"Caos" y "pánico total" por la nueva tasa de cochambres que tendrán que cobrar los ayuntamientos

La tasa de basuras obligatoria dispara la recaudación un 50%​

Los ayuntamientos españoles van a cobrar la basura sí o sí, y la factura sube. La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en abril de 2022, obliga por vez primera en la historia en materia de tasas a todos los municipios de España a establecer una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que refleje el coste real de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. El plazo marcado en el BOE: tres años. Es decir, obligatoria ya en 2025, aunque muchos consistorios se han adelantado.

Hasta ahora los ayuntamientos podían bonificarla o eliminarla. Con la nueva norma, se acabó: la tasa deja de ser opcional y quien la pague será, como siempre, el vecino. Los inspectores de hacienda local avisan de que el desarrollo técnico va a ser un campo de minas.

¿Qué cambia con la nueva tasa de basuras?​

El artículo 11 del texto legal detalla que la tasa debe permitir sistemas de pago por generación y reflejar el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento. Dentro del cálculo entran la vigilancia de esas operaciones, el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos y las campañas de concienciación y comunicación. Y se descuentan los ingresos por responsabilidad ampliada del productor, la venta de materiales y la de energía.

Traducido: el recibo no puede quedarse corto. La figura deja de ser un gesto de buena voluntad municipal para convertirse en una obligación con el coste real como suelo.

Por qué los ayuntamientos hablan de caos y pánico​

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha dado la voz de alarma. Entre los consistorios reina el «caos» por las múltiples dificultades técnicas, y el «pánico total» porque la norma les obliga a hacer cálculos que no saben cómo abordar: estimar los residuos que genera su población, entre otros. Nadie sabe de dónde salen los números, vienen a decir.

El inspector Juan Ignacio Gomar vaticina que, si el desarrollo sale mal, la tasa acabará anulada como ya pasó con la plusvalía, y que obligar a un ayuntamiento a devolver dinero cobrado de más supone un roto en caja imposible de asumir. El escenario que dibuja tiene nombre: litigiosidad.

De 2.079 a 3.700 millones de euros​

Los números mandan. Según el informe «Las tasas de residuos en España en 2022» de la Fundación ENT, la suma de ingresos por tasa de residuos en 2021 fue de 2.079 millones de euros, con una recaudación de 61,15 euros per cápita. El 73,1% de esos ingresos corresponde a recogida y el 26,9%, a tratamiento.

La Fundación para la Economía Circular proyecta que con la nueva norma los ayuntamientos pasarán de ingresar 3.000 millones al arrancar a 3.700 millones en 2035. Ese salto equivale a un 50% más de recaudación y convertiría la tasa de basuras en la segunda figura por la que más recaudan los consistorios, solo por detrás del IBI. En algunos municipios ya se habla de unos 320 euros anuales para un chalet con parcela, y de 11 euros al mes como referencia barata. El desglose de cómo se reparte ese coste por vivienda, con los importes que ya circulan en los pueblos adelantados, es lo que convierte el asunto en algo más que una subida.

El impuesto al plástico ya recauda por encima de lo previsto​

La misma ley trajo el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Hacienda había ingresado 402 millones hasta agosto, de modo que a cierre de año los 491 millones presupuestados quedan a tiro. El éxito recaudador contrasta con el coste que arrastra para alimentación, bebidas y cosmética, que lo acabarán repercutiendo al cliente final.

Puerta a puerta, tarjetas y multas de 200 euros​

Algunos ayuntamientos ya ensayan el modelo. En Pamplona y otros municipios se prueba la recogida puerta a puerta o con contenedores inteligentes: cada vecino tiene una tarjeta para abrir el cubo y queda registrado cuántas veces lo hace. Hay localidades que limitan los accesos a 20 al año y vigilan los contenedores con cámaras; dejar la bolsa fuera se castiga con 200 euros de multa.

El goteo de efectos colaterales no se queda ahí. Hay quien reconoce que se «equivoca» al clasificar para despistar al camión, y quien se ha quedado sin cubo porque se lo han robado o destrozado en pueblos de mil habitantes.

Reciclar menos y no pagar: la reacción del pagano​

La respuesta de una parte del personal es de guerra sucia: dejar de separar residuos, tirar muebles donde se pueda o no domiciliar la tasa. El argumento de fondo es que ya se paga la basura y que el servicio no mejora, mientras el precio del carro de la compra tampoco espera: una hamburguesa que costaba 1 euro se vende ahora a 1,45.

Hay quien sostiene que el problema no es la tasa en sí, sino su solapamiento con impuestos que ya financian lo mismo, y quien defiende que separar basura a mano para que otro cobre por reciclarla es trabajo gratis. La comparación con Ecoembes, el monopolio que gestiona los envases, aparece una y otra vez.

Con la ley en la mano, todo apunta a que en 2025 ninguna casa española se librará del recibo. Lo que todavía no puede preverse es si la tasa llegará bien calculada o acabará en los tribunales como la plusvalía. Lo probable es que el recibo llegue; que llegue bien puesto, ya es otra cosa.