Ceuta, la ciudad del Estrecho que debate su futuro

Ceuta, Gibraltar II: el Estrecho como activo geopolítico​

Ceuta tiene el problema inverso al de casi cualquier territorio: no le falta valor estratégico, le falta quien lo defienda. Enclavada en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar, la ciudad autónoma sostiene un doble pulso: su dependencia económica de España y lo que una parte de la opinión lee como un fallo del Estado a la hora de proteger su integridad territorial. La tesis que recorre el debate es tan radical como simple: si el Estado no cumple, que la propia ciudad negocie por su cuenta con otra potencia un estatus de protectorado o de asociación.

El Estrecho, un activo que no se deja al rival​

El argumento con más recorrido es el geopolítico. El Estrecho no es solo agua: es una posición de control, y las posiciones de control se disputan aunque no haya guerra abierta. El precedente que se invoca es la crisis de los misiles en Cuba, cuando lo decisivo no era la isla sino el punto desde el que se apunta.

Bajo esa lógica, y según sostiene un participante, Estados Unidos ganaría poco en Ceuta, porque ya cuenta con aliados a los dos lados del Estrecho. Rusia ganaría mucho: una base en la zona, próxima a su socio argelino y a tiro de piedra de Gibraltar. La hipótesis de un protectorado ruso en el Estrecho, por improbable que parezca, es la que mejor ilustra hasta qué punto el valor del territorio excede a su población.

El 20% de la ciudad que vive de prestaciones​

En el frente económico, la discusión apunta a un modelo estructuralmente deficitario, que un participante atribuye a la regulación europea a la que está sometida la ciudad. Un cálculo que circula en el debate sitúa en torno al 20% de la población viviendo de prestaciones. Quien defiende la independencia añade que haría falta montar un ejército propio y un ecosistema de empresas capaz de sostener el presupuesto sin las transferencias del Estado.

Los números gruesos de esa simulación —cuánto costaría una defensa propia, cuánto aportaría una fiscalidad diferenciada— no llegan a cerrarse en ningún escenario. Es, precisamente, donde el planteamiento se rompe o se sostiene.

Artículo 155 contra artículo 8: la disputa legal​

La vía para forzar a una ciudad autónoma no es sencilla. Aplicar el artículo 155 exige mayoría absoluta del Senado, y en el debate se recuerda su aplicación en el caso catalán. Al mismo tiempo, el artículo 8 de la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía y defender la integridad territorial. De ahí el reproche que se repite: que ese mandato no se ha ejecutado, y que un Estado que no defiende su territorio pierde autoridad para exigir lealtad.

El caso de Somalilandia circula como referencia incómoda: un territorio que se declara independiente y encuentra a un único Estado dispuesto a reconocerlo. Se cita también Gibraltar, y se recuerda que los aliados extranjeros, a la hora de la verdad, han tratado históricamente a sus socios menores como moneda de cambio.

El dato que descoloca​

Sobre el terreno, la cifra que rompe cualquier análisis es la discrepancia: hay quien sostiene que el Gobierno hablaba de unas 2.000 personas pendientes de salida mientras la cifra contabilizada superaba las 12.000. Con ese margen de error, cualquier debate sobre el futuro de la ciudad empieza con una pregunta incómoda: ¿de qué datos fiarse?