César Goday, ingeniero forestal, detenido por matar a sus padres a golpes con una mancuerna en Madrid
La madrugada del lunes, la Policía Nacional recibió una llamada desesperada desde el número 12 del Paseo de los Húsares, en el distrito madrileño de Latina. «Mi hijo nos quiere matar», dijo el padre, César, de 72 años, antes de que la línea se cortara. Cuando los agentes entraron con un ariete, encontraron a César y a María, de 69, gravemente golpeados en una misma habitación. Solo pudieron confirmar su fallecimiento. El presunto autor es su hijo, César Goday, ingeniero forestal de 36 años, que ya había sido detenido en agosto de 2024 en Fregenal de la Sierra (Badajoz) tras amenazar con un cuchillo a varias personas y atrincherarse durante más de tres horas en la vivienda de sus padres.
Un historial de violencia y un posible brote psicótico
Aquel episodio de 2024 se saldó con cinco imputaciones: homicidio en grado de tentativa, atentado contra la autoridad, daños, amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y amenazas en el ámbito familiar. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Sus padres declararon entonces que no habían permanecido retenidos contra su voluntad, lo que descartó la detención ilegal. Dos años después, el hombre ha vuelto a ser detenido, esta vez como presunto responsable de la muerte violenta de sus progenitores.
Según fuentes policiales, el detenido padece problemas psiquiátricos y había permanecido recientemente ingresado en un centro. En el momento de su detención, se mostró agresivo y amenazó a los policías, que tuvieron que emplear una pistola eléctrica Taser para reducirlo. Salió del inmueble en una silla de ruedas, vestido con una bata y una mascarilla, con los brazos y el torso inmovilizados.
El debate sobre el tratamiento mediático y la etnia
La publicación del nombre completo, la fotografía sin pixelar y los detalles académicos del detenido ha generado un intenso debate. Una corriente de opinión sostiene que este despliegue informativo no se produce cuando el presunto autor pertenece a otros colectivos, y que existe un doble rasero en la cobertura. Se argumenta que, en casos de delincuentes de origen extranjero, los medios suelen limitarse a un escueto «un varón de X años» o «un español», sin aportar la misma profusión de datos. Otra corriente defiende que la relevancia pública del suceso justifica la identificación, y que la profesión de ingeniero forestal no es un factor determinante, a diferencia de lo que ocurriría si el autor fuese policía o guardia civil.
La discusión también ha derivado hacia el papel de los medios y la presunta manipulación. Hay quien señala que la inclusión de la etnia o nacionalidad solo es relevante cuando evidencia un incumplimiento por parte de las autoridades, como en casos de inmigración irregular. Otros, en cambio, consideran que el nombre y la foto responden a un sesgo ideológico que busca criminalizar a un perfil concreto.
La enfermedad mental y el fallo del sistema
El caso ha puesto sobre la mesa la dificultad de tratar a adultos con trastornos psiquiátricos que rechazan la medicación. Se apunta que la sanidad pública no actúa con la diligencia necesaria y que las familias quedan desamparadas. «Es muy difícil obligar a un adulto a tomar la medicación», resume una de las intervenciones. Se menciona que los centros se cerraron en la época de Felipe González y que ahora la atención es insuficiente. La consecuencia, en este caso, ha sido trágica: los padres han muerto y el hijo afronta ahora un proceso penal.
La reflexión sobre la reinserción también ha aparecido. Algunos sostienen que la sociedad carga con los costes de no tratar adecuadamente estas patologías, y que la prisión no es la solución. Otros recuerdan que ya existían antecedentes y que el sistema falló al no evitar el desenlace.
Reacciones y teorías conspirativas
Entre las reacciones más repetidas, la sorpresa por el perfil del detenido: un ingeniero forestal, con estudios superiores, que tardó nueve años en sacarse la carrera. Se ha especulado con adicciones y con un posible brote psicótico. También han surgido teorías conspirativas que vinculan el crimen con denuncias sobre incendios forestales, aunque no hay ningún dato que las respalde.
El suceso ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y la salud mental. Los padres, que ya habían sido víctimas de amenazas, han acabado asesinados. El hijo, que había estado ingresado, queda ahora a disposición judicial. La pregunta que sobrevuela es cuántos casos similares se están gestando sin que el sistema intervenga a tiempo.