a quienes siguen tocando el tambor.

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Datos clave

• La convocatoria se articula en torno a la cifra 7.291, coreada como consigna.
• El acto se celebra frente a la sede de Canal Red, medio vinculado al espacio político del Gobierno.
• La protesta se dirige contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Se menciona el caso de Quim Torra y el rechazo inicial de la Generalitat a la intervención del Ejército en residencias catalanas.
• Los tribunales habrían archivado varias querellas contra la presidenta madrileña, según el material.