IVA al 33% y sin IRPF: el cálculo que divide a rentas bajas y altas
Un cambio fiscal radical. Sustituir el IRPF por un IVA único del 33% —manteniendo a tipo cero alimentos, agua, primera vivienda y medicinas— es la propuesta que ha encendido el análisis económico en las últimas semanas. La idea parte de una premisa incómoda: el IRPF penaliza al que trabaja y produce, mientras que el consumo lo pagan todos, incluidos quienes operan en la economía sumergida. El resultado, según los cálculos que circulan, sería una recaudación estatal de 132.000 millones de euros frente a los 204.000 millones actuales. Un agujero de 72.000 millones que nadie ha explicado aún cómo se cubriría.
El cálculo que sostiene la propuesta
La aritmética es sencilla.
El IRPF aporta unos 120.000 millones anuales; el IVA, unos 84.000. En total, 204.000 millones. Si se elimina el impuesto sobre la renta y se eleva el IVA del 21% al 33%, la recaudación por consumo ascendería a 132.000 millones. La resta es evidente: faltarían 72.000 millones para cuadrar las cuentas públicas. Quienes defienden la medida argumentan que el Estado tiene margen para recortar gasto —el gasto público crece a un ritmo siete veces superior al de 2019, según los datos que se manejan— y que la reducción del consumo reajustaría los precios a la baja en una segunda oleada.
El impacto por tramos de renta es el punto más discutido. Las rentas bajas destinan prácticamente el 100% de sus ingresos al consumo, por lo que un IVA más alto les golpearía con fuerza. Las rentas medias y altas, en cambio, ahorrarían miles de euros al año al desaparecer el IRPF. El cálculo detallado, partida a partida, arroja diferencias que sorprenden incluso a quienes defienden la propuesta.
¿Quién paga más con un IVA al 33%?
La respuesta depende del nivel de renta. Un asalariado que gane 16.000 euros brutos anuales paga actualmente un 10% de IRPF. Con la reforma, ese pago desaparece, pero su consumo —ropa, electrónica, ocio— se encarece un 12% adicional.
El gasto medio en ropa ronda los 300 euros al año, lo que supone 40 euros más con el nuevo tipo. En términos netos, las rentas bajas apenas notarían la diferencia si se mantiene el IVA cero en productos básicos.
El problema aparece en las rentas medias-altas. Un contribuyente que hoy paga 15.000 euros de IRPF pasaría a pagar cero. Su consumo anual podría encarecerse entre 2.000 y 3.000 euros, pero el ahorro fiscal supera con creces esa cifra. La paradoja es que los más beneficiados serían precisamente aquellos a quienes se supone que la medida pretendía gravar. Hay quien sostiene que este incentivo al ahorro —y no al gasto— generaría menos deuda y menos inflación a largo plazo. El escenario pesimista parte de lo contrario: menos consumo, menos actividad y menos recaudación.
El turismo y la economía sumergida, en el punto de mira
Uno de los argumentos más repetidos es que el IVA grava a quienes no declaran rentas.
Turistas, nómadas digitales y trabajadores en negro pagarían al menos una parte de lo que hoy no aportan. El turismo, sin embargo, es un arma de doble filo. España vive en buena medida del visitante extranjero. Un IVA del 33% encarecería la estancia, la restauración y el ocio. El viajero con capacidad de elección —y hay muchos— optaría por destinos más baratos.
El fin del modelo turístico tal como lo conocemos, advierten algunos análisis. Otros recuerdan que el turista ya paga IVA hoy y que un aumento del 12% no compensa la desaparición del IRPF para el residente.
La economía sumergida es el otro gran argumento. Quien cobra en negro no declara IRPF, pero consume. Si consume, paga IVA. La lógica es impecable sobre el papel. En la práctica, los grandes desembolsos —vivienda, vehículos, reformas— se cierran a menudo en efectivo y sin factura.
El IVA solo captura lo que pasa por el circuito formal.
¿Es viable eliminar el IRPF sin subir otros impuestos?
No con los números sobre la mesa. La recaudación por IRPF duplica prácticamente la del IVA. Sustituir uno por otro exige elevar el tipo mucho más allá del 33% para mantener el mismo nivel de ingresos.
Habría que superar el 50% para igualar la recaudación actual, según los cálculos que se han compartido. Y eso sin contar el efecto disuasorio sobre el consumo: a mayor tipo, menor gasto, menor recaudación. La curva de Laffer, esa vieja conocida, aparece siempre que se sube un impuesto indirecto de golpe.
La alternativa que algunos plantean es recortar el gasto público.
El gasto estatal se ha disparado en los últimos años y una parte significativa se destina a pensiones, sanidad y educación. Recortar ahí es políticamente tóxico. Recortar en subvenciones, asesores y estructura administrativa suena bien en teoría, pero el ahorro real rara vez alcanza las cifras que se prometen.
La propuesta tiene un atractivo innegable: simplifica el sistema, grava el consumo en lugar del trabajo y captura parte de la economía sumergida. También tiene un agujero de 72.000 millones que nadie ha tapado todavía. Entre los que firmarían sin dudar y los que ven una regresión fiscal, hay un dato que descoloca: los más beneficiados serían los que más ganan. Y eso, en un país donde el IRPF es el impuesto que más recauda, es exactamente lo contrario de lo que suele venderse como justicia fiscal.