El desmantelamiento silencioso de lo público en Madrid[SIZE]
En Madrid, la renta media de un piso supera los 1.500 euros. Eso es lo que cobra, según los datos que circulan, un ayudante doctor en la universidad pública. La paradoja es evidente: una región que presume de ser el motor económico de España tiene a sus investigadores al borde del alquiler. Mientras tanto, la sanidad pública se tambalea y las residencias de ancianos siguen sin justicia.
Sanidad: el hospital 12 de Octubre, el ejemplo perfecto
El hospital 12 de Octubre, uno de los mayores de Madrid, está “prácticamente sin personal médico”, según denuncias que se han hecho virales. La estrategia sería dejar caer lo público para justificar su privatización, como se argumenta en el debate. La falta de personal no es casual; es el resultado de una política de recortes que prioriza la subcontratación y las concesiones a empresas privadas como Quirón Salud, que se beneficia de los presupuestos públicos. El caso de las residencias es aún más oscuro: se habla de protocolos que habrían causado gloria y que podrían prescribir en marzo, según la Marea de Residencias, que urge a la Fiscalía a actuar.
El caso judicial: el novio de Ayuso y las filtraciones
La investigación sobre el novio de la presidenta, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales, ha sacado a la luz la compleja red de relaciones entre la justicia y el poder. La filtración de su correo, con más de 500 personas con acceso a la causa, ha llevado al Supremo a ver delito en la publicación del informe de la UCO que implicaba al fiscal general del Estado. El socialista Juan Lobato, que registró su móvil ante notario, se ha convertido en pieza clave en esta lucha por el relato. Mientras tanto, el juez que investiga a la presidenta, el juez Peinado, no ha sido cuestionado por la construcción ilegal de un chalet, según se denuncia.
Universidad pública: el asalto final
En la universidad, la situación es crítica. Un ayudante doctor cobra 1.500 euros, mientras el alquiler medio en Madrid es similar. El resultado es que los investigadores se marchan a otras comunidades o al extranjero. La privatización se presenta como la única salida, pero lo que se esconde es un desmantelamiento planificado. Las universidades privadas florecen, pero no garantizan la misma calidad ni acceso. El propio presidente de la Comunidad, en su día, recibió un premio de la Complutense, que ahora se le cuestiona. La educación pública se convierte en un negocio, como ya se ve en otros países.
El papel de los medios: la manipulación de las encuestas
Los medios afines al gobierno regional no tienen reparos en manipular datos. El caso de las encuestas de Marhuenda, con errores como 103/105 vs 48/50, es un ejemplo de la desinformación. El periodismo se convierte en propaganda al servicio de un relato que intenta ocultar la realidad. La televisión autonómica, TeleAyuso, nunca habla de estos problemas; solo aplaude las medidas de la presidenta.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo los madrileños tolerarán esta deriva?
Los datos apuntan a un preocupante deterioro de los servicios públicos, mientras el poder político y económico se entrelaza. El tiempo corre: la prescripción de los delitos en residencias es inminente, y la universidad pública se vacía. Si algo no cambia, Madrid se convertirá en un ejemplo de cómo el neoliberalismo devora lo que era común. ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar los ciudadanos antes de reaccionar?[/SIZE]